El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y el Fiscal de Estado, Rubén Weder, encabezaron una reunión para informar sobre los avances del convenio tras el fallo de la Corte Suprema por el pago de la deuda histórica.
Somaglia y Weder se reunieron este miércoles con jefes de los bloques legislativos provinciales en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En el encuentro, del que participaron los senadores Armando Traferri y Alcides Calvo, la diputada Agustina Donnet y los diputados Oscar Martínez y Ricardo Olivera, se informaron los detalles del convenio de pago de la deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe y los alcances del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al finalizar, Somaglia explicó que se abordó con los legisladores “la facultad del Poder Ejecutivo de la provincia de poder cerrar el acuerdo con la Nación, en los términos y los plazos que indicó la Corte, es decir no hay incumplimiento de la provincia, estamos dentro de los plazos que vencen en julio, y aun así tampoco hay consecuencias negativas para el erario público, por cuanto esto queda abierto hasta que la Corte lo pueda validar”.
Además, aclaró que “no se trata de un acuerdo de un contrato donde alguien cede o concede posiciones y hay quita. Acá no hay quita de ninguna naturaleza, no hay resignación de ninguna posición jurídica y económica por parte de la provincia. Lo que se está haciendo es cumplir una condena judicial". "La Corte marcó pautas y dejó en libertad a la Nación y a la provincia para poder acordar. Una vez que se acuerde, la Corte misma supervisará la legitimidad de los firmantes, es decir que el Poder Ejecutivo como representante de la provincia es quien está facultado para llevar adelante esto. Esto lo marca la Constitución, y son las atribuciones que cada uno de los poderes tiene”, subrayó Somaglia.
Por su parte, Rubén Weder sostuvo que “estamos ante la ejecución de una sentencia que fue dictada en un proceso judicial en el año 2015, y que la Corte condenó a reintegrarle lo retenido a la provincia, en las formas y en los plazos que las partes acuerden". "No hay una sentencia de dar sumas de dinero sino a acordar entre las partes”, aclaró.
También Weder agregó que “en el marco de una ejecución de sentencia lo acordado tiene que pasar por un control de legalidad y de congruencia por parte de la Corte nacional, quien homologará o no lo que se acuerde". "A partir de ahí, el interés público está garantizado por la decisión de la Corte, en caso de aprobarla”, señaló.
“Hay un antecedente inmediato que tiene la misma naturaleza, donde estaban en juego las mismas normas, y la sentencia fue dictada el mismo día que la de Santa Fe. Es el antecedente de San Luis, donde las partes acordaron el pago en bonos. Fue presentado ante la Corte y se homologó ese convenio”, finalizó Weder.