Un informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins documenta las violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento abiertos en Formosa por el gobierno de Gildo Insfrán en el contexto de la pandemia. También se detectaron abusos por parte de las fuerzas policiales. Demandan el accionar del gobierno nacional para evitar este tipo de situaciones.
El gobierno de Formosa ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid 19, señalaron a través de un informe Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.
Desde abril de 2020, más de 24 mil personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias.
Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid 19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social y la prevención de la enfermedad.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”.
“El gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del Covid 19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”, indicaron.
Entre enero y marzo de 2021, Human Rights Watch entrevistó, por teléfono, a 45 personas en Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. “La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos”, afirma HRW. “Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo”.
Centros de aislamiento
El informe de HRW detalla que “según los primeros protocolos provinciales, quienes llegaban a Formosa, con independencia de si habían estado expuestos al Covid 19, y quienes tuvieron contacto estrecho con personas con resultado positivo, eran enviados a centros de cuarentena, conocidos como ‘centros de alojamiento preventivos’”. “Las personas confinadas en estos centros no pueden salir, están en general bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”, agrega.
La mayoría de los entrevistados describieron estos lugares como “insalubres y hacinados”. Según el relevamiento, en algunos centros de cuarentena, las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo.
Asimismo, mezclaron personas con resultados de test positivos con otras cuyo resultado era negativo o que aún esperaban sus resultados. El gobierno de Formosa sostiene que hay personal médico y de enfermería asignado en forma permanente a centros de aislamiento y cuarentena, pero varios entrevistados por HRW afirmaron que tuvieron acceso limitado a atención médica oportuna y adecuada.
Los entrevistados describieron que había “habitaciones” improvisadas, separadas solamente por paredes de cartón, en una cancha extensa y cubierta. Esta descripción coincide con fotografías y videos de la instalación que revisó Human Rights Watch. Entre seis y diez personas, en muchos casos de diferentes grupos familiares, compartían una “habitación” improvisada. Las camas estaban una al lado de la otra.
Algunos de los centros ni siquiera se limpiaban, dijeron más de 20 entrevistados. Las personas en cuarentena y aislamiento afirmaron que la higiene era muy deficiente, especialmente en los baños. Aunque los protocolos especifican que debe haber personal encargado de limpiar los espacios comunes, varios entrevistados dijeron que tenían que limpiar los baños y las duchas ellos mismos. Varias mujeres dijeron que temían que sus hijos se enfermaran por las condiciones insalubres.
En algunos establecimientos se colocaron candados y cadenas en las puertas que impidieron que las personas salieran. El peligro de esta práctica se hizo evidente en enero en el Estadio Cincuentenario, cuando un grupo amenazó con prender fuego a sus colchones en señal de protesta. “Si hubieran hecho eso, estaríamos muertos, porque estábamos encerrados allí”, dijo a Human Rights Watch una mujer que compartió un video del episodio.
Otras personas pudieron realizar cuarentena en hoteles y, a menudo, describieron mejores condiciones. Muchos dijeron que tuvieron que pagar para estar allí. En ocasiones, las puertas de los hoteles se cerraban desde el exterior sin posibilidad de comunicación confiable que garantizara que las puertas pudieran abrirse rápidamente en caso de necesitar asistencia urgente, incluyendo de tipo médica. Esto los expuso a un riesgo injustificado.
Varios médicos de Formosa comentaron a Human Rights Watch que las normas restrictivas y las condiciones de los centros han desalentado a la gente a buscar atención médica o realizarse pruebas de Covid 19. Los médicos añadieron que aconsejaban a los pacientes con síntomas leves de la enfermedad que se aislaran en sus casas, pero no los enviaban a realizarse las pruebas debido a las condiciones deficientes de los centros.
Human Rights Watch analizó fotografías y videos de varios centros que corroboran lo manifestado por 45 entrevistados acerca de las condiciones de insalubridad, y consultó información oficial, informes de prensa y protocolos sobre Covid 19 que emitió el gobierno de Formosa. Es muy probable que el incumplimiento de los propios protocolos, junto con las condiciones insalubres de los centros y las estadías excesivas, hayan contribuido a que se propague el Covid 19, violando el derecho a la salud de quienes estaban siendo retenidos allí, afirmaron los organismos.
Llevados por la policía, sin consentimiento
El informe de HRW señala que las autoridades sanitarias y la policía de Formosa realizan “búsquedas activas” en barrios donde viven personas que tuvieron un resultado positivo para identificar a otros que hayan tenido contacto con ellos o con personas que podrían estar infectadas, realizarles pruebas y trasladarlas a centros de cuarentena o de aislamiento, a veces antes de contar con sus resultados.
Once personas entrevistadas dijeron que policías, en algunos casos acompañados de profesionales de la salud, los llevaron de sus casas en medio de la noche a centros administrados por la provincia, alegando como justificación que habían tenido contacto estrecho con algún familiar que había dado positivo. Muchos afirmaron que la policía no les permitió empacar la ropa ni los artículos de higiene personal que necesitaban. En algunos casos, los trasladaron en vehículos durante horas, mientras la policía recogía a otras personas que supuestamente también habían tenido contacto con casos positivos, y las mezclaba en camionetas o ambulancias. Algunos dijeron que no les proporcionaron tapabocas durante los viajes.
Hasta el 16 de febrero, Formosa había confinado a más de 24.000 personas en 188 centros de cuarentena y aislamiento, de acuerdo con información oficial. Human Rights Watch documentó 30 casos de personas confinadas entre enero y marzo en centros cuyas condiciones contravienen las normas internacionales de derechos humanos, las recomendaciones de la OMS y, en muchos casos, los propios protocolos de Formosa. Ello constituye una detención arbitraria.
Personas que se encontraban en algunos centros de cuarentena dijeron que las autoridades les informaron que tendrían que permanecer en cuarentena por 14 días y dar negativo al menos dos veces, y, en ocasiones, tres. Algunas personas dijeron que les hicieron pruebas hasta 11 veces, lo que sugiere una posible exposición a quienes habían dado positivo en el propio centro de cuarentena.
Los protocolos de cuarentena y aislamiento de Formosa requieren que las personas trasladadas a centros de aislamiento y cuarentena otorguen su “consentimiento informado”. Sin embargo, varios entrevistados dijeron que autoridades no identificadas en estos centros les dijeron que firmaran un formulario de consentimiento apresuradamente, sin permitirles leer el documento completo. Después de firmar, algunos solicitaron una copia, pero se les negó.
Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Como es obligatoria y las personas no pueden salir, la cuarentena constituye una privación de la libertad. "El gobierno está obligado a cuidar de las personas detenidas y no puede eximirse de su responsabilidad", advierte el organismo.
Clorinda
Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades de Formosa impusieron un “bloqueo sanitario” en Clorinda, una ciudad de 53 mil habitantes ubicada en la frontera con Paraguay. Como parte de este bloqueo, suspendieron el transporte público y han exigido que todos aquellos que pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de Covid 19 y obtengan autorización de la policía. Estas restricciones han obstaculizado seriamente la posibilidad de los residentes de Clorinda de obtener atención médica debido a que el acceso a tratamientos médicos es muy escaso en esa ciudad.
El 12 de marzo, un tribunal federal ordenó al gobierno de Formosa flexibilizar el bloqueo sanitario de Clorinda en un plazo de cinco días. El tribunal afirmó que las restricciones habían vulnerado los derechos a la salud y la educación. El 23 de marzo, el gobierno provincial estableció un nuevo protocolo que permite que las personas en Clorinda viajen dentro de la provincia presentando un PCR negativo a las autoridades.
"Las cuarentenas obligatorias que aumentan el riesgo de contagio al coronavirus no sirven para proteger a la población del Covid 19 y, al constituir una limitación innecesaria a la libertad personal, podrían considerarse detenciones arbitrarias conforme al derecho internacional de los derechos humanos", señaló Human Rights Watch.
¿Y la Secretaría de Derechos Humanos?
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó a Human Rights Watch que las personas entrevistadas “no manifestaron cuestionamientos sobre las condiciones de higiene o la atención sanitaria” en los centros que visitó, pero que su oficina registró “problemas puntuales” relativos al acceso a información sobre salud y a reunificación familiar, así como casos de brutalidad policial contra miembros de comunidades indígenas.
El equipo de la secretaría solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda. Aunque las autoridades de Formosa confirmaron a Human Rights Watch que habían establecido 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí.
El secretario Pietragalla y su equipo indicaron a Human Rights Watch que la intervención de su secretaría para promover un diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales contribuyó a que el gobierno de Formosa adoptara nuevos protocolos en febrero, así como al cierre del Estadio Cincuentenario. Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos.
Después de las protestas del 5 de marzo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”. Sin embargo, también se refirió a la “permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial”.
La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins.