El abogado rosarino Carlos Ensinck se refirió a la reunión que mantuvo, el viernes pasado, la secretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, con el Arzobispo de Rosario por las comisiones internas creadas por la Iglesia Católica para abordar situaciones de abuso sexual. Ensinck presentó una denuncia por “usurpación de funciones” contra el Clero; hoy amplió su presentación y pide que se investigue la relación entre el organismo estatal de Niñez y la Iglesia.
El pasado viernes la titular de la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que había mantenido una reunión con el Arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. La temática del encuentro fue la reciente creación de comisiones eclesiásticas para la investigación y sanción interna de delitos de abusos sexuales cometidos por integrantes de esa institución.
“En el marco del derecho canónico y por orden del Vaticano, el Arzobispado de Santa Fe y el de Rosario, crearon sendas comisiones internas que recibirán informes y denuncias por casos de abuso sexual y de maltrato infantil que involucren a funcionarios eclesiásticos. Este trabajo será abordado por un equipo interdisciplinario designado por las autoridades de dicha institución. El objetivo es por un lado, llevar adelante una investigación de los hechos que permita las sanciones correspondientes, y por otro lado, instar y acompañar a las víctimas a realizar las denuncias en una instancia civil”, indicó Chialvo en su cuenta de Twitter durante la tarde del viernes. Días atrás, desde la propia curia argumentaron que no es su obligación denunciar delitos de abuso sexual ante el Ministerio Público de la Acusación.
Más tarde, en una entrevista a Pausa, Chialvo tomó distancia de su propio mensaje, explicando que lo dicho en el tuit era “un error de tipeo” y que en verdad “no se trata de una comisión de investigación” ni tampoco algo que deba resolverse en el fuero civil. Sin embargo, el encuentro formal entre un organismo del Estado y la Iglesia Católica motivó críticas de diversos sectores.
Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia instaron y solicitaron “a la autoridad de aplicación del Sistema de Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes dar prioridad en las políticas públicas estatales, a la protección y prevención de cualquier forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, generando sistemas de alertas e información ágiles, garantizando la Educación Sexual Integral tal como lo ordena la Ley Nacional 26.150, fortaleciendo la coordinación interinstitucional mediante protocolos unificados de actuación, facilitando espacios adecuados para las denuncias y acompañando en las mismas; dado que se trata de un delito, uno de los más graves que se puede cometer contra un niño, niña o adolescente”.
Carlos Ensinck, abogado de la ciudad de Rosario amplió la denuncia que ya había presentado contra el Arzobispado de Santa Fe y de Rosario por “usurpación de funciones”. La causa se tramita actualmente en el Ministerio Público de la Acusación. “La denuncia fue ampliada en los términos de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informe si esto fue una cuestión de la Secretaría como Secretaría o una cuestión de Chialvo y si hay algún convenio firmado entre la Secretaría de Niñez y el Arzobispado”, explicó el letrado en diálogo con Pausa. Asimismo, la denuncia apunta a que se investigue un posible incumplimiento de deberes de funcionario público. “Ese deber es hacer cumplir la ley, y en ese caso la funcionaria estaría reconociendo una cuestión interna por fuera del ordenamiento jurídico”, alegó Ensinck.
El abogado manifestó: “Chialvo estaría reconociendo, en su rol de funcionaria pública, un ordenamiento jurídico paraestatal, una comisión interna destinada a la toma de denuncias de los delitos de abuso sexual y encubrimiento del personal de la Iglesia. Ella está consintiendo algo que en realidad tiene que cuestionar como funcionaria pública”.
El rol de Patricia Chialvo está regulado por la Ley de Promoción y Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: es la representante del Estado provincial en lo que respecta al sistema de protección de los derechos de las infancias. “Como funcionaria pública tiene que hacer respetar desde la Constitución Nacional hasta la última norma, además de las convenciones internacionales, entre ellas las Convenciones de los Derechos del Niño”, detalló Ensinck.
“Al código canónico no lo dictó ningún organismo del Estado y ella es parte del Estado de Derecho, en este caso del Poder Ejecutivo. Entonces vemos con preocupación que la propia funcionaria del Estado esté reconociendo y consintiendo una comisión paraestatal”, consideró el letrado. “Creo que le cabría la figura de inobservancia de las obligaciones de funcionario público, porque un funcionario público no podría hacer eso. Eso es lo más grave”, analizó.
“Cuando Chialvo dice que quiere garantizar que las denuncias lleguen a la Justicia, estaría reconociendo que hay un ámbito que quedaría a voluntad de una, dos o tres personas para enviarlo a la Justicia. Lo que tiene que garantizar que llegue a la Justicia es el procedimiento, no la voluntad de una persona. Es muy cuestionable”, reflexionó el abogado. Asimismo, Ensinck explicitó que las denuncias por abuso sexual, por lo general, son realizadas por personas mayores de edad. “No pasa que a un niño lo abusan y al otro día va y denuncia; el proceso psicológico lleva muchos años para poder denunciar. Entonces el mayor de edad que va a la comisión interna ¿qué garantías tiene?”, se preguntó.
“Todo esto termina en una discusión sobre el alcance del ordenamiento jurídico estatal: si las comisiones o los ordenamientos de la Iglesia están por arriba del Estado o están subordinados. ¿Hay algo por arriba de la Constitución que nos diga que hay que respetar cosas ajenas a la Constitución?”, cuestionó Ensinck.
“Las leyes estatales dicen que hay que ir al Ministerio Público de la Acusación y hacer la denuncia. En todo caso, el Arzobispado comparecerá en la causa, pedirá copias y las tramitará dentro de su comisión interna. Y ahí verán si hay faltas contra la Iglesia, pero el único órgano que tiene que recibir la denuncia es el Poder Judicial, donde están las garantías del debido proceso, defensa en juicio, sistemas recursivos, segunda instancia, Corte Suprema: todo a la vista de todos”, enfatizó el letrado.
Uno de los argumentos sostenidos, según Chialvo, por la Iglesia para generar estas comisiones tiene que ver con poder sancionar dentro del clero a los religiosos que cometan los abusos. “El ordenamiento estatal te va a dar la sanción. Después, si la Iglesia lo quiere sancionar, lo sancionará”, retrucó Ensinck.
“Tenemos que pensarnos como un Estado de Derecho y no como una monarquía absoluta. El Estado de derecho o laico es predicar la división de poderes, la publicidad de los actos. Ese es el mensaje: y que toda circunstancia delictiva, sea encubrimiento o abuso sexual de cualquier ciudadano, tiene que instrumentarse por las vías que el Estado les da”, argumentó el profesional.
Por último, el abogado expresó que “esto no se trata de ninguna agresión ni de ningún acto lesivo contra la fe y las creencias de nadie: esto es un límite que se le pone a la Iglesia en cuanto a que respete el Estado que la sostiene”. “Porque convengamos que todos nosotros, dentro del Estado de Derecho y por los impuestos que pagamos, estamos sosteniendo económicamente una estructura que no respeta a quienes la sostienen”, finalizó.