El desempleo y la precarización laboral siguen aumentando en el país, según la UCA.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) continúa difundiendo estadísticas que evidencian la profundidad de la crisis socio-económica que atraviesa nuestro país. Si bien es cierto que su metodología de análisis es diferente a la de los organismos oficiales (y que los gobiernos de turno la cuestionan), esta casa de estudios mantiene desde hace una década mediciones constantes sobre los niveles de empleo y pobreza.
En esta ocasión, el informe “Heterogeneidad y fragmentación del mercado de trabajo (2010-2018)”, publicado en junio pasado, expone la preocupante situación del mercado laboral: cada vez más personas tienen un empleo informal y/o precario. Según los resultados de su encuesta realizada durante el tercer trimestre de 2018, sólo el 44% de la población económicamente activa (la suma de los ocupados y personas que buscan trabajo) logró acceder a un empleo pleno de derechos.
Asimismo, el 9,9% de esta población se encontraba abiertamente desempleado y el 18,6% sometida a un subempleo inestable (o sea, vive de changas o es beneficiario de un programa estatal de empleo). Vale decir que estos números son similares a los difundidos por el Indec: según el organismo en el primer trimestre de 2019 hubo un 10,1% de desocupación en todo el país, lo cual puede indicar que las formas de medición son diferentes o que el desempleo continuó creciendo.
En lo que más énfasis hace el informe es en los niveles de precarización y fragmentación del mundo laboral: a fines del año pasado solamente el 35,8% de los ocupados estaba registrado formalmente en el sector privado, mientras que el 27,2% de los trabajadores contaba con un empleo regular pero precario, es decir, sin registro en el Sistema de Seguridad Social. Y agrega: “en los últimos años siguió aumentando la proporción de ocupados en el sector micro informal de la estructura productiva (actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal). A finales de 2018, este sector reunía al 49,3% de los ocupados”.
Pero no solamente hay diferencias entre la formalidad del empleo, sino también en los ingresos: “En 2018, el ingreso medio mensual de los trabajadores del sector micro-informal fue un 41% menor que el ingreso del total de ocupados”.
Sexo, edad, educación
El informe hace distinciones entre los sexos, las edades y el nivel educativo de los trabajadores. En términos generales, las mujeres jóvenes con menor instrucción son las que realizan los trabajos peores pagos. “El grupo de trabajadores del sector micro-informal posee una mayor proporción de mujeres que el sector privado formal, un menor porcentaje de población de 35 a 59 años, una mayor proporción de trabajadores sin secundario completo y un mayor porcentaje de residentes en hogares de nivel socioeconómico muy bajo”.
Entre los trabajadores informales, hay similitudes en cuanto a su bajo nivel educativo, pero se detecta una diferenciación entre las actividades que realizan los varones y las mujeres: “Las tareas desarrolladas en el sector micro-informal son realizadas generalmente por mano de obra no especializada, presumiblemente trabajadores con bajo nivel de empleabilidad en sector formal. (…) La distribución de ocupaciones es muy dispar según el sexo de los trabajadores. Las ocupaciones más presentes en las mujeres son el trabajo por cuenta propia no profesional (45,4%) y el servicio en hogares (22,9%). Mientras que la mitad de los varones (57,9%) realizaban actividades como cuentapropistas no profesionales”.
La economista Julieta Pron aclara: “en relación a la inserción de las mujeres en el mercado laboral, siguen existiendo varios problemas. Por una parte, algunos están referidos a una segregación horizontal, que consiste en que las mujeres se concentran en actividades consideradas típicamente femeninas. Por otra parte, otros están relacionados con una segregación vertical, es decir que tienen dificultades para desarrollarse profesionalmente o no acceden a puestos jerárquicos”.
No obstante, Pron plantea una interpretación diferente a la propuesta por la UCA con respecto a la influencia de la educación como condicionante para acceder al empleo. “Hay un lugar común que repiten los ‘especialistas’ referido a que el bajo nivel educativo se asocia con la baja calidad del empleo y que, por tanto, habría que apuntar principalmente a la educación para lograr mejores empleos. Yo creo que el problema no viene en principio por ese lado, sino por la generación de empleo de calidad por parte de los sectores privado y público. En este sentido, el gobierno tiene un rol central en la implementación de políticas que generen empleo y que además sea de calidad”.
Causas estructurales
La UCA realiza una afirmación obvia pero cierta: “en los años de devaluaciones, aceleración del proceso inflacionario y recesión económica se incrementan las ocupaciones en el sector micro-informal”. Entre 2010 y 2018 la proporción de subempleos inestables pasó de 9,7% a 18,6% de la población económicamente activa. Esta progresión se puede vincular con los datos del Indec que muestran que la economía argentina se encuentra estancada, con altos y bajos, desde el 2011.
El observatorio plantea que “la probabilidad de los trabajadores de poseer un empleo pleno de derechos se encuentra fuertemente asociada a cuestiones estructurales. A pesar de no ser factores con fuerte determinación, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de nivel educativo bajo son los que poseen más inconvenientes en la obtención de un empleo pleno de derechos”.
“En la coyuntura 2017-2018 se suman a esta situación estructuralmente adversa los efectos recesivos del proceso de devaluación y la posterior aceleración de la inflación que generó perdida en los ingresos y en la capacidad de consumo de los hogares”. Sin embargo, “tanto las desigualdades sociales persistentes como la pobreza estructural, no son el resultado de un déficit en materia de capital humano, sino el correlato de un modelo productivo desigual y heterogéneo, con impactos regresivos a nivel sociolaboral y distributivo”.
En Santa Fe
Según el Observatorio Económico Territorial de la UNL, en el Gran Santa Fe la tasa de empleo para los jefes de hogar, en el segundo trimestre de 2010 fue de 63,6% mientras que en el segundo trimestre de 2017 fue de 58%. Con respecto a los “no jefes” de hogar, las cifras eran del 26,1% en 2010 y de 30,4% en 2017.
Resulta relevante señalar una diferencia de género. En cuanto al desempleo, entre los varones la tasa durante el segundo trimestre de 2010 fue de 10,4% mientras que para segundo trimestre de 2017 fue de 4,2%; entre las mujeres fue del 13% primero al 6,4% después. Hubo una mejora en el tiempo.
Críticas a la reforma laboral
Desde 2016 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Universidad Católica Argentina (UCA) publican indicadores en materia social, laboral y económica que manifiestan un marcado deterioro. El desempleo, la pobreza y la indigencia vienen en aumento. En ese contexto, tanto los voceros del Fondo Monetario Internacional como del gobierno vienen promoviendo una reforma laboral para resolver esta situación. Según sus promotores, sería un modo generar un “blanqueo laboral” y contemplar las nuevas formas de contrato. Según sus críticos, esta reforma sería similar a la implementada en Brasil, por lo que constituiría un perjuicio para los trabajadores. En ese marco, Pausa consultó a la economista Julieta Pron y al politólogo Martín Carné para conocer sus opiniones.
De acuerdo con Pron, “las reformas laborales en Argentina suelen significar aún más precarización y flexibilización laboral. El Gobierno actual ‘vende’ la idea de que es necesario para que los empleadores contraten más trabajadores, pero yo no creo que contribuya a la generación de empleo. Yo creo que el problema es otro. Hay una cuestión con esto del ‘emprendedorismo’ que este Gobierno plantea con mucho énfasis. Sería como decirnos: ‘olvídense de que en el futuro vayan a conseguir trabajo en relación de dependencia, así que vayan armando algo por su cuenta’. Claramente, esta idea –vinculada con la meritocracia– apunta a un sector de la sociedad que posee capital simbólico y económico y relega a los sectores con menos posibilidades”.
Por su parte, Carné realiza una salvedad en torno a la legislación vigente: “suele omitirse que esta misma legislación laboral no fue un impedimento para la recuperación económica a mediados de los años 2000. O sea, el empeoramiento de la situación ocupacional no responde a que el trabajo sea ‘caro’ o la legislación rígida, sino a que ha caído sensiblemente la actividad económica de la mano de la caída del consumo”. Carné detalló: “Todavía no hay detalles de qué características tendría esa eventual reforma laboral. Pero, en términos generales, las llamadas reformas laborales buscan abaratar el costo de contratar o despedir, flexibilización de las horas, tercerización del proceso productivo, fraccionamiento de vacaciones, y contratos temporarios e intermitentes, como viene sucediendo en Brasil. Dado que promueve la rotación laboral, no contribuye al desarrollo de una mano de obra especializada, no ofrece incentivos para que los empleadores apuesten a un vínculo de largo plazo con sus trabajadores ni busquen mejorar la productividad”.