Argentina es el tercer país a nivel mundial en ratificar esta normativa internacional, que fija un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral y con perspectiva de género.
La Cámara de Diputados sancionó ayer la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una normativa que permite abordar la problemática de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. De esta manera, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a esta herramienta, después de Fiji y Uruguay. La norma entrará en vigencia el 25 de junio del próximo año.
En nuestro país existía jurisprudencia que reconocía la violencia y el acoso laboral como incumplimiento de las obligaciones patronales y violación de los derechos humanos, pero el Convenio 190 fija un marco común y claro para prevenir y abordar esta problemática con un enfoque integral, que tiene en cuenta las consideraciones de género.
El convenio alcanza a trabajadores y trabajadoras –cualquiera sea su situación contractual–, aunque reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y, sobre todo, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.
La norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico, por lo que sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la comunicación.
El Convenio 190 define como violencia y acoso a "un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género".
Es la primera normativa internacional en materia de violencia y acoso laboral. Entre sus puntos a principales, se caracteriza por incluir tanto a la economía formal como a la informal de las áreas urbanas y rurales, y por tener en cuenta consideraciones de género sobre la discriminación, el abuso en las relaciones de poder y la revisión de normas que fomentan la violencia y el acoso. Además, la norma reconoce el impacto negativo que estas prácticas tienen en la calidad de los servicios del Estado y las empresas privadas.
La ley de ratificación sancionada ayer contó con 241 votos favorables del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, Unidad para el Desarrollo, Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Izquierda. El convenio había sido aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019. Fue elaborado por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.
"Es una conquista del movimiento de mujeres"
La diputada nacional por el Frente de Todos y dirigente gremial del SADOP Santa Fe, Patricia Mounier, celebró la iniciativa. "Esta es una conquista del movimiento de mujeres, pero por sobre todo, de la militancia de las mujeres sindicalistas. Tendremos que continuar con esa lucha para que se incluya en los convenios colectivos de trabajo y en las discusiones paritarias", indicó Mounier.
Al mismo tiempo, la legisladora informó que según la Agencia Contra la Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, casi el 65% de las denuncias por violencia y acoso laboral están realizadas por mujeres. "Este convenio considera que acceder a un trabajo libre de violencias y de acoso es un derecho humano y aplica a todos los sectores, público o privado y también al sector informal", destacó por último.
