El gobierno de “la paz y el orden” enfrenta una crisis de violencia urbana que parece no tener fin. Reconfiguración del delito, armas de fuego y una Policía sin recursos, las claves.
Omar Perotti ganó las elecciones del año pasado con una consigna por demás de efectiva: “Ahora la paz y el orden”. A tres meses de haber asumido, como si fuera un bumerang, esa promesa de campaña se le volvió en contra: en 90 días se registraron casi 80 asesinatos entre Rosario y Santa Fe y la gente salió a la calle a pedirle medidas urgentes a un gobierno que, de momento, condiciona todos sus movimientos a la sanción de una ley de emergencia que incluye un capítulo específico sobre seguridad.
El incremento de la violencia letal es un problema nuevo. A principios de año, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) publicó un informe sobre los homicidios cometidos en la provincia durante 2019: fueron 337 crímenes y el 80% de ellos se cometió en los departamentos La Capital y Rosario.
Ese informe incluye también las conclusiones de un trabajo preliminar sobre la cantidad de homicidios registrados en la provincia de Santa Fe en los últimos 18 años, entre 2002 y 2019. De allí se desprende que 2014 fue al año más violento en lo que va del siglo, con 461 asesinatos; 2013 y 2015, con 438 y 432 respectivamente, se ubican en segundo y tercer lugar. Esos picos coinciden con el inicio de las mutaciones en las principales bandas delictivas que operan en la provincia, que pasaron de controlar a disputar los territorios con un reguero de cadáveres como resultado visible.
Pero, antes de que el tema llegue con escándalo a las pantallas de la televisión porteña, hay toda una historia previa. Los datos del MPA indican que los dos primeros picos de violencia se registraron en 2003 y 2007, con 284 y 292 homicidios respectivamente. En 2012 –el año en que estalló el caso Tognoli y se frenaron las reformas policiales a nivel provincial– se superó la barrera de los 300 crímenes anuales, con 337 casos: la misma cantidad que en 2019. Desde 2012 en adelante los números son muy altos y solo se registra una baja significativa en 2017, con 304 homicidios.
La otra conclusión importante que se desprende del informe es el uso reiterado de armas de fuego. En 2019, dos de cada tres víctimas fueron asesinadas a balazos. “Es un indicador de la alta circulación de armas de fuego y de su empleo para la resolución de conflictos”, señaló el secretario de Política Criminal y Derechos Humanos del MPA, Gustavo González.
De esa compilación estadística surgen dos conclusiones, una de índole criminal y la otra política: el aumento de los homicidios está directamente ligado a la circulación descontrolada de armas de fuego en un contexto de desborde de las organizaciones delictivas; y se trata de un problema que comenzó a tomar relevancia en las dos últimas gestiones del PJ (con los primeros picos de 2003 y 2007), que luego creció durante los gobiernos del Frente Progresista (sobre todo a partir de 2012) y que ahora tiene que solucionar Perotti si quiere cumplir con su contrato electoral.
El origen de la violencia
Más allá del debate político y del tratamiento mediático, el tamaño del problema lo señala el malhumor social: 2020 comenzó con una protesta masiva por la inseguridad en la ciudad de Rafaela, la cuna del actual gobernador, mientras en Rosario la crónica policial daba cuenta de un escalofriante promedio de un asesinato por día y en la ciudad de Santa Fe se organizaban los primeros cacerolazos contra el nuevo gobierno.
La primera explicación oficial, a cargo del ministro de Seguridad Marcelo Saín, fue vincular la ola delictiva con la purga policial que ordenó apenas asumió su cargo. Saín designó al comisario general retirado Víctor Sarnaglia como nuevo jefe de la fuerza y al director general Martín Musuruana como subjefe, en reemplazo de Marcelo Villanúa y Carlos Pross. Luego removió a las cúpulas departamentales y, en el caso de Rosario y La Capital, sobre la marcha volvió a cambiar por “falta de resultados” a los mismos jefes que habían asumido unas semanas antes.
Mientras el ministro lidiaba con la Policía, Perotti intentaba coordinar políticas efectivas con el gobierno nacional. Para ello, el gobernador partió de un diagnóstico que observó en Rosario y en Santa Fe: los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) venían actuando por su cuenta, sin coordinación.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, se involucró en el tema y le dio la razón a Perotti. “En la asignación de fuerzas federales hay que pensar en la optimización; estamos muy mal acostumbrados a pensar que más Policía es más seguridad. Hay que tratar de trabajar en un nivel más analítico y coordinado con diferentes elementos de las fuerzas de seguridad, la Justicia y la política”, señaló Frederic en enero, en medio de la primera escalada de homicidios. Su colega Saín aportó otra definición que, en aquel momento, buscaba llevar tranquilidad a la población: “El gobierno nacional y el de Santa Fe son un solo gobierno en materia de seguridad pública”.
Sin embargo, las primeras explicaciones oficiales (problemas en la Policía y falta de coordinación política) no daban cuenta del crecimiento de la violencia urbana en toda su complejidad. Ya bien entrado febrero, el ministro Saín terminó de bosquejar el asunto: le apuntó a la Justicia Federal “por hacerse la tonta” ante el avance del narcotráfico y, por primera vez, describió la trama económica del delito y sus mutaciones como eje del problema.
Durante una exposición en la Universidad Nacional de Rosario, Saín relató: “En 2013, los dos grandes grupos narco liderados por Luis Medina y El Pájaro Cantero estuvieron a punto de firmar una ‘pax criminal’ de envergadura, cuando ambos entendieron que lo peor que le podía pasar al negocio de la droga era la violencia. Sin embargo, alguien dijo que eso no podía ocurrir y en mayo de 2013 mataron al Pájaro Cantero y en diciembre de 2013 mataron a Medina. Entonces el Estado entero fue contra una de las organizaciones (Los Monos) y ocultó a la otra: a la del heredero de Luis Medina, que además fue su asesino y que era Esteban Lindor Alvarado, que creció así a la sombra del Estado”.
Y eso no es todo: también en febrero, el ministro santafesino admitió ante sus colegas de otras provincias, en una reunión del Consejo Federal de Seguridad, que aquí las principales bandas delictivas ya habían sido descabezadas por la Justicia provincial (por delitos conexos al narcotráfico) ante la inacción de la Justicia Federal, que tiene la competencia sobre el tráfico de drogas. El presidente Alberto Fernández tomó nota y en su discurso ante el Congreso, el 1° de marzo, anunció la ampliación de la Justicia Federal en territorio santafesino como una medida indispensable para combatir el crimen organizado.
Por esas intervenciones de la Justicia local, bajo el gobierno anterior, fueron descabezadas bandas como Los Monos en Rosario. Pero eso no solucionó el problema, sino que lo complejizó. En palabras de Saín: “Gran parte de las estructuras (delictivas) tienen a sus jefes presos, el primer y segundo escalón, y los restantes, las terceras líneas, tienen una gran dificultad de manejo de territorios porque no tienen la misma destreza. Hoy estas organizaciones están gerenciadas por gente que hace diez años aplicaba métodos muy rústicos y hoy no tiene capacidad de mediación con el Estado y tampoco pueden negociar con otros grupos”. El jefe de la Policía provincial coincide en ese punto: “Las bandas más grandes están descabezadas, tienen ahora ‘gatilleros’ resolviendo sus conflictos a los tiros”.
Si fuese cine, lo que ocurre en nuestra provincia es equivalente a la transición entre el “político” Vito Corleone y su sucesor, el “tiratiros” Michael Corleone.
Cacerolazos y empatía
Para empezar a arreglar el problema, Saín y Perotti vienen reclamando la sanción de la emergencia en seguridad, que ya fue rechazada a fines de diciembre por los diputados del Frente Progresista. Hasta el jefe Sarnaglia se ha sumado a la cruzada como impensado lobbista político. En recientes declaraciones al programa ATP, señaló que la fuerza necesita más fondos, más patrulleros y más efectivos y reveló un dato preocupante: “Tenemos mil policías menos que en 2017 y el presupuesto está 300% debajo de acuerdo a la inflación de 2016 a hoy”.
Lejos de ese debate y cerca del día a día, la ciudadanía demostró que no hay período de gracia para ningún gobierno. Solo en la ciudad de Santa Fe ya se registraron dos masivas protestas por la inseguridad: una a mediados de febrero tras el asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido en pleno microcentro un martes por la tarde; la otra a principios de marzo, con una veintena de cacerolazos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.
El malhumor social ante un problema que no logran solucionar los distintos gobiernos no distingue colores políticos: ayer nomás las marchas eran contra la gestión de Maximiliano Pullaro y hoy los que están en la mira son Perotti, Saín y la Policía en su conjunto.
El gobernador dijo entender el “hartazgo” de la gente y alentó las protestas porque, a su entender, también son un mensaje para que los legisladores le otorguen las herramientas que viene pidiendo desde que asumió. Un gesto que, sin embargo, puede jugarle en contra: al gobierno le están pidiendo soluciones, no empatía.
