El gobierno nacional piensa en un consorcio mixto para gerenciar la cerealera. “Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, una empresa mixta que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene management profesional y un directorio con representantes del Estado nacional y de las provincias”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. El presidente Fernández reveló que el CEO de la empresa lo llamó para pedir que “el control de Vicentin lo tome el Estado”.
Concretada la intervención de la empresa Vicentin, y a días que el Congreso Nacional comience a abordar la ley de expropiación, el gobierno nacional comenzó a dar indicios acerca de qué planes tiene para el futuro. Este domingo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestó la voluntad oficial de avanzar en Vicentin con un esquema de empresa mixta, similar al de YPF.
Sobre el futuro de la empresa, el funcionario dijo que la participación de los actuales acreedores comerciales –como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien la empresa debe 90 millones de dólares– como parte de la empresa y en el directorio “es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo”.
“Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras”, afirmó Kulfas en una entrevista publicada en el diario La Capital.
Y agregó: “El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar”.
Accionistas enojados
Los accionistas de la compañía emitieron este domingo una solicitada en la que se calificó de “injusta, arbitraria e ilegal” la intervención, ya que “inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado, y deja como única opción la estatización de la empresa”.
“La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática”, aseguraron.
El pedido de Nardelli
El presidente Alberto Fernández reveló este domingo que, tras el anuncio del lunes sobre la intervención estatal a la agroexportadora Vicentin, recibió el llamado del CEO de la cerealera con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda, Sergio Nardelli. “La propuesta que me hace Nardelli es que el control de la empresa lo tome YPF, entonces yo le explico todas las dificultades técnicas y jurídicas que hay para que YPF haga eso, pero nunca me dijo otra cosa más que el Estado se haga cargo de la empresa, porque YPF es el Estado”. Y ratificó que la única figura posible para rescatar a Vicentin es la expropiación “por una cuestión de transparencia” y para que pueda volver a producir y exportar, comentó Fernández.
“(Los dueños) sostienen no haber hecho ninguna irregularidad, sí me ofrecieron colaborar y ayudar y les dije que me encantaría que lo hagan porque si ellos quieren preservar Vicentin, ayudenmé a que no sea arrastrada a una quiebra”, sostuvo el mandatario este domingo en el transcurso de una entrevista con la porteña Radio 10.
En esa línea, Fernández remarcó: “Intento rescatarla (a Vicentin) porque allí hay 2600 productores agrícolas estafados, porque hay 2000 personas que trabajan, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y en la exportación de cereales de Argentina y porque ese mercado es estratégico para el desarrollo económico argentino y en ese contexto tiene mucho sentido que el Estado tenga una empresa testigo”.
“Algunos dicen que el gobierno con el tema de la deuda actúa como de derecha y en el caso Vicentin actúa como de izquierda, y la verdad que lo que estamos haciendo en ambos casos es actuar con racionalidad económica”, sostuvo Fernández.
“Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen no tenemos cómo salvarla, que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente”, agregó Fernández.
El presidente señaló: “Pensemos que el Estado se hace cargo y firma un acuerdo por el cual reciba las acciones de Vicentin, ¿a ustedes les suena transparente eso teniendo en cuenta todo lo que se está investigando sobre Vicentin? Una empresa que está virtualmente sospechada de un manejo muy espurio y ha dejado más de 1000 millones de dólares de deuda colgada. ¿Y si hubiera dejado que Vicentin termine en manos extranjeras, cuál hubiera sido la reacción? Entonces, si uno tiene en cuenta todo esto, se da cuenta que en verdad nosotros estamos intentando rescatar una empresa que está al borde de la quiebra, eso sólo”.
“El objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar como corresponde, no alquilándole a otros las instalaciones, y que todo se haga en un marco de mayor transparencia, la prioridad es que podamos lograr que con un nombre prestigioso como YPF los productores vuelvan a confiar en la empresa y podamos pagar la deuda que la empresa tiene, y después hacerla crecer como todas las empresas del sector que buscan lo mismo”, aseguró el presidente.
Lo que viene: el debate en el Congreso
El debate sobre cómo será el rescate de la agroexportadora Vicentin comenzó inmediatamente en el Congreso tras el anuncio del presidente de enviar un proyecto de ley para expropiar la empresa. Si bien la iniciativa no ingresó formalmente al Parlamento y hasta hubo rumores de que podría no hacerlo, desde el oficialismo confiaron a Tiempo que el “envío de sigue en pie” y que la Cámara de origen será el Senado que preside Cristina Fernández.
Hubo dos hechos concretos en ambas Cámaras esta semana respecto a Vicentin, en el Senado se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Ángeles Sacnun para analizar el proyecto que busca crear una bicameral investigadora de la deuda de la empresa. La iniciativa fue presentada en la Cámara alta en abril por uno de los legisladores más cercanos a Cristina, el neuquino Oscar Parrilli. Plantea que la comisión especial estará integrada por seis senadores y seis diputados, con un plazo de trabajo de 18 meses, prorrogables por seis meses más, y facultades para exigir la documentación correspondiente.
Al momento de tratar el proyecto, los senadores que integran el interbloque de Juntos por el Cambio volvieron a retirarse del encuentro remoto. El oficialismo de todas maneras avanzó con la firma de dictamen favorable y ahora el proyecto debe esperar una semana para poder ser tratado en el recinto y contar con la aprobación de la mayoría simple con la que cuenta el Frente de Todos. De aprobarse tendrá que ir a Diputados donde las negociaciones entre Sergio Massa y la oposición no son tan sencillas. Incluso el oficialismo por ahora no tendría los números para convertir el proyecto en ley.
Este mismo viernes ingresó formalmente en Diputados el DNU enviado por la Jefatura de Gabinete referido a la Intervención de Vicentin. El DNU ya tuvo giro a la bicameral de Trámite Legislativo que preside otro santafesino, el diputado del FDT Marcos Cleri. “No hay fecha de reunión, tenemos diez días hábiles para tratarlo. El ingreso del decreto ya se notificó a todos los integrantes de la comisión”, comentó un legislador que integra la bicameral.
El proyecto de expropiación tendrá un largo recorrido. Sin embargo los espacios políticos marcan diferentes posturas. Desde el Frente de Todos, la diputada Fernanda Vallejos destacó que “la intervención y próxima expropiación asegura la continuidad de una de las empresas del sector más importantes del país, las fuentes de trabajo y la actividad de los proveedores. Es una decisión claramente estratégica”.
En diálogo con Tiempo, Vallejos explicó que “el Estado Nacional podrá intervenir en dos áreas cruciales de la economía, al abastecimiento de divisas y la provisión de alimentos. Una empresa testigo tendría la capacidad de regular la provisión interna y la evolución de los precios. Permitiría no sólo mejorar la posición de los pequeños productores sino intervenir en una operatoria sumamente opaca y muy difundida en el sector, lo que le daría herramientas al Estado para limitar operaciones de triangulación, subdeclaración de exportaciones, abuso de precios de transferencia, y toda una diversidad de maniobras utilizadas para fugar divisas y evadir las responsabilidades tributarias”.
El lavagnismo tomó distancia por ahora de la iniciativa oficial. El presidente del bloque de Consenso Federal, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez le dijo a Tiempo: “Debe intervenir el juez del concurso, que se incluyan a las cooperativas, a los pequeños y medianos productores y a la provincia de Santa Fe. Ahora corresponde esperar qué es lo que hace el gobierno. Se requiere trabajar mucho y que cuando envíen un proyecto al Congreso sea el resultado de ese trabajo”. “Se necesita una visión más federal, menos centralista, con el Ministerio de Agricultura participando”, señaló Rodríguez. Y propuso como alternativa al rescate que “los accionistas de Vicentin no dejen colgado a un tendal de pequeños productores y que ellos, junto con el movimiento cooperativo, puedan participar del rescate con acciones en la empresa”.
En Juntos por el Cambio la postura es más extrema. En el PRO, la diputada por la provincia de Santa Fe Gisela Scaglia sostuvo: “Todos estamos mirando qué es lo que va a pasar. Hay que ver cuáles son las alternativas que se ponen sobre la mesa. El presidente sigue insistiendo con la expropiación y nosotros decimos que no hay una garantía constitucional y que en el Congreso no están los votos para eso”.
Al ser consultada por este medio sobre cuáles son las otras ser las opciones, la diputada opinó que la quiebra “no es grave. Puede hacerlo y pagar a los acreedores y seguir sus actividades. Eso no significa romper con las fuentes de trabajo. Es un proceso que muchas empresas en la Argentina llevan adelante”. “Las expropiaciones en la Argentina nunca fueron baratas, siempre fueron caras como en el caso de YPF”, remarcó.
Con información de El Ciudadano y Tiempo Argentino
