El gobierno uruguayo adelantó algunos de los avances conseguidos gracias a la regulación de cannabis, que en un año y medio hizo más contra el narcotráfico que cualquiera de sus fuerzas armadas.
El prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, anunció un nuevo llamado a empresas para producir y distribuir cannabis psicoactivo no medicinal que se vende en farmacias. Hasta ahora, son solo dos las empresas las que tienen licencia para operar con dos toneladas por año cada una, el 100% corresponden a flores secas y empacadas en las condiciones preestablecidas.
Asimismo, Roballo recordó algunas de las razones por las que se impulsó la Ley de regulación del cannabis, que tienen estrecha relación con “temas de salud, reducción de daños a partir del control de la sustancia, canales de acceso con advertencias, prevención y combate al narcotráfico”.
Al momento, 11 empresas producen mil hectáreas de cáñamo para uso industrial, lo que corresponde a la primera forma de regulación cannábica. Otro de los aspectos tiene que ver con el cannabis para uso medicinal: “hay dos licencias para industrialización de yerba, cremas y aceites, otras dos para uso medicinal psicoactivo y seis para proyectos de investigación científica”.
El autocultivo, los clubes de membresía y el expendio en farmacias son formas de acceso que se detallan en la ley en tercer lugar. Gracias a esta normativa, el mercado formal le arrebató al narcotráfico 10 millones de dólares: “se trata de dinero del mercado regulado, que se evita que llegue al narcotráfico y, por tanto, financie actividades delictivas, unido a acciones de desmantelamiento de grupos delictivos asociados a las actividades del narcotráfico”.
Con un tono de satisfacción, Roballo detalló que las personas inscriptas para hacerse de su encargue de cannabis son 41 mil, “31.000 de las cuales se anotaron para recibirlo en farmacias, y hay 55.000 usuarios frecuentes, más los no frecuentes”.
