El control de los acuerdos de precios es una de las herramientas fundamentales y requiere del compromiso de los gobiernos locales.

Cuáles son las herramientas que tiene el sector público para intervenir en el mercado y bajar la inflación.

Por María Eva Bellini (*)

Durante la gestión del Frente de Todxs, desde enero del año 2020 hasta abril de 2021, han pasado 16 meses. En ocho de ellos, el rubro alimentos tuvo un incremento mensual de 4% o más. Solo dos meses no superaron el 2% y tan solo un mes (mayo de 2020) fue menor al 1%.

¿Qué elementos tiene entonces el Estado para poder llevar adelante un mecanismo de control de precios? ¿Puede intervenir con efectos? Veamos qué hizo cada uno…

El Estado Nacional

Frente a esta situación el Estado Nacional al inicio de su gestión, previo a la pandemia, implementó la Tarjeta Alimentaria principalmente para mejorar el poder de compra de los sectores populares en el costo de la canasta alimentaria. Sin embargo, esta política de transferencia de ingresos permite acceder a los alimentos, pero no regular su precio.

Fue a partir de la situación de pandemia que el 19 de marzo de 2020 se implementó el Programa de Precios Máximos para una canasta de bienes de casi 2300 productos relacionados con el consumo masivo. El programa obligaba a retrotraer los precios al valor del inicio del mes de marzo. Esta estrategia, aún vigente, sirvió para lograr que durante los meses de abril y mayo la inflación no supere el 1,5% y que para el caso de Alimentos en mayo no supere el 0,5%, y en junio y julio se mantenga alrededor del 1,2%. Los precios máximos prohíben a las cadenas de comercialización masiva elevar por encima de determinado nivel los precios de los productos acordados. Con el paso del tiempo la Secretaría de Comercio de la Nación, quien tiene a cargo el programa, desafectó productos y habilitó a incrementar el valor de los precios máximos. Actualmente solo contempla 36 categorías de productos cuando en su comienzo arrancó con 50.

Por otro lado, se continuó con la política de Precios Cuidados que se implementó a partir del año 2013 en nuestro país. Los bienes de consumo masivo que integran el programa permiten a los consumidores establecer precios de referencia, para que luego al momento de decidir qué producto comprar sepan cuán lejos o cuán cerca están de lo que podría asimilarse a un “precio justo”, en función de los costos de producción del mismo. Hasta el momento forman parte del programa 670 productos de diferentes marcas y su período de actualización es trimestral.

¿Cuál es la diferencia entre Precios Máximos y Precios Cuidados? Principalmente que Precios Cuidados surge del acuerdo con las empresas que desean participar en el mismo, mientras que Precios Máximos lo determina arbitrariamente el Estado Nacional, en este caso (y casi siempre sucede así) ante situaciones de extrema necesidad y/o situaciones coyunturales, donde sus actualizaciones y renovaciones también las toma el Estado.

Las dos medidas tienen que ver con el último eslabón de una cadena: la comercialización. Sin embargo, también el Estado Nacional puede ejercer influencia en otros tramos, como por ejemplo ante esta situación de incremento de los precios internacionales de los alimentos, se podría utilizar un esquema de retenciones móviles en los productos que se exportan y son parte de nuestra dieta. En el caso de la carne, debería ser al maíz y en los cortes de carne que consumimos las y los argentinos. ¿Por qué retenciones móviles? Porque ante un aumento de precios internacionales, establecer retenciones permite desacoplar los precios de comercialización local de los internacionales y de esta manera evitar el impacto en los precios internos.

Vinculada al comercio exterior también, cómo se aplica ahora, están las cuotas o límites a la exportación de determinados productos. Aquí hay que ser estratégicos en cuál producto, dado que el país también para fortalecer su economía necesita divisas y generar trabajo, por ende, deberían ser aquellos donde el agregado de valor sea mínimo.

Algunos otros economistas, ante estas situaciones, apelan a que el Estado, con el objetivo de disminuir precios, elimine impuestos que forman parte de la estructura de costos de los bienes. Uno de los más nombrados es la disminución del IVA. Sin embargo, cuando el gobierno de Cambiemos lo aplicó en una canasta de bienes, no tuvo ningún efecto dado que el mismo es un impuesto indirecto. Los que pueden ser más eficaces son los impuestos directos (como los aranceles a la importación) que no es posible trasladarlos al precio tan fácilmente.

Otra herramienta que aún continúa vigente es la devolución con un tope de $700 pesos del 15% de la compra para sectores vulnerables (jubialdxs con la mínima, beneficiaron de la AUH) con tarjeta de débito. Esta también es una política de transferencia de ingresos.

Recientemente, pero solo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, se lanzó un programa de Mercado Federal Ambulante con el objetivo de implementar cadenas cortas de comercialización entre las familias productoras y las consumidoras, donde los precios pueden ser significativamente menores a los de una góndola de supermercado.

También la Ley de Góndolas, que ya tiene su reglamentación, permite la regulación de la oferta variada de un mismo producto, con precios claros y con el acceso de otros productores. Será de aplicación obligatoria en las superficies de más de 800 metros cuadrados. Si bien no tiene un impacto directo en los precios, sí permite la democratización económica de las góndolas y que más actores puedan acceder a ellas.

El Estado provincial

Los Estados provinciales también pueden generar herramientas para contener el precio de los alimentos y bienes de consumo masivo. Es el caso de Precios Santafesinos que en la actualidad son más de 200 productos que integran el acuerdo en diferentes lugares de la provincia. El objetivo es similar a la estrategia de Precios Cuidados: establecer precios de referencia donde las empresas que deciden ingresar al programa voluntariamente, mantienen el precio un determinado período de tiempo. La diferencia con el programa nacional es que son marcas de la provincia, lo que les da una posibilidad a productores locales de promocionar también su producción. En este sentido no solo incluye la cadena de comercialización sino a fabricantes.

Además, también la provincia estableció un tope máximo a las plataformas de delivery que en el marco de la pandemia encarece sensiblemente los bienes comercializados. El tope se fija en un 25% más IVA.

Por otro lado, también existe una política de transferencia hacia la demanda como es la Billetera Santa Fe, la cual mediante el pago por billetera virtual reintegra hasta 5000 pesos mensuales en los distintos rubros, que en su mayoría se utiliza para la compra en supermercados de alimentos. También es un programa al que se adhiere voluntariamente el comerciante y las personas beneficiarias, donde como novedad no es necesario disponer de tarjetas de débito o crédito.

Los gobiernos locales

En muchos gobiernos municipales y comunales, las estrategias de ceder espacios públicos para la realización de ferias de cercanía son una herramienta muy importante para generar espacios de comercialización corta, achicando la cadena de intermediarios que forman el precio. De esta forma se benefician tanto productores como consumidores.

Los precios que el Estado Nacional, Provincial y Municipal no han modificado durante el año 2020 fueron aquellos que están regulados, es decir todos aquellos bienes o servicios que la actualización requiere expresa autorización estatal. Alguno de ellos como la luz, el agua, el gas y el combustible que tienen distintas etapas de intervención de cada nivel de Estado tienen un peso significativo en la estructura de costos del sector productivo, como así también su precio de producción está relacionado con el tipo de cambio. A partir del último trimestre del 2020, como en lo que va del año 2021, los precios regulados se han ido actualizando y claramente incide en el nivel de precios del resto de la economía.

Las organizaciones sociales

Si bien no tienen el poder de regular la situación inflacionaria, muchas de ellas son las que sostienen los espacios de comercio de cercanía, redes de familias productoras y consumidoras, y piensan creativamente estrategias para que todos y todas podamos comer no solo a un precio justo, sino alimentos de calidad.

Así también como los espacios comunitarios que sostienen comedores o copa de leche, si bien muchos de estos reciben transferencias del Estado, son quienes organizan y realizan los procesos de compra de insumos, fabricación y distribución de los alimentos. Trabajo voluntario desarrollado mayoritariamente, y sin remuneración, por mujeres.

Coordinación y creatividad

En este sentido, queda claro, que todos los niveles de Estado tienen alguna herramienta para intervenir en el proceso inflacionario, algunas con una mayor influencia que otras y más efectivas en la coyuntura y el corto plazo para resolver la urgencia. Y hay otras que requieren de un tiempo para que se vean los resultados. La necesidad de mayor coordinación y mayor creatividad de intervención en este contexto se hace imperiosa para garantizar el acceso digno a los alimentos.

(*) Licenciada en Economía

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