El gobierno provincial formalizó el 18 de octubre la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la devolución de la deuda acumulada entre 2006 y 2015 por descuentos irregulares sobre la coparticipación federal. La estrategia inicial era lograr un acuerdo político con el gobierno nacional, pero pasados casi dos años del primer fallo de la Corte –que ordena el fin de los decuentos y la devolución de la deuda– la administración de Miguel Lifschitz dio por cerrada esa vía y le exigió a la Corte que tome cartas en el asunto.
La provincia hizo una presentación judicial ante la Corte en la que exige el cumplimento de la segunda parte del fallo de noviembre de 2015, que responde al planteo realizado por Hermes Binner en 2009. La deuda acumulada en casi diez años es de 23 mil millones de pesos, a valores históricos, pero la provincia reclama más de 50 mil millones por actualización e intereses.
La falta de avances en la negociación ante ambos gobiernos y la decisión de la Nación de no incluir partidas en el presupuesto 2018 para saldar la deuda con Santa Fe fueron los motivos que decidieron al gobernador Miguel Lifschitz a activar la vía judicial. La única “propuesta” del gobierno de Mauricio Macri fue saldar la deuda a través del financiamiento de obras públicas, pero nunca hubo un plan concreto sobre cómo se iba a instrumentar esa solución, que de todos modos no convence al gobierno santafesino.
La primera propuesta formal que hizo la provincia, en julio, consistía en la devolución del 30% de la deuda –15 mil millones de pesos– en efectivo en 24 cuotas mensuales durante 2018 y 2019 y el 70% restante –35 mil millones– en títulos públicos del Estado nacional, con vencimiento en el mediano y largo plazo. El plan fue enviado a la Nación, que no lo tuvo en cuenta. El ministro del Interior Rogelio Frigerio contraofertó devolver la deuda en obras, una salida que tampoco aceptó la provincia.
Clausuradas las negociaciones en ese punto, el fiscal de Estado Pablo Saccone presentó ante la Corte Suprema un escrito en el que fundamenta los criterios de actualización que se tuvieron en cuenta para calcular el monto de la deuda. El plan diseñado en julio actualizaba la deuda en 49.840 millones de pesos. Pasados tres meses, la provincia volvió a actualizar el monto en $51.280.849.043,09.