Macri defiende a Añez frente a la condena por el golpe de Estado en Bolivia

El ex presidente Mauricio Macri repudió la condena a la ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez a través un comunicado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). "Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió", afirma el texto que también lleva las firmas de los ex mandatarios Sebastián Piñera y Julio María Sanguinetti, entre otros.

Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado “caso golpe de Estado II” en el que se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Este sábado, se difundió el comunicado de IDEA en el que Macri junto a dirigentes como los expresidentes bolivianos Carlos Mesa y Jorge "Tuto" Quiroga, el español José María Aznar, Felipe Calderón y Ernesto Peréz Balladares sostienen que Añez “está detenida ilegalmente”. “Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito del enjuiciamiento penal al que se encuentra sometida la expresidenta constitucional y de transición de Bolivia, Jeanine Áñez, hacen saber que para la democracia en la regiónes imprescindible el respeto de los derechos humanos como la garantía del Estado de Derecho”, comienza el texto.

“Preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”, remarca el texto. Contrariamente, el Gobierno de Bolivia aseguró que la condena es justamente "un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado".

A continuación, el documento de IDEA insiste en que en 2019 “la línea de sucesión le correspondía legítimamente” a Añez, y que la validez de esa sucesión de Áñez fue ratificada por el garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que lo hizo de manera pública al recibirla para inaugurar el año judicial. Además, se basa en el reconocimiento de la misma por parte de la comunidad internacional, incluidas las “Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región”.

Frente a todo lo expuesto, Macri y sus pares cuestionan: “Ahora, un juzgado local pretende sentenciarla, acusada por el fiscal general designado por Morales, que permaneció en el cargo durante la transición y reconoció abiertamente a Áñez como presidenta constitucional, imputándole haber promovido y llevado a cabo un golpe de Estado”. Y sentencian: “Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente”.

Por último concluyen: “En consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al secretario general de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.

En el caso de Macri, la condena a Añez podría incidir en la investigación por contrabando agravado -que involucra a 14 funcionarios de su gobierno- a Bolivia durante el golpe de Estado del 2019. Hace apenas unos días que el gobierno del hermano país informó del hallazgo de otras 40 mil municiones -de un total de 70 mil- enviadas irregularmente a ese país durante la gestión de Macri en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.

La justicia boliviana busca dilucidar si los muertos durante las protestas "pudieron haber sido fusilados con esas balas". "Esto cierra la comprobación del contrabando que hizo el gobierno de Mauricio Macri a la dictadura de Jeanine Áñez en diciembre del 2019. Es la prueba fehaciente, concreta y específica del delito. Según informó la Fuerza Aérea boliviana esas municiones están distribuidas en cuarteles de todo el país", dijo el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, en declaraciones para AM750.

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