Amnistía Internacional: «El gobierno de Nicaragua es responsable de la desaparición forzada de sus críticos»

La organización internacional denuncia al menos 10 desapariciones forzosas en Nicaragua y acusa al régimen de Ortega de utilizar esta técnica para reprimir a sus opositores.

Amnistía Internacional (AI) publicó esta semana los resultados de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y de forma tajante denuncia la desaparición forzosa de al menos 10 personas entre las que hay periodistas, activistas y opositores al régimen de Daniel Ortega.

«A partir del 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega inició una nueva fase de su estrategia represiva. Entre los elementos característicos de este periodo se tiene la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al gobierno. Desde esa fecha hasta el 2 de agosto, más de treinta personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos», comienza diciendo el informe. «Luego de un riguroso análisis de la información disponible, Amnistía Internacional concluyó que la ocultación del paradero de diez personas detenidas constituye desaparición forzada a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos».

Las desapariciones estudiadas por la organización son las de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez. En el informe, AI informa que «analizó copias de documentación oficial disponibles y relacionadas con los casos de 10 de las personas detenidas. Adicionalmente, entrevistó a personas de sus círculos cercanos y asesores legales con conocimiento de los casos, y analizó documentación emitida por organismos internacionales y reportes de medios de comunicación. Los casos que la organización pudo analizar no son aislados y representan la realidad de un número más amplio de personas que han sido detenidas recientemente y cuyos casos comparten importantes similitudes con estos».

AI sostiene que «la desaparición forzada es un crimen de derecho internacional» y que se trata de «una de las más graves violaciones a los derechos humanos». Estas desapariciones implican «la violación de un conjunto de derechos humanos» entre los que se encuentran la privación de libertad o la negativa a reconocer si se ha producido o no la detención o la negativa a informar sobre el paradero de los detenidos.

Pese a que los familiares de los desaparecidos han solicitado en numerosas ocasiones información sobre su paradero, el Estado nicaragüense no ha ofrecido ningún dato al respecto más allá de que están bajo su custodia. «Si bien en los casos analizados las autoridades nicaragüenses han confirmado públicamente que tienen bajo su custodia a las personas detenidas, este reconocimiento resulta a todas luces insuficiente. En virtud de su condición de garante, el Estado “no solo está obligado a no negar su detención, sino que además tiene una obligación de proveer información sobre la persona detenida”», indica Amnistía.

Según la investigación «la única información recibida sobre la posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ)», donde las familias sospechan que pueden estar detenidos.

La legislación del país señala que los detenidos tienen derecho a «comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación de asesoría jurídica, para informar sobre su detención, dentro de las primeras tres horas», algo que no les ha sido permitido, incumpliendo el Estado su propia ley. Asimismo, AI indica que cualquier detenido debe compadecer ante un tribunal de justicia ordinaria, algo que no ha ocurrido.

Este hecho no solo es un problema para los propios detenidos, AI señala que también «causa impactos directos en el núcleo familiar de la persona desaparecida». Familiares y personas cercanas sostienen que es una «angustia» el no saber dónde están sus seres queridos. Es el caso de la hija de Tinoco, uno de los desaparecidos, que tiene un cáncer muy avanzado. «Si estoy muriendo y estuviera agonizando, por favor, déjenme ver a mi padre, déjenlo despedirse de mí», ha pedido la joven a Ortega.

Desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional ha emitido recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades estatales han ignorado. En consecuencia, la organización insta a las autoridades locales a:

-Poner fin al hostigamiento y amedrentamiento de personas disidentes o percibidas como opositoras.
-Acabar con las detenciones arbitrarias y liberar inmediatamente a las personas detenidas solamente por ejercer sus derechos.
-Poner fin a la práctica de la desaparición forzada y reparar a las víctimas-incluyendo a los familiares de las personas desaparecidas; así como investigar, y en su caso sancionar a los responsables de dichas desapariciones.
-Dar inmediato cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-Adherir prontamente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e implementar dicho tratado en la normativa interna de Nicaragua.
-Acceder a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas sin formular reserva alguna e implementar sus disposiciones en la legislación nicaragüense, admitiendo a la vez la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y considerar denuncias formuladas por las víctimas o sus representantes, y por otros Estados parte.

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