Un informe de Amnistía Internacional advierte sobre la Educación Sexual Integral, los pueblos indígenas, la violencia institucional y el calentamiento global como cuestiones primordiales. El activismo resulta clave.
La pandemia de Covid 19 puso de manifiesto sendas desigualdades sociales en un contexto de dificultades económicas y altos niveles de pobreza. A esta altura, ya no es novedad. Pero esa situación no resume por sí sola el panorama que atraviesa Argentina en torno a derechos y garantías. Así lo expresa un reciente informe de Amnistía Internacional titulado La situación de los derechos humanos en el mundo 2021/2022. Las páginas destinadas a nuestro país mencionan las violencias que afectan a mujeres y niñas, los derechos sexuales y reproductivos, los pueblos indígenas, el uso excesivo de la fuerza, la impunidad, las personas refugiadas y migrantes y la actuación deficiente contra la crisis climática. En virtud de estas cuestiones, Pausa consultó a la propia organización y su directora Ejecutiva, Mariela Belski, brindó mayores precisiones.
—¿Cuáles son los derechos más vulnerados en el país? ¿Qué colectivos sociales son más vulnerables?
—En nuestro último informe anual recorremos las vulneraciones de derechos humanos en Argentina desde un análisis interseccional. Nos preocupa la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). A 16 años de la sanción de la ley, persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación. De hecho, hace pocos días, el Ministerio de Chaco avaló un congreso de formación docente con contenido contrario a la ESI. Por eso desde Amnistía Internacional presentamos una acción administrativa mediante la cual exigimos que se anule este tipo de espacios.
Otro de los colectivos afectados en nuestro país es el de los pueblos indígenas. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay en el país 1760 comunidades identificadas por el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge de la ley de Emergencia Territorial de relevar a todas, a 16 años de su sanción solo se concluyó el proceso con el 43% de las comunidades.
Finalmente, el calentamiento global también afecta derechos. Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Congreso, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.
—Frente a ese cuadro de situación, ¿qué es lo más urgente y preocupante?
—Toda afectación de derechos es preocupante, pero una grave problemática estructural que enfrenta nuestro país es la violencia institucional. Está pendiente la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en relación con funcionarios policiales en los servicios de seguridad y penitenciarios. En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad.
—¿A qué se debe esa situación? ¿Faltan políticas públicas?
—La repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos. Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza solo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos. El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continúa siendo una deuda pendiente en Argentina. La situación se ve agravada por la complejidad de las posibles medidas de respuesta que requieren acciones coordinadas y a largo plazo entre todas las jurisdicciones del país. Así se pueden llevar a cabo modificaciones integrales en el funcionamiento y formación de las fuerzas de seguridad para cambiar los patrones de violencia estructurales y un compromiso serio de los poderes ejecutivos y judiciales para lograr justicia, verdad y reparación de las víctimas. Amnistía Internacional llama a las autoridades nacionales y provinciales a trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva de derechos humanos que evite que estos casos continúen repitiéndose en el país.
Belski es abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina desde 2011.
Qué hace Amnistía
Sobre la misión de Amnistía y el nexo que puede establecer con los gobiernos para hallar soluciones de forma conjunta, Belski señaló que la organización “es un movimiento de personas que hacen campaña para que los derechos humanos internacionalmente reconocidos sean respetados y protegidos. Movidos por la indignación que nos provocan los abusos contra los derechos humanos, pero también por la esperanza en un mundo mejor, trabajamos para mejorar los derechos humanos a través de nuestras actividades de campaña, incidencia política, litigio estratégico, educación en derechos humanos y la solidaridad internacional”.
De esa forma, “la membresía y quienes apoyan la organización reclaman a los gobiernos, grupos políticos, empresas y organismos intergubernamentales que garanticen los derechos humanos”. A tales fines las actividades no se limitan a la exposición en medios de comunicación y de difusión, sino que “también se moviliza la presión de la opinión pública mediante protestas callejeras y vigilias, entre otras acciones”. Dicho de otra forma, “junto al rigor en la investigación y la independencia de todo gobierno, ideología, interés económico o credo religioso, una de nuestras señas de identidad es el activismo”.
Datos a tener en cuenta
El último informe anual sobre derechos humanos en Argentina elaborado por Amnistía brinda un diagnóstico y advierte sobre varias realidades:
= El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (que representaría el 16% del Producto Bruto Interno de ser remunerado), aumentó al 21,8% debido a la pandemia, según datos oficiales. Las mujeres realizan más del 76% del trabajo doméstico y de cuidados en el país.
= Según los grupos de monitoreo de la sociedad civil, en 2021 se cometieron al menos 256 feminicidios.
= Las dificultades en torno a la aplicación de la Ley de IVE en las primeras 14 semanas de embarazo persistieron durante el primer año posterior a su aprobación por el Congreso de la Nación. Hasta diciembre había al menos 37 actuaciones judiciales en marcha contra el aborto legal.
= Según datos oficiales, se registraba un parto de una niña menor de 15 años cada cuatro horas. La mayoría de esas niñas se veían forzadas a llevar a término embarazos que eran consecuencia de una violación.
= En la conferencia sobre el cambio climático (COP26), el Ejecutivo anunció su compromiso de aumentar casi un 26% su contribución determinada a nivel nacional con respecto a la de 2016 y lograr la neutralidad de carbono en 2050, pero esos objetivos seguían siendo insuficientes porque no se ajustaban al compromiso de no superar los 1,5 °C de calentamiento global.
