El proyecto propone representación igualitaria en los tres poderes del Estado y los partidos políticos.
El movimiento de mujeres de la provincia de Santa Fe quiere avanzar de la actual ley de cupo a un esquema de paridad 50-50 para lograr representación igualitaria en los tres poderes del Estado y también al interior de los partidos políticos.
Con ese objetivo, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción el jueves 24 a la ley de paridad que establece la conformación igualitaria entre mujeres y varones de las listas de diputados y senadores provinciales, concejales, comisiones comunales, convencionales constituyentes y autoridades de los partidos políticos.
También se establece la paridad para los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado provincial, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta.
El proyecto determina además que durante el proceso de selección de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo, el gobernador deberá considerar de manera equitativa la postulación de varones y mujeres para la cobertura de cargos vacantes.
A diferencia de la primera media sanción, de 2016, esta vez la votación en la Cámara de Diputados fue por unanimidad (en aquella ocasión se abstuvieron los representantes del PRO y de la UCR-Cambiemos). Ahora el proyecto fue girado al Senado, donde también hay una iniciativa similar, ingresada por los integrantes del bloque del PJ, que establece criterios de paridad para los mismos cargos y también para los colegios y las asociaciones de profesionales.
La ley de paridad establece que en las listas concejales, comisiones comunales y convencionales constituyentes), los partidos políticos deberán cumplir con el mecanismo de alternancia entre géneros “garantizándose que dos personas del mismo género no puedan integrar en forma consecutiva una misma dupla dentro de la nómina”.
En el caso de la elección de senadores provinciales, cuyas listas se conforman con un solo candidato titular y un suplente, el proyecto determina que deberá haber una mujer y un varón ocupando cada uno de los lugares y que no podrán ser los dos del mismo género.
El proyecto también avanza sobre la paridad dentro del Poder Ejecutivo. Para ello, se modifica la ley orgánica de ministerios: “El Poder Ejecutivo garantizará la participación equitativa entre géneros en la cobertura de todos los cargos de ministros y secretarios de Estado”.
Ese último punto no es caprichoso: de acuerdo a un estudio de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia, la participación femenina en el Poder Ejecutivo es del 27%, en el gabinete del 36%, en la Cámara de Diputados del 36%, en el Senado apenas del 5% (una senadora y 18 senadores) y en la Corte Suprema de la provincia del 17% (una mujer y cinco varones).
El Senado cajoneó los dos primeros intentos en 2016 y 2017. La primera vez, por cuestiones técnicas: argumentaron que era imposible aplicar la paridad en las propias listas de senadores. La segunda, para no mezclar el debate con la campaña para las elecciones intermedias.
En marzo de este año, el bloque del PJ, que tiene mayoría en la Cámara alta, presentó su propio proyecto de paridad con alcances más amplios que el del Poder Ejecutivo y las otras cinco iniciativas ingresadas por los distintos bloques de diputados.
El proyecto de los senadores justicialistas establece la representación igualitaria en la composición de los tres poderes del Estado, en los partidos políticos y también en las asociaciones y colegios de profesionales. Según el proyecto, se deberá aplicar el criterio de paridad de género en la categoría de gobernador y vice (algo que no establece la iniciativa que ya tiene media sanción), en las listas de precandidatos a diputados provinciales, concejales, comisiones comunales, senadores provinciales (si el titular es varón, la suplente deberá ser mujer y viceversa), convencionales constituyentes y también en la designación de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo.
Además, la iniciativa propone paridad para la composición del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de funcionarios del Poder Judicial que requieran acuerdo de la Asamblea Legislativa, los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, las autoridades de los partidos políticos y los colegios de profesionales.
