Tras estafar a medio mundo por cerca de 99 mil millones de pesos, la empresa emblema del macrismo ruralista busca licuar casi completamente su deuda, rompiendo todas sus promesas de pago formuladas cuando se resistían a la estatización.
“Qué garantía pueden tener los productores de soja y de cualquier otra semilla de que el Estado les va a pagar”, decía en pleno banderazo Don Héctor Vicentín, accionista de Vicentín con $4.490.853 de acreencias, el 20 de junio de 2020. La resistencia a la expropiación y estatización de la empresa, que venía de dejar un tendal por 99 mil millones de pesos, se justificaba en la bonhomía rural, en la historia de una de las empresas agroexportadoras más grandes del país. “Vamos a tratar de pagar la mejor manera posible, si me decís que vamos a pagar mañana te voy a decir que no, pero vamos a pelearlo”, decía Don Héctor. Poco más de un año después se ve cuánto vale la palabra de un hombre de campo: a los deudores le quieres pagar en 20 cómodas cuotas a 20 años apenas el 25% de la deuda total.
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Vicentín apunta a cerrar su estafa con una propuesta de pago a sus acreedores donde se quita el 75% de la deuda y el resto se paga a 20 años. El directorio de la empresa, en concurso de acreedores, hizo la propuesta en la Justicia. Originariamente, se le reclamaban pagos por más de 99 mil millones de pesos. El principal perjudicado –tanto por la quiebra como por la oferta– es el Banco Nación, que fue vapuleado por la empresa durante el último año del macrismo. Al erario público –yendo desde estafas a comunas o a la EPE, aduana, AFIP y otros bancos propiedad de todes– le dejaron un hueco de más de 22 mil millones de pesos totales. A los productores rurales, principales activistas de que la empresa no fuera recuperada bajo control del Estado, le debían el equivalente a 450 millones de dólares. De acuerdo a la propuesta, los defensores de las familias ricas de Avellaneda y Reconquista ahora deberán repartirse apenas 112 millones de dólares y en 20 años.
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Más allá de las deudas que contrajo en su país y en su provincia, los principales acreedores son distintos bancos internacionales a los que no les pagó cerca de 500 millones de dólares. Con la firma del presidente del directorio, Omar Scarell, y el abogado Guido Ferullo, el sábado por la tarde Vicentín oficializó la propuesta ante el juez que lleva la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini.
El 25% de la deuda que se compromete a pagar Vicentín se convertirá en Obligaciones Negociables (algo así como pagarés), en pesos y en dólares, según la moneda de la deuda, a pagar en 20 partes, una cada año. Los deudores en pesos tendrán un interés a la tasa Badlar –que normalmente queda debajo de la inflación, los deudores en dólares tendrán una tasa del 0,5%, siempre sobre el saldo y no sobre el total, como paga la gilada cuando saca cualquier préstamo bancario.
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Para los acreedores privilegiados, como el Banco Nación y la AFIP, entre otros, “se realizarán negociaciones específicas en cada caso, que podrán incluir también cualquiera de las opciones previstas” en la propuesta presentada a los quirografarios. La sucesión de créditos del Banco Nación en 2019 es obscena: el Nación le dio a Vicentín dos créditos en abril, 12 en mayo, 10 en junio y 11 en julio. Mauricio Macri perdió la elección en octubre y entonces pisaron el acelerador y le dieron 28 créditos a la empresa en noviembre. Una aberración financiera
Se especula es que la propuesta es testimonial, está hecha para ser rechazada, pero que representa un punto de partida para que se haga otra con un pequeño avance, demostrando así voluntad de negociación y de “mejora de oferta”. La propuesta aclara que “durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, la concursada mantendrá la libre administración y disposición de sus bienes”, lo que manifiesta el tupé del directorio, explicitando sus intenciones de mantener el control de la compañía.
Cabe recordar que antes de que explotara la situación de la empresa, Vicentín venía de tener cuatro años ideales para su negocio. La empresa financió varias campañas de Cambiemos y Juntos por el Cambio; actualmente Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, uno de los líderes de la movida contra la estatización de la empresa, es precandidato a Senador por el macrismo, detrás de la panelista Carolina Losada.
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En 2019, todo junto y a la vez, le sacaron más de 18 mil millones de pesos al Banco Nación –de forma completamente irregular–, vendieron el 16,67% de sus acciones en Renova, perdiendo el control del complejo cerealero exportador más grande del mundo en manos de la extranjera Glencore y, a los dos días, el 4 de diciembre, se declararon en stress financiero, por lo que dejaron 1895 deudas con productores agropecuarios y 586 con proveedores de bienes y servicios, sin contar ratoneadas como no pagar impuestos en comunas perdidas del norte provincial o seguir endeudando a la empresa con la misma Renova que acababan de soltar, por 629 millones de pesos impagos entre el 2 de diciembre –cuando vendieron las acciones– y el 6 de febrero de 2020, cuando la joda se cortó después de Gagliardo Agrícola Ganadera –siete millones de muerto– se presentara en tribunales rosarinos con pedido de quiebra.
