«Por una ciudad sin expulsores ni expulsados»

Organizaciones sociales de la ciudad se pronunciaron en contra del proceso de desalojo de unas 15 familias que ocupaban tierras estatales en el barrio Transporte. El operativo se realizó esta madrugada e intervino la policía de la provincia y Gendarmería.

«Con gran indignación, las organizaciones firmantes repudiamos el accionar del Estado, en su conjunto y todos sus niveles, con la única respuesta que pudieron acordar: el desalojo de las familias que ocupaban tierras estatales de la ex traza de circunvalación, desde el mes de febrero». De esta forma comienza el comunicado que el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) junto a una decena de organizaciones sociales, políticas y cooperativas, emitieron hoy ante el desalojo.

El operativo llevado adelante en la madrugada de este jueves, fue ejecutado por efectivos de Gendarmería y de la Policía de Santa Fe en coordinación con personal de los ministerios provinciales de Infraestructura, Desarrollo Social y Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y la Municipalidad de Santa Fe.

La ocupación de estos terrenos comenzó en febrero de este año, cuando unas 60 familias se instalaron con viviendas precarias en las inmediaciones de barrio Transporte. A lo largo de estos meses llegaron a instalarse más de 100 familias, pero según lo informado por las autoridades provinciales durante el operativo, hoy son solo unas 15 las que permanecen en el lugar, las cuales fueron llamadas a reunirse con autoridades para realizar un convenio en el cual se de cuenta de las acciones a seguir en relación a su reubicación.

Respecto de estos terrenos, desde el MOI señalan que se trata de: «Tierras estatales que desde el Plan Nacional Arraigo en el ‘90, y luego desde la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social «Padre Carlos Mujica» (Decreto N°341/2008 CNTHS PCM) su único destino era la resolución de necesidades del hábitat popular. Desde entonces, y la propia ocupación de familias sin vivienda en estas tierras puso en evidencia que, el Estado no avanzó en más de 20 años en concretar propuestas con este sentido».

Las organizaciones hacen hincapié en el momento en el cual se produce este desalojo, marcado por la crisis desatada por la pandemia y con índices de pobreza alarmantes. «Frente a un contexto, en el que ayer se informó oficialmente lo que cotidianamente sufren los sectores trabajadores y populares, ascendiendo a más del 50% el empobrecimiento de nuestros niñes; en un contexto donde se prorroga un decreto que impide los desalojos a inquilinos, en un contexto donde se anuncian políticas de acceso al suelo, vivienda digna y trabajo con numerosos programas de la política nacional: ¿De quién es la responsabilidad? ¿Algún nivel del Estado está dispuesto a asumirla? Evidentemente no».

El texto que repudia el desalojo continúa así:

«La única respuesta que pudieron articular conjuntamente los distintos niveles del Estado Nacional, Provincial y Municipal, con sus estructuras y sueldos que sostenemos todes, con Ministerio de Planificación Territorial y Hábitat de la Nación, Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, y la Municipalidad, desde el mes de febrero hasta hoy es el desalojo.

Es evidente que en tiempos de “anuncios de programas estatales de acceso al suelo urbanizado y vivienda”, contradictoriamente siguen primando otros intereses, los intereses mercantiles de la especulación, de la expulsión, de la segregación. Porque el valor del suelo en nuestra ciudad que determinan siempre los intereses de reproducción del capital y la ganancia empresarial, son también para el Estado los que definen quiénes pueden y quien no pueden vivir allí.

A pocos días del Día Mundial del Hábitat -declarado por la ONU– con el objetivo de abordar la responsabilidad colectiva y de los Estados, frente al derecho de todes y el futuro del “hábitat humano”, y frente a los hechos ocurridos en nuestra ciudad y recurrentes en todo el territorio nacional, nos preguntamos: ¿debemos esperar, creer y sostener que sean los mismos gobiernos que desalojan los que nos plantean “la salida” real, inclusiva e integral, al problema habitacional?

Son muchas las organizaciones sociales de hábitat en la ciudad de Santa Fe que siempre estuvimos dispuestas a aportar, desde nuestra capacidad propositiva y organizativa, el impulso de políticas de Producción Social Autogestionaria del Hábitat. Resulta necesario y urgente una política de Estado que institucionalice la articulación de todos sus niveles nacionales, provinciales y municipales, y con la participación de las propias organizaciones, en la definición de políticas públicas de hábitat a la altura de las circunstancias.

Basta de desalojos

Por el derecho a la ciudad, la tierra y la vivienda de todes.

Por una ciudad sin expulsores ni expulsados».

El documento lleva la firma de MOI Santa Fe, Casa Anfibia, CCC, Arroyito Seco, Canoa Hábitat Popular, Arquitectxs Sindicadxs CAD1, Comisión de Derechos Humanos y Arquitectura Colegio de Arquitectos D1, MEDH Santa Fe, Tramas Derecho en Movimiento, Centro Cultural y Sociale «El Birri», Cooperativa de Trabajo Teko.

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