El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular es un primer paso para garantizar los derechos del sector. Un informe reciente confirma que la mayoría de las precarizadas son mujeres.
Durante 2020 comenzó a implementarse el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) en todo el país. Es el primer paso hacia la formalización de una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que han quedado al margen de las relaciones asalariadas tradicionales. Gracias a la lucha de los movimientos sociales, en 2016 se logró la sanción de la Ley de Emergencia Social 27.345. Esa norma estableció la creación del Registro, cuyo informe preliminar se publicó la semana pasada: más de dos millones de personas se inscribieron hasta el momento. Son trabajadoras de merenderos, albañiles, manicuras, feriantes, trapitos, campesinas, entre otros rubros.
“El primer objetivo del Renatep es visibilizar el universo de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, en términos de su cantidad y sus características”, explicó a Pausa la ex diputada nacional y actual legisladora provincial Lucila De Ponti, una de las autoras de la Ley 27.345. “Un segundo paso es ir avanzando en el acceso a derechos de la seguridad social, como aportes jubilatorios y una obra social a través de distintos tipos de monotributo para sectores con menores niveles de facturación, como el social, el rural o las categorías A y B. Una vez que te inscribís al Renatep se habilita un acompañamiento del Estado para el registro en el monotributo”, indicó la referenta del Movimiento Evita. Además, el Renatep habilita una cuenta bancaria y la paulatina incorporación a programas de empleo, nacionales, provinciales o municipales.
“Otro factor importante es que, a quienes producen de manera colectiva pero no integran alguna cooperativa o una institución formal, la inscripción al Renatep les permite acceder a formas de asociativismo más sencillas, que tienen que ver con la posibilidad de facturar colectivamente”, destacó De Ponti.
"El objetivo de visibilizar y conocer por parte del Estado el mundo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular está directamente relacionado a la posibilidad de construir políticas laborales para la estructura socioeconómica que Argentina tiene en el siglo XXI", analizó la legisladora. "No es solo un proceso de Argentina, sino de la región, que tiene que ver con la evolución del capitalismo, sobre todo en su fase de concentración, de las políticas neoliberales y de la financiarización, que ha generado una reducción del mundo del trabajo formal más clásico, como se lo conoció en el siglo XX", señaló. Según De Ponti, "hay un 30% de la población económicamente activa que no está inscripta en una relación formal de trabajo".
“Hay un cambio de paradigma forzoso -indicó la diputada- generado por las transformaciones en la estructura socioeconómica". "No es que los trabajadores de la economía popular eligen construir otro tipo de formas de trabajo o de producción, sino que no les queda otra opción porque de alguna manera han sido descartados del sistema formal", consideró. "La economía social y cooperativa más tradicional tiene un punto de encuentro con la economía popular, pero de alguna manera la economía popular es un fenómeno social más grande, que tiene que ver con abordar la cuestión social de este siglo, donde la pobreza estructural está mucho más determinada por la imposibilidad de acceder a un trabajo digno y a determinadas condiciones de inclusión económica", explicó. "Por lo tanto tiene que ser un objetivo fundamental de las políticas de Estado", valoró.
Los datos del informe
Entre julio de 2020 y febrero de 2021 se inscribieron al Renatep 2.093.850 trabajadoras y trabajadores. El 4,4% de esa cifra (94.129) pertenece a la provincia de Santa Fe. Del informe preliminar se desprende que la mayoría de las y los inscriptos residen en la provincia de Buenos Aires (35,7%). “Entendemos que en la provincia de Santa Fe hay un universo potencial de 600 mil personas que podrían incorporarse al Renatep y a las distintas políticas de la economía popular. Esto tiene que ver con el análisis de los datos de la población económicamente activa e inclusive de las personas que han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, aseveró De Ponti.
Las mujeres superan en cantidad a los varones (57,1%, relación inversamente proporcional a la observada en el sector privado, donde las trabajadoras representan el 33%). La tendencia se mantiene en casi todas las ramas, excepto en aquellas históricamente masculinizadas como transporte y construcción. Además, 1881 personas se auto perciben como feminidades trans/travesti, 1299 como masculinidades trans y 1809 se declaran como pertenecientes a otras categorías de género.
Para De Ponti, la mayor presencia de mujeres en el registro obedece a “una fuerte presencia de algunos rubros del trabajo de la economía popular que están feminizados en términos de quiénes realizan ese trabajo. Me refiero a las tareas de cuidado y también de lo que llamamos servicios sociocomunitarios, que tienen que ver con el trabajo de cuidado, pero en el marco de organizaciones colectivas o comunitarias”, aclaró. “Una gran porción de las inscriptas al Renatep son trabajadoras cuidadoras que desde hace muchísimos años realizan ese trabajo en la mayor informalidad y exclusión. Muchas veces incluso no reconociéndolo como trabajo, sino como un acto solidario o afectivo frente a una persona que necesita ser cuidada”, indicó.
Las personas inscriptas al Renatep conforman una población mayoritariamente joven y de mediana edad: el 54,3% tiene entre 25 y 45 años. La incidencia de les más jóvenes también es significativa, ya que la franja que va de los 16 a los 24 años representa el 30,2% de las inscripciones. Por otra parte, el 60,9% de quienes se registraron no completaron los estudios obligatorios.
En cuanto a la organización del trabajo, los datos arrojan que en más de la mitad de los casos se trata de unidades productivas individuales (58,6%) y cuando se observan las formas colectivas de trabajo se obtiene un predominio de las organizaciones sociales y comunitarias (23,4%). Otro dato a destacar es que la mayoría (64%) realiza sus tareas en espacios domiciliarios (propios y ajenos). De esta manera, se advierte una imbricación de actividades productivas y reproductivas. La precariedad en que trabajan quienes sostienen la economía popular en el país, hace que las pertenencias personales se pongan a disposición del trabajo, inclusive la vivienda.
Respecto a los datos desagregados por rama de actividad, más de la mitad de las inscripciones se encuentra en el rubro Servicios socio comunitarios (28,6%) y por la de Servicios personales y otros oficios (30,7%). Ambas se destacan por la feminización de las tareas vinculadas a las mismas, aunque difieren claramente entre sí en lo que respecta a la forma de organizar su trabajo. Mientras en la primera predomina el trabajo comunitario en organizaciones de este tipo, en la segunda la inmensa mayoría trabaja de forma individual. Le siguen, por cantidad de inscripciones, Comercio popular (13%), Construcción (9,9%), Agricultura familiar (8,6%), Industria manufacturera (4,1%), Reciclado (3,9%) y Transporte (1,3%).
“Es posible afirmar que una gran cantidad de las personas inscriptas en la rama socio comunitaria está relacionada con la coyuntura de emergencia social y alimentaria producto, principalmente, del proceso de recesión económica sostenida desde mediados de 2018 y profundizada –en términos económicos, sociales y sanitarios– por los efectos de la pandemia de Covid 19”, sostiene el informe.
En relación a la situación fiscal, sólo el 5,2% de las personas que se anotaron al Renatep se encuentran inscriptas de manera individual en alguna categoría tributaria. La mayor parte está adherida al monotributo social y el resto se distribuye entre las categorías A y D del régimen simplificado, concentrándose especialmente en la primera. Por otra parte, solo el 22,4% percibe la Asignación Universal por Hijo y solo el 22,1% se encuentra incluido el programa Potenciar Trabajo, orientado a fortalecer e impulsar el trabajo que se desarrolla en la economía popular.
“El Registro es un gran paso en el reconocimiento de derechos de las y los trabajadores de la economía popular. Queremos avanzar también en el acceso a programas de capacitación y acompañamiento, a redes de comercialización y a la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera”, propone el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en la introducción al informe.
Una lucha de las organizaciones
Carlos Abad, integrante del secretariado nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y referente de Nuestra América, resaltó que el Renatep es el resultado “de una lucha histórica de los movimientos populares, de poner de relieve la necesidad de visibilizar que en el país hay un gran sector de trabajadores y trabajadoras sumidos en la informalidad y en la precariedad laboral. Es decir, sin el goce de una relación laboral salarial tradicional”, especifica. “Son el 40% de los trabajadores económicamente activos del país”, precisa el entrevistado. “Desplazados del sistema formal de trabajo, se tienen que inventar el laburo”, describe.
Durante los últimos diez años, diversas organizaciones sociales evidenciaron la necesidad de que esta masa de trabajadoras y trabajadores cuente con un instrumento organizativo que represente la necesidad de gozar de derechos laborales y sociales. “Eso hizo que se cree la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ahora UTEP, cuya lucha principal es la visibilidad”, explica Abad. “Es decir que el conjunto de la sociedad pueda notar que prácticamente la mitad de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina se encuentran en la informalidad”, puntualiza. “Por eso se crea el Renatep, por la necesidad de visibilizar las dimensiones de este enorme universo de trabajadoras y trabajadores de la economía popular”, enfatiza.
Abad relató que el gobierno nacional tomó esta demanda histórica de los movimientos populares y le asignó un estatus institucional a través de la Secretaría Nacional de Economía Popular, a cargo de Emilio Pérsico (Movimiento Evita).
En el informe presentado a nivel nacional los datos no están desagregados por localidad, pero en base a su experiencia militante Abad ofrece una descripción del mapa de la economía popular en la capital provincial. "Si bien las tareas de estos trabajadores se ven en toda la ciudad, principalmente sus actores son los de los barrios populares", dice. "El trabajao se refleja en el trapito, en el feriante, en el trueque, en el albañil que trabaja informalmente, en el que recicla, en los ladrilleros que trabajan en el noroeste de la ciudad, en los trabajadores de la tierra, en los pescadores", graficos. En ese sentido, el referente de la UTEP comenta que recientemente mantuvieron una reunión con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) para que incorpore en próximos censos variables de medición que den cuenta de las actividades laborales del sector.
"Los inscriptos a nivel nacional en el Renatep son 2,5 millones de personas, y diversos análisis calculan que la masa de trabajadores informales en Argentina es prácticamente de 9 millones de personas", dice Abad. "Esto se va a ir construyendo de a poco, nunca hasta hoy hubo una medición oficial de los trabajadores informales en Argentina. El diagnóstico final va a llevar uno o dos años más", calcula.
En septiembre pasado, la provincia de Santa Fe firmó un convenio con la Nación para impulsar el desarrollo del Renatep. "Sin embargo, hasta el momento, la principal tarea de inscripción la han realizado las organizaciones sociales", dice De Ponti. Si bien la legisladora señala el respaldo del gobierno provincial y nacional, sostiene que "puede haber una política más contundente en ese sentido". "Santa Fe necesita tener instituciones mucho más jerarquizadas que puedan diseñar, planificar y desarrollar las políticas destinadas a la economía popular. Hoy la provincia no tiene ninguna legislación ni una institución del Poder Ejecutivo específicamente destinada a este objetivo y nos parece que tiene que ser un debate que se dé en los próximos meses", expresó.
Sobre el trabajo realizado desde la organización para poner en marcha el Renatep, Abad sostiene que “muchas veces las y los trabajadores son parte de la economía popular, pero nunca habían escuchado ese concepto. Por lo tanto, no se conciben a sí mismos como trabajadores de la economía popular. Entonces es un trabajo doble: no solo de inscripción, sino de concientización”. Para De Ponti, ese fenómeno se explica "con el impacto cultural del neoliberalismo, que privó a este sector de la población entenderse como parte del mundo del trabajo y como sujetos de derechos". "Una de las principales metas de esta política de la economía popular es que los trabajadores excluidos de Argentina puedan asumirse como trabajadores y que merecen los mismos derechos que el resto de los trabajadores", apunta.
