“Le dije al gobernador Uribarri que parara a los camioneros porque en las camionetas lo más chico que teníamos era un cuchillo para carnear asado”. “Estábamos preparados para resistir: había escopetas, carabinas, de todo. Los camioneros no se movieron por eso. Les íbamos a hacer la pata ancha”. “Hasta diez o doce motosierras habían llevado por si venían más pesados. No íbamos a avanzar. Nos íbamos a defender”.
Petiso, pícaro, brutal y desdentado. Alfredo De Angeli era el arquetipo de un sujeto que nació a mediados de los 90. La propaganda le puso de nombre “el pequeño productor”, en la calle se lo llamaba “el campo”.
El 11 de marzo de 2008 se inició la crisis institucional más dura del orden democrático reciente con el lock out agropecuario que se extendió hasta el 17 de julio de 2008. Se puede recordar a Aldo Rico, a La Tablada o a Seineldín: en todos los casos estos alzamientos armados y su mayor saldo de muertes se situaban por fuera del sistema político, por derecha o por izquierda lo tomaban por asalto. El conflicto por el reparto de la renta agraria planteó otro tipo de cuestionamiento: el de los límites constitutivos de la definición de orden y democracia, sus bordes y cómo se roza la sedición, la naturaleza de la representación parlamentaria, el corporativismo, la definición de ciudadanía.
El gobierno de entonces –que ya era definido por la propaganda como autoritario– sólo ejerció una práctica represiva abierta (torpe e ineficaz) en el desalojo de la ruta 14 a Gualeguaychú, con televisación en vivo de la resistencia de De Ángeli y sus chacareros, el 14 de junio. Fueron llevados en andas por una dotación de Gendarmería que no escopeteó ni tiró gas alguno, a las pocas horas ya habían sido liberados todos. Hubo también incidentes paraestatales: una trompada de Luis D’Elía y empellones de los hombres de Guillermo Moreno en plazas de Capital Federal, paradas amenazantes de camioneros movilizados por Hugo Moyano en la ruta. También, numerosos excesos verbales en un clima irritado. Pero no mucho más.
El lock out agropecuario, por su parte, fue un piquete que se extendió en las rutas principales de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Pampa, principalmente, durante más de 100 días, con desabastecimiento de alimentos (y la primera escalada inflacionaria fuerte desde 2002), hombres armados en la ruta, apoyo en bloque del grueso de los medios de comunicación, que iniciaron el decadente camino del periodismo de guerra, ataques físicos públicos y amenazas sin disimulo a figuras de diversas fuerzas políticas, en diferentes niveles, un incendio que sumió a Buenos Aires en casi una semana de humo. Un muerto.
Lento de reflejos, el gobierno tardó en enviar al Congreso el tratamiento de la resolución 125. Durante el debate, esa resolución se modificó punto por punto ajustándose a los pedidos de la Mesa de Enlace. Después de ser aprobada en Diputados, la violencia en la protesta de los chacareros continuó. Y fue fundamental para que se lograra el voto no positivo del vicepresidente de la Nación: la Mesa de Enlace no dejaba de repetir en todo momento que si el resultado no se ajustaba a sus deseos la protesta iba a continuar, pese a que la 125 que se votó en el Senado no tenía absolutamente nada que ver con la 125 que el ya renunciado ministro de Economía Martín Losteau había pergeñado en marzo.
Lo dijo el más peludo de sus machos, Mario Llambías, líder de las Confederaciones Rurales Argentinas: “una cosa son los votos y otra cosa es la solución del conflicto”. Lo dijo el coqueto Luciano Miguens, de la Sociedad Rural: “ganemos o perdamos mañana, esta medida no va a poder continuar”.
Un acto de continuo de violencia civil no es sedición si vence sobre las formas republicanas del orden democrático existente. Una imposición corporativa armada sobre la representación formal de los ciudadanos –amenazar a un diputado– deja de ser una apretada si los representantes ceden en nombre de la paz. Es decir, si son derrotados no en sus convicciones, sino en el ejercicio de la naturaleza misma de su función. Una sedición corporativa violenta si es victoriosa se llama gesta nacional, acaso patriada. Vale repasar cómo los medios gubernamentales recuerdan lo sucedido.
La línea que separa qué fuerzas pueden alzarse de ese modo, o no, la expresó el cerebro del conflicto, apenas empezó. El 21 de marzo, en radio Mitre, Hugo Biolcati, vicepresidente de La Rural, explicó la legitimidad de la protesta con una indicación: hay que “mirar el color de la piel de los que están haciendo” los piquetes.
Por el poder
El lock out patronal agrario puso en tela de juicio las variables principales de la economía y desnudó cuáles eran las fuerzas políticas reales y hasta dónde pueden operar. El campo se definió a partir de su propiedad –eso fue la Mesa de Enlace– y de la actividad cerealera. Todo lo demás –el tambo santafesino, el productor de manzanas de Río Negro, el criador de chivos– y todos los demás –el peón casa adentro y su hijo banderillero del avión mosquito– quedó afuera o para después, en furgón de cola. El triunfo del campo no fue frenar la 125, sino demoler las condiciones de la discusión: el campo son los gestores de la producción transgénica de alimentos y debe hacerse lo que ellos quieran y su fuerza corporativa de demanda es superior a cualquier orden institucional porque el campo –sus propietarios– son el corazón institucional del orden.
Los ruralistas pueden hacer cosas que los sindicalistas no pueden. El avance del Estado sobre los mercados tiene un límite: la renta agraria y su sujeto. Qué novedad. De ahí que la primera medida de la era Cambiemos fue convertir en ley ese triunfo, quitar las retenciones, dándole formalidad a ese salto al siglo XIX con tecnología transgénica y Round Up para todo el mundo. Cambiemos rinde total tributo a los verdaderos campeones de su triunfo, la entrega del Ministerio de Agroindustria a dos hombres de la Mesa de Enlace, Ricardo Buryaile primero y el presidente de la mismísima Sociedad Rural Luis Etchevehere después, demuestra que el Estado no tiene una política agraria sino que la renta agraria tiene mando sobre el Estado. Buryaile, como vicepresidente de Confederaciones Rurales, lo expresó con más transparencia hace 10 años: “si los legisladores ratifican las retenciones hay que disolver el Congreso”.
Fue un punto de quiebre. Y ese quiebre fue a todo o nada, porque estaba en juego mucho más que el dinero. De hecho, no era eso lo que se discutía. El patético dirigente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, lo reconoció tres días después de la votación del Senado: “El más chico está peor que hace una semana”.
A todo o nada
Despejando los piquetes y los interminables tractorazos, la protesta rural franqueó límites constitutivos. Ose imaginar a un sindicato haciendo lo mismo y luego ríase. Estas son apenas unas muestras:
• En inmediaciones de San Genaro, Santa Fe, a fines de junio de 2008, un micro de Flecha Bus tuvo que tomar una ruta alternativa por un bloqueo. El colectivo iba a Tucumán, volcó en el intento de eludir el piquete. Los 35 pasajeros del transporte fueron asistidos por 15 ambulancias, dos ambulancias que llevaban a cuatro personas a un sanatorio privado de San Genaro fueron interceptadas por ruralistas que arrojaron sobre el asfalto una rastra y que con distintos elementos rompieron sus vidrios.
• A mediados de abril, en la zona de islas de Las Lechiguanas, al sur de Entre Ríos, se inicia un excepcional incendio forestal de proporciones nunca igualadas. El humo recorre cientos de kilómetros y llega espeso hasta la Capital Federal e, incluso, el Uruguay, durante varios días. Se suspende el tránsito por la autopista que lleva a Rosario durante dos días.
Con el debate en el Congreso, se suceden los diálogos republicanos con los representantes del pueblo
• El presidente de la comisión de Agricultura en Diputados, Alberto Cantero, descansaba en su casa de Río Cuarto, Córdoba, cuando desconocidos arrojaron pintura blanca sobre la fachada de la vivienda. Días antes, su esposa Mabel recibió un llamada en la que aleccionaban a su marido a votar contra la 125: “si no lo hace, le va a pasar algo a él o a su familia”.
• El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, recibe huevazos apenas comenzado el conflicto. Lo mismo sufre el diputado Agustín Rossi, el senador provincial Carlos Mosse, y los intendentes de Trenque Lauquen, Bragado, Capitán Sarmiento, Gualeguaychú, entre otros.
• Puntualmente, Rossi cobró varias veces, incluso mucho después de la 125, cuando tuvo que salir corriendo de Laguna Paiva. Sólo como muestra, en su casa de Fisherton, fue escrachado durante el conflicto por cien personas comandadas por el presidente y el vice de la Sociedad Rural de Rosario, Jorge Ugolini y Miguel Calvo.
• Uno de los votos cruciales para que se dé el empate en el Senado fue el del santiagueño Emilio Rached, un radical K. Es que sus vecinos de la localidad de Pinto se acercaron a escrachar la casa de su madre, Fanny Simón de Rached. Cuando conoció el incidente, el senador se retiró del recinto y luego volvió, con su voto negativo decidido.
• No era algo que se negara. A fines de junio, Eduardo Buzzi advirtió sarcásticamente que “Este fin de semana vamos a visitar a los legisladores a sus casas. Queremos tener con ellos una discusión fraternal y democrática”. Poco antes, el entrerriano Alfredo De Ángeli había sido más directo: “Nuestros legisladores votarán por sus pueblos y si desconocen sus orígenes, los hombres del campo les enseñaremos a legislar”.
• También cobraban los chiquitos. Por ejemplo, el concejal Gustavo Traverso de Junín, que en mayo denunció un ataque en su domicilio particular que incluyó huevazos y piedrazos por parte de los ruralistas. O el titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, que en Gualeguaychú fue rescatado de un piquete por la propia Gendarmería: primero lo insultaron, luego le arrojaron agua y terminaron golpeándolo.
• Otra vez huevos y cascotes, esta vez con choclos, recibieron los diputados tucumanos Alfredo Dato y Gerónimo Vargas Aignasse en sus viviendas, en julio.
• También en julio el dirigente Edgardo de Petri aguantó un escrache en el comedor Quorum, en las proximidades del Congreso. Hubo puteadas y golpes.
La lista podría extenderse mucho más, los casos fueron innumerables y los registros carecen de sistematización por una razón: en ese momento estaba firme la decisión de no judicializar esos hechos. No hubo denuncias.
Los casos más desaforados fueron recopilados por Fernando Krakowiak, la lectura detallada merece atención. Los ruralistas frenaron dos veces, con agresiones en ambos casos, a un automóvil que llevaba a una embarazada en pleno trabajo de parto. Los ruralistas en demasiadas oportunidades golpearon a los conductores trabados por los piquetes. Los ruralistas balearon camiones de hacienda, transportes de mercancías, hasta colectivos.
Los ruralistas impidieron dos veces el paso de una ambulancia que llevaba a Natalio Porta, un cordobés de 64 años en plena crisis cardíaca. Porta tuvo que recorrer casi 150 kilómetros de más –fueron dos los cortes que tuvo que evitar– para llegar a un hospital. Un patrullero fue a buscar la ambulancia al último corte.
Porta murió en el hospital de Villa María.
Fue un 24 de marzo.
