Las personas con discapacidad que viven en el país significan un 10,2% de la población total. ¿Qué es necesario en Argentina para avanzar en la conquista de derechos para este colectivo? ¿Sus demandas son atendidas como prioridad por la dirigencia política? ¿Cuál es el balance de la política pública de Cambiemos? ¿Qué se espera del nuevo gobierno?
Por Mariela Gallardo
Las sillas de ruedas coparon las calles. Están les que se trasladan con bastones, quienes se comunican con lengua de señas, les que tienen baja visión y las personas ciegas; sus familias, profesionales de la salud, transportistas y docentes que los acompañan. Alguna de sus historias se conocieron en la televisión y las redes sociales se inundaron de consignas con reclamos, las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron. La temática de la discapacidad se fue instalando en la agenda pública.
En mayo de 2017 el presidente Mauricio Macri lanzó el Plan Nacional de Discapacidad con el fin de que estas personas pudieran “lograr un proyecto de vida independiente”, y tuvieran “sus derechos garantizados en materia de salud, educación, empleo y accesibilidad". Una conversación de la que no participaron sus protagonistas pero que, sin embargo, logró aceptación en cuanto a sus objetivos. "Si yo no estuviera en silla de ruedas esto no habría pasado”, decía Michetti entonces, mientras destacaba el anuncio como un eje prioritario de la gestión y prometía marcar un antes y un después en la política pública sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el país.
Lo que vino después fue una serie de medidas que marcharon en sentido contrario. La que mayor revuelo generó, sin dudas, fue la quita de alrededor de 170.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad, entre 2016 y 2017. Las bajas se debieron a la aplicación del decreto 432, firmado en 1997 por Carlos Menem, que establece ciertos requerimientos para mantener el beneficio del Estado. Entre ellos, acreditar que la capacidad laboral representa una disminución del 76% o más; no estar empleado bajo relación de dependencia; que ni el beneficiario ni su cónyuge perciban jubilación (incluso la mínima), pensión, retiro o prestación no contributiva; no tener bienes, como por ejemplo un auto, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia o la del grupo familiar, entre otros requisitos. Y a la Resolución 268/18 que obligaba a los titulares de pensiones a solicitar en 10 días un turno telefónico de descargo ante la suspensión y caducidad la pensión.
Pero también se sumó el incumplimiento del cupo laboral de personas con discapacidad en el Estado. Hoy lejos de la meta del 2% estimado en el Plan Nacional de Discapacidad para 2019, y del 4% que establece la Ley 25.689, la cantidad de personas con discapacidad certificada que trabajan en el ámbito público no llega al 1%.
En la lista siguen el atraso en el pago de las prestaciones a transportistas, profesionales e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad de todas las edades, a través del Programa Federal INCLUIR Salud. Sin contar, además, el aumento en el costo de vida, con gastos más altos que el promedio de la población, para llevar adelante una vida con autonomía (aumento de precios de la canasta básica, medicamentos, servicios de salud y transporte, entre otros).
Lejos de avanzar hacia el modelo social que establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, a la que Argentina adhirió en el 2008, estas políticas implicaron un recorte de derechos para esta población. Este tratado internacional, con rango constitucional en el país, incorporó un enfoque de derechos humanos para este colectivo. Es decir que la mirada ya no está puesta sobre el individuo a “rehabilitar” o “normalizar” sino sobre el entorno que vuelve “discapacitante” a la persona.
En primera persona
La discapacidad nunca fue prioridad de los gobiernos. Aún así, el marco que se viene plantea un mejor escenario para trabajar desde ese paradigma", dice Carolina Buceta, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Buceta divide su tiempo entre su trabajo en la Coordinación Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de CABA y la atención como psicóloga en su consultorio de San Telmo. También, entre la militancia por los derechos de las personas con discapacidad, su actividad en la Biblioteca Argentina para ciegos y en los talleres de derechos sexuales y reproductivos que realiza junto con REDI.
Entre los reclamos más urgentes para las personas con discapacidad que encarará la nueva gestión, Carolina destaca el cumplimiento del cupo laboral, como que los cargos de decisión en las políticas públicas estén ocupados por personas con discapacidad con trayectoria en derechos humanos. “Queremos que las políticas públicas en discapacidad estén acompañadas por la transversalización de los temas”, enfatiza.
Jorge Rivas, socialista en el Frente de Todes, también aporta su mirada sobre las demandas que se vienen. Del otro lado del teléfono, una voz robótica pero clara, sale de los mensajes de audios que llegan.
El ex diputado y vicejefe de Gabinete durante el kirchnerismo se comunica a través de un software que opera con su notebook. En 2007 un violento asalto para robarle su auto en Lomas de Zamora le produjo un daño cerebral y quedó cuadripléjico. A partir de entonces, convive con la discapacidad y con la tecnología.
Hoy es un político activo en los asuntos sobre los derechos de este colectivo, uno de los que encabezó la “contracumbre" de discapacidad frente a Tecnópolis, en rechazo a la costosa Cumbre Global de Discapacidad de junio pasado.Las demandas de las personas con discapacidad a las que deberá dar respuesta el próximo gobierno son muchas, pero son las personas pobres con discapacidad a las que se debe atender más urgentemente. A todos nos consta que los gobiernos populares abordaron la problemática de la discapacidad de manera muy diferente a los gobiernos conservadores de derecha”, dice Rivas.
Los derechos se conquistan
Encontrar a Gabriela para conversar no es sencillo. Al contactarla, una reunión de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe la convoca y la entrevista se posterga. Su militancia por los derechos de las personas con discapacidad es tan fuerte como la feminista. Luego de varios intentos, una tarde de lluvia nos trae una chance. Es el Día Internacional contra la violencia de género y la marcha se suspende por mal tiempo. Al llegar a su casa, habrá un tiempito para hablar.
Gabriela Bruno viene de ocupar un cargo en la gestión pública de Santa Fe como Directora Provincial de Inclusión de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. "Si uno piensa en derechos civiles y en la conciencia del ejercicio de la ciudadanía por la personas con discapacidad, hay mucho que trabajar para seguir avanzando", señala.
Bruno también cuenta que la enoja la apatía que percibe de parte de algunos compañeres con discapacidad, por ejemplo, cuando da talleres para que puedan ir a votar. Entiende que al haber sido criades en un modelo tutelar de la discapacidad, el ejercicio de la ciudadanía no lo heredaron y por ende, no lo valoran.
“Me preocupa que a las mismas personas con discapacidad les cueste protagonizar la lucha. Nos falta conciencia de nuestro rol como sujetos protagónicos de nuestro tiempo histórico para poder embanderarnos y salir y luchar por nuestros derechos. Yo aspiro a constituirnos como un colectivo y a tener real conciencia sobre nuestros derechos; dejar de ser ´hablados´ por otros”, indica la santafesina.
La historia del país comprueba la fuerza y la importancia de ocupar la calle para visibilizar y exigir reclamos. Desde la sociedad civil organizada surgieron reclamos vinculados con género, sexualidad, violencias, problemas ambientales, pueblos originarios, salud, que se tradujeron en conquistas de derechos humanos. Pero en lo que respecta a derechos de las personas con discapacidad en el país, el reclamo aún es débil.
"Que el próximo gobierno ubique como prioridad la problemática de discapacidad dependerá del grado de movilización que tenga el colectivo de discapacidad para hacerse visible. Hace falta que nos movilicemos, concienticemos y luchemos todos unidos”, opina el ex diputado Rivas.
El débil activismo político de las personas con discapacidad responde también a otras cuestiones, como la escasa articulación que existe entre las organizaciones de la sociedad civil.“Estamos muy divididas las organizaciones que son de personas con discapacidad y las organizaciones que son para las personas con discapacidad. También, hay muchas personas con discapacidad tratando de salir del modelo tutelar para pasar a ejercer su autonomía. Todavía no están dadas las condiciones para eso, o no acceden a los apoyos que necesitan para participar en los diferentes espacios, o no saben qué derechos se pueden reivindicar y también hay mucho temor de participar de las marchas y de espacios donde hay mucha gente”,agrega Carolina.
Discapacidad y feminismo
El feminismo también abrió caminos a la lucha de las personas con discapacidad. Hoy vemos mujeres, lesbianas y otras disidencias con discapacidad encabezar las marchas y participar de las asambleas. La evolución en la perspectiva de la diversidad de la sociedad es innegable a partir de las luchas feministas del último tiempo.
Con personas con discapacidad activas en la lucha, se demostraron hitos de ciudadanía para reconocer desde una mirada de derechos humanos a quienes no encajan en los estereotipos de una sociedad patriarcal capitalista. El movimiento de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binaries inspira y es inevitable buscar puntos de comparación con la lucha que construyen las personas con discapacidad.
"El feminismo es otra forma de involucrarnos y pone en jaque los privilegios. Así como la mujer cuestiona los privilegios del hombre, las personas con discapacidad también ponemos en tela de juicio los privilegios de lo que se conoce como el 'capacitismo'. Esa misma autonomía e independencia sobre los cuerpos por las que brega el movimiento feminista, va generando nuevas formas de vincularnos; poder reconocer al otro en su singularidad”, agrega Gabriela.
De la marea feminista que se volcó a las calles en estos años, uno de los aprendizajes que se rescata es el planteo de derramar esa perspectiva en todos los ámbitos. Para vivir en una sociedad donde las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades, dignidad humana y autonomía personal, es fundamental transversalizar el enfoque que los ve como sujetos de derechos en cada ámbito de la salud, el trabajo, la justicia, la educación, la cultura, la urbanización, la comunicación.
En este contexto donde se pone en valor la diversidad se ve reflejado un avance en la conciencia social de los argentinos, dando lugar a la empatía con los reclamos de las personas con discapacidad. Pero el camino a seguir aún es arduo y queda mucho por hacer. En los últimos 5 años, las principales denuncias que recibió el INADI están vinculadas con casos de discriminación que sufren las personas con discapacidad.
"A mi me parece que los argentinos no somos inclusivos. Sí somos solidarios y asistencialistas y estamos dispuestos a ayudar y a acompañar, pero no estamos dispuestos a hacer lugar para el protagonismo de las personas con discapacidad”, dice Carolina.
Trabajar para generar un cambio cultural profundo sobre la mirada que se tiene sobre las personas con discapacidad, es urgente y fundamental. Derribar mitos y prejuicios que funcionan como barreras actitudinales será importante para poder verlos más allá del eje de salud, como así, para reconocerlos como personas con derechos y que ellos mismos puedan ser protagonistas de sus reclamos y conquistas.La construcción de ciudadanía de las personas con discapacidad avanza y un verdadero cambio de paradigma es posible.