En la provincia funcionan alrededor de 200 agencias de seguridad privada en las que trabajan unas 8.000 personas. La actividad aún no está regulada por ley. Para solucionar ese vacío legal, la Cámara de Diputados le dio media sanción el pasado 18 de mayo a un proyecto de Alicia Gutiérrez que establece regulaciones y sanciones para las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos.
La iniciativa de la diputada oficialista abarca servicios de investigación, custodia y seguridad en la provincia. Es la quinta vez que la diputada presenta el proyecto (la primera fue en 2008), esta vez se logró un consenso entre los distintos bloques.
Entre las reglamentaciones se establece que ninguna agencia de seguridad puede contratar a policías en actividad ni a militares. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. “También dispone una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal”, explicó la autora del proyecto.
