El gobierno logró imponer acuerdos por un 28% para 2019 cuando se espera que los precios suban al menos un 40 por ciento. Vuelven las cláusulas gatillo.

El miércoles pasado, en medio del paro general convocado por la CGT, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, salió al cruce de la medida. Filoso, remarcó que “estamos avanzando con los sectores en tema paritarias y hoy están haciendo paro”.

En esa línea, puso de manifiesto el carácter contradictorio de la actitud de los popes sindicales que, días antes de la medida de fuerza más contundente desde que gobierna Cambiemos, se avinieron a firmar acuerdos paritarios por un 28% y sin cláusulas de actualización automática.

Así lo había hecho Carlos Acuña, secretario general de la CGT y titular del sindicato que agrupa a los trabajadores de estaciones de servicio, cuando en abril aceptó un incremento del 28 por ciento. Lo mismo hizo el titular del sindicato de los empleados públicos nacionales y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, que aceptó ese mismo techo. Similar camino  recorrieron gremios como la carne, gastronómicos y metalúrgicos. En el caso de los últimos dos se incluyeron cláusulas de recomposición por lo perdido en 2018 de un 15% para el primero y de un 8% para el segundo. Antes habían suscripto acuerdos entre un 20% y un 25% Utedyc (entidades deportivas y civiles), Seguros, Suterh (porteros), aceiteros, remiseros y el tabaco.

Con ese argumento, Sica puso en duda las intenciones de los dirigentes de la CGT: “Muchos sindicalistas están pensando en la carrera electoral. Están usando este paro como una plataforma política, y utilizan a los trabajadores como rehenes”.

Más allá del intento del funcionario por deslegitimar la medida de fuerza, lo cierto es que las paritarias firmadas en el último período no han incluido cláusulas gatillo, sino apenas compromisos de revisión que, de no plasmarse, podrían dejar los salarios unos 12 puntos detrás de la inflación que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA pronostica en un 40% para 2019. Así las cosas, los asalariados corren el riesgo de perder un 9,3% de poder adquisitivo durante el próximo año.

Según datos de la Secretaría de Trabajo difundidos el jueves, en marzo, el salario promedio de los trabajadores registrados privados alcanzó los $ 41.359 que implican un incremento del 41,9% con relación al mismo mes del año anterior. Tomando en cuenta que en ese período los precios escalaron un 54,7%, en promedio, los asalariados ya perdieron un 9% de poder adquisitivo en un año. Este dato incluye gran parte de las compensaciones y retroactivos que gremios importantes como la Construccióin, Comercio y Bancarios percibieron en concepto de lo perdido en 2018.

Con la firma de la paritarias de los docentes universitarios el Estado, en su doble rol de árbitro y patronal, convalidó las cláusulas gatillo para el sector público.

Así lo habían hecho también, tanto para los docentes porteños como para los bonaerenses. El propósito es ofrecer garantías de empatar la suba de precios hacia adelante para consolidar lo perdido en 2018. Pero, además, los profesores deberán soportar un período de cinco meses, entre octubre y febrero, sin percibir aumentos y, de esa forma, resignar ingresos en el consolidado anual. El cumplimiento de la actualización por inflación, además, quedará en manos del próximo gobierno.

Los antecedentes no ayudan. Los gremios que lograron obtener algún paliativo por 2018 están resignando al menos 12 puntos. Para este año aspirarán a una reapertura en nombre de la “revisión” que, en general, debería darse en el marco de las elecciones y el recambio gubernamental.

Sindicatos privados como construcción y sanidad pautaron una suerte de actualización automática, aunque trimestral y no taxativa, y los gremios ferroviarios sellaron un acuerdo por cinco meses con reapertura basada en los índices del Indec.  «

Para la UTA

La Unión Tranviarios Automotor anunció un paro de actividades para el martes porque la paritaria se encuentra vencida.

El empleo privado, al nivel de 2013

En apenas un año, y al calor de la recesión generada por las altas tasas de interés y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, el sector privado registrado logró destruir los empleos que practicamente había generado en un período de cinco años.

Según datos de la Secretaría de Trabajo basados en los registros del Sistema Integral Previsional Argentiino (SIPA), entre marzo de 2018 y marzo de este año se perdieron 269 mil empleos registrados de los cuales 161 mil corresponden al sector privado.

De esta forma, el retroceso sistemático (que acumula 12 meses consecutivos en términos desestacionalizados), llevó hasta los 6,16 millones los puestos de trabajo existentes en el sector.

Para encontrar un nivel similar hay que recalar hasta los meses de junio y julio de 2016 cuando se verificó una depresión circunstancial del empleo aunque, como tendencia firme, recién se encuentran niveles similares en marzo de 2013 cuando los empleos llegaban a 6,15 millones.

Fuente: El Ciudadano.

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