En una concurrida conferencia de prensa, el defensor general Gabriel Ganón sentó posición sobre el pedido de destitución impulsado por el senador Lisandro Enrico, que se tramita en la Legislatura.
“Nosotros no vinimos a ejercer esta función para callarnos la boca, aunque no callarnos la boca nos cueste nuestro trabajo”, dijo Gabriel Ganón, el defensor general de la provincia, al finalizar su conferencia de prensa, que se había iniciado con una lectura de más de diez minutos de los diferentes organismos y personas que se presentaban como amigos o adherentes. Del Centro de Estudios Legales y Sociales a La Antirrepresiva, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos al Foro Santa Fe contra la Trata, decenas de abogados, concejales, diputados, jueces, sindicatos y organizaciones sociales: el arco del movimiento de Derechos Humanos y de quienes ven con buenos ojos aquel Acuerdo por una Seguridad Democrática que se lanzara en 2009, estaba presente ayer en el local de ATE Santa Fe para apoyar a Ganón, que enfrenta su tercer pedido de destitución en la Legislatura.
Junto a él, en el local de calle de San Luis, estaban sentados Lucila Puyol, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Jorge Hoffmann, titular de ATE, el defensor regional de la primera circunscripción Sebastián Amadeo y el titular de de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font. Una centena de personas se sumaban, entre ellas dirigentes gremiales y el pleno de los trabajadores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, quienes tomaron posición propia sobre el pedido de destitución: “es un intento de disciplinamiento no sólo de este funcionario, sino de todos sus dependientes, y de quien asuma este cargo en un futuro”.
Entre tanto traje, también estaban algunas de las personas que se acercaron a la Defensa en busca de defensa o asesoramiento, como los padres del Pablo Contreras o de Natalia Acosta, “desaparecida en una red de trata de la provincia de Santa Fe, en la que también estaba involucrado el sector político al que pertenece el senador Enrico. Nosotros denunciamos esto, poco después lo denunció la prensa, y el senador Enrico no está preocupado por el que era dueño de ese prostíbulo que funcionó hasta hace 15 días en el centro de Santa Fe, que es quien hoy es el Juez Penal de Cámara de la ciudad de Santa Fe Oscar Burtnik. No está pidiendo la destitución de ese juez. No está preocupado por ese juez como tampoco está preocupado porque se investigue y sancione al juez Juan Carlos Felipe Viena, que fue fotografiado de vacaciones con un narcotraficante de la ciudad de Rosario y que manejaba una motocicleta de alta cilindrada de ese mismo narcotraficante”.
Acusación y defensa
Son nueves las razones que esgrime el senador radical Lisandro Enrico para pedir la destitución de Ganón: actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales; parcialidad política incompatible; privación del derecho de defensa a los agentes policiales; manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias; dictado de instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal; intervención procesal indebida; actuación procesal indebida en una causa de justicia de menores; designación irregular del abogado Enrique Font; uso indebido del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función. “Por funcionarios como Ganón la calle está llena de delincuentes”, es la sentencia de Enrico en un comunicado público. El pedido de destitución cuenta con las rúbricas de los diputados Oscar Pieroni (Frente Progresista) y Norberto Nicotra (PRO).
Las causas que argumenta Enrico no son nuevas: ya las había presentado en otro pedido de destitución, el segundo de tres, en 2014. Aquel intento fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La potencial destitución tiene que ser tratada, primero, por la Comisión Bicameral de Acuerdos. De dársele cabida, Ganón deberá elaborar su defensa y exponerla ante la Comisión. Finalmente, si los legisladores así lo disponen, el tratamiento final de la destitución se tendría que dar con el pleno de las cámaras, donde se requiere la mitad más uno de los votos para que se efectúe la remoción.
Ganón asumió su cargo el 21 de febrero de 2011 con mandato por seis años. En febrero de 2017 cesaría su gestión, pero la avanzada de Enrico cuenta con avales como para, al menos, tener éxito en la Comisión. Conformada por cuatro senadores y ocho diputados, la Comisión tenía que sesionar el miércoles 7, pero no hubo quorum.
Uno de los integrantes de esta Comisión es el diputado provincial Leandro Busatto (Frente para la Victoria), que estaba presente en la conferencia de prensa: “El radicalismo en su conjunto, prácticamente en bloque, tiene la postura de impulsar la destitución de Ganón. Nosotros creemos que hay que trabajar sobre la conciencia de los legisladores, para defender una institución que está trabajando con autonomía del poder político y está tratando de llevar una visión distinta a la Justicia”. Y luego reflexionó “La democracia y el poder político, se llame justicialismo, radicalismo, socialismo o PRO, debe darse una discusión sobre cómo va a ser su relación y cómo va a convivir con la tensiones propias del Poder Judicial. Hasta aquí, para todos los partidos siempre el punto fue más cómo pactar con sectores de la corporación judicial que enfrentarlos y cambiarlos en favor de la justicia y de la gente”.
Por su parte, Ganón encuentra que la ofensiva en su contra tiene, como motivos principales, encontrar un chivo expiatorio respecto de la crisis de seguridad que se vive en la provincia y, al mismo tiempo, correr los cuestionamientos que efectúa sobre el trabajo de policías, jueces y fiscales, sobre los cuales no ahorró críticas:
- “Lo que se quiere tapar es la basura que hay adentro de los Tribunales, la forma de administrar justicia que tiene el partido judicial de la provincia de Santa Fe”
- “Cada vez que esta Defensa Pública pone el dedo en la llaga en alguna gravísima violación a los Derechos Humanos o se presenta ante los organismos internacionales, porque las puertas de Justicia parecen cerrarse a los vulnerables, aparecen estos nuevos pedidos de destitución”
- “Apareció en 2012 cuando denunciamos torturas en la localidad de Florencia”
- “En 2014, cuando pusimos en claro hechos gravísimos cometidos por la Policía en Rosario y Santa Fe, y cuando dijimos que se cometía un gravísimo error en poner en funciones al comisario Hugo Tognoli, porque estaba involucrado con la barra brava de Newell’s y bridaba protección a narcotraficantes”
- “Ahora, que acabamos de presentar un grave informe ante el Comité de Derechos Humanos y que fuimos notificados de una sentencia que dictó el Comité de Desapariciones Forzosas de ONU contra el Estado argentino y la provincia de Santa Fe por la desaparición y la muerte de un joven en la localidad de Coronda, aparece este nuevo pedido de destitución”.
- “De cada 10 homicidios que se cometen se castigan solamente dos. Esto viene ocurriendo desde el año 2008. De esto no está preocupado el senador Enrico, de pedirle rendición de cuentas a los fiscales, que no capaces de castigar ni siquiera los homicidios”.
- “Tan grotesca es esta defensa a ultranza de esta pésima Policía de la provincia de Santa Fe que ni siquiera se pueden poner de acuerdo con el gobierno nacional para poner en marcha un plan de seguridad en la provincia. Ni siquiera el gobierno nacional confía en la Policía de la provincia de Santa Fe. Nosotros sabemos quién es esa Policía. Esa Policía ha desaparecido tres jóvenes en la provincia, desde 2008 hasta ahora. Sin embargo, las autoridades políticas y judiciales decían que esos jóvenes se habían ido a tirarse al río, por la noche”.
Querellar para defender
Una de las acciones que más irrita a los detractores de Ganón es que el Servicio Público de la Defensa Penal actúe como querellante, patrocinante o brindando asesoría en casos de violencia institucional. Más directamente: que la defensa se vuelva acusadora en casos de abuso policial, además de llevar registros de las denuncias, formalizadas o no, de esos casos. Al respecto, Ganón señaló que el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y las defensorías de Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Entre Ríos actúan en igual sentido. “La fiscalía, lamentablemente, en mayor parte está colonizada por la Policía y no quiere tener tensiones con la corporación. Pero bueno, deberían, porque están obligados a perseguir los delitos de tortura, los delitos de apremios ilegales. De eso no se quiere hablar. Hace mucho tiempo decimos que las víctimas tienen que tener acceso a la Justicia y que quien debe llevar adelante esas causas es la Defensa Pública. Uno de los motivos que presenta el senador Enrico para perseguirnos es que nosotros querramos insertarnos en ese rol”.
Lucila Puyol dio cuenta del alcance de la postura tomada por la Defensa “Hace algunos años, cada vez que una persona de sectores populares necesitaba abogado, nosotros, los abogados de los organismos de Derechos Humanos y otros jóvenes abogados teníamos que andar corriendo de un lugar a otro. Desde que está la Defensoría Pública podemos decir con confianza que acudan a sus abogados, porque realmente van a defender los derechos de los más vulnerables”. Por su parte, Sebastián Amadeo evaluó los cambios en la institución: “La anterior era una defensa absolutamente formal, burocrática, en la que solo se cumplían ritos por cumplirlos, concebida como auxiliar de la Justicia y no sujeta al interés del imputado, no comprometida con la protección del derecho internacional y de los Derechos Humanos. Los cambios que se han hecho en tan poco tiempo son muy significativos. Hemos comprendido que no somos oficiales de la Justicia sino que estamos sujetos al interés del mismo defendido, dentro de los límites el ordenamiento jurídico”. El crimólogo Enrique Font redondeó los conceptos con una síntesis: “Molesta la Defensa Pública porque hoy es el único organismo estatal público que tiene cierta independencia, autonomía y compromiso con los Derechos Humanos”.
