Las estadísticas sobre homicidios muestran que la gestión de la seguridad pública requiere de acciones diferenciadas según el lugar. En Santa Fe se empieza a aplacar la violencia letal; mientras que en Rosario recrudece.
Las estadísticas más recientes sobre homicidios demuestran que la gestión política de la seguridad pública requiere de instrumentos y acciones diferentes según el lugar geográfico y las características socioeconómicas del territorio a abordar. Los problemas no son iguales en Rosario que en Santa Fe, las dos ciudades con mayores índices de violencia. Ante situaciones disímiles, se requieren respuestas diferentes.
Cada vez va quedando más en claro que la política de seguridad tiene que ser heterodoxa, dinámica y creativa, porque las organizaciones criminales van mutando en su accionar y el Estado está obligado a actualizarse permanentemente para tratar de dar respuestas al mayor problema que se registra en nuestra región, al menos en la última década.
El período que va de enero a junio de 2022 fue el semestre con menos homicidios en el departamento La Capital desde que se unificaron los registros oficiales en 2014: apenas 35 casos. El antecedente inmediato fue el año 2017, cuando hubo 36 asesinatos en el mismo lapso de tiempo. Los picos más altos fueron en 2014 y 2016, con 83 y 76 casos respectivamente.
Curiosidad estadística: en todo el mes de mayo de 2022 no hubo homicidios en el departamento La Capital y en junio solo se registraron dos, según datos del Ministerio de Seguridad de la provincia, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del sistema de salud.
Se trata de un recorte temporal que no explica en su magnitud el fenómeno de la violencia criminal. En el mismo lapso, el número de homicidios registrado en la provincia de Santa fue superior al mismo período de 2017 en adelante e inferior a los que tuvieron lugar entre 2014 y 2016, los años con mayor número de crímenes de la historia provincial.
Y mientras en la ciudad capital la tendencia en los últimos dos años es a la baja, en Rosario la cantidad de homicidios durante el primer semestre del año (139) fue más alta incluso que la cifra de 2014 (135). Allí la curva crece en forma sostenida desde 2019.
En el Ministerio de Seguridad afirman que hay que tomar los datos con “cautela” y que el problema está aún muy lejos de resolverse. Tomando como parámetro el último año, desde julio de 2021 hasta junio de 2022, “se aprecian situaciones distintas en los tres recortes jurisdiccionales: en el departamento La Capital la cantidad de víctimas registradas es idéntica a la del corte inmediato anterior, y se encuentra entre las más bajas de la serie. En Rosario y en la provincia, por su parte, se sitúan entre los puntos más altos de la serie temporal analizada siguiendo una tendencia creciente, aunque en el caso de Rosario la velocidad de crecimiento es más marcada”, sostiene el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe.
Dos ciudades, dos realidades
Las cifras de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores marcan un fuerte contraste con lo que ocurre en el departamento Rosario y sobre todo en su ciudad cabecera, asediada por la violencia narco, los ajustes de cuentas y los crímenes de sello mafioso cometidos por sicarios.
En el Gran Rosario, este año, empezó a observarse un fenómeno atroz, del cual casi no hay antecedentes: tres bebés de menos de un año y 15 niños y niñas cayeron asesinados bajo las balas de los sicarios en ataques perpetrados contra sus padres. La frase hecha “acá no se salva nadie” es, en Rosario, una triste realidad.
La sombra de los sicarios
Otro dato que alarma a las autoridades es la creciente participación de los sicarios en los crímenes cometidos en la ciudad del sur provincial: en el primer semestre de 2022, cinco de cada diez asesinatos fueron por encargo. En un contexto de economías delictivas fortalecidas y en crecimiento, el asesinato por encargo se convirtió en una salida laboral. Para muchos, la única.
A nivel provincial se empieza a observar el mismo fenómeno. “En casi cuatro de cada diez casos a nivel provincial se detectaron elementos en la investigación preliminar que indican que medió en el homicidio la existencia de un mandato o pacto previo para las agresiones, que implica que el/la presunto/a autor/a de los hechos no sería el/la principal interesado/a en que suceda, sino que actuaría por encargo de otra persona. En Rosario alrededor de la mitad de los casos presenta esta característica, mientras que en La Capital esa fracción apenas supera el 20%”, se advierte en el último informe del Observatorio de Seguridad Pública.
La muerte de los soldaditos
Hasta ahí los datos duros. Pero, ¿por qué hay diferencias tan marcadas entre las dos ciudades más grandes de la provincia?
Según el secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Jorge Fernández, “hay una dimensión objetiva: no tanto sobre dónde está focalizada la violencia, porque es común a ambas localidades y departamentos, que es en general en los barrios periféricos y entre pibes varones de entre 15 y 29 años. La diferencia es lo que explica la violencia, el contexto en el cual se producen los homicidios y los heridos de armas de fuego”.
“En el caso de Rosario –continúa Fernández–, el porcentaje más alto de homicidios en los últimos años, dos de cada tres, se producen en el contexto de disputa por el territorio por parte de las organizaciones narcocriminales. La muerte de los soldaditos. En el caso de Santa Fe, el porcentaje más alto tiene que ver con conflictos interpersonales, broncas entre personas y entre familias. No hay una disputa por el territorio en la mayoría de los casos, sino por conflictos interpersonales, tanto en Santa Fe como en Santo Tomé y las otras localidades del departamento La Capital”.
El funcionario provincial destacó que en la ciudad de Santa Fe se pudo articular en los últimos meses un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado que –a primera vista– redundó en una leve mejora de los indicadores estadísticos: “En Santa Fe pudimos generar las condiciones para trabajar junto con todo el sistema de seguridad pública: el Ministerio, la Policía, las fiscalías del MPA y la Municipalidad. Entre esos cuatro actores se fueron generando una serie de relaciones institucionales y políticas, también operativas, que permiten que hoy el sistema de seguridad pública esté funcionando mejor”.
En la ciudad de Santa Fe, según Fernández, en el último año se pudieron “crear las condiciones dentro de la Policía, bancando al jefe de la Unidad Regional I (Martín García, en funciones desde agosto de 2021), porque entendemos que los liderazgos llevan tiempo. El jefe de la URI fue creando un liderazgo hacia dentro de la institución policial con los jefes de zona y los oficiales de calle. Todo ese laburo y ese tiempo fue generando las condiciones para trabajar bien. Entonces, bajamos la espuma del problema”.
El caso opuesto es Rosario, donde en promedio el jefe de la Unidad Regional de la Policía es removido cada tres meses sin que se logre asentar un sistema de trabajo que perdure en el tiempo. A ello se suman desconfianzas de índole política. Por caso, el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin, viene reclamando desde el año pasado que se avance en la autonomía municipal para tener voz y voto al momento de las decisiones estratégicas en materia de seguridad, entre ellas las designaciones de los jefes policiales. Hasta ahora, el reclamo no tuvo eco ni en el gobierno ni en la Legislatura, donde la autonomía municipal se declama a viva voz, pero sin avances concretos en lo normativo.
Del diagnóstico a los resultados
Las conclusiones son las mismas de los últimos diez años, desde la gestión de Raúl Lamberto como ministro de Seguridad durante el gobierno de Antonio Bonfatti, pasando por Maximiliano Pullaro bajo el mandato de Miguel Lifschitz y por Marcelo Sain y Jorge Lagna en el actual gobierno de Omar Perotti: los conflictos interpersonales en Santa Fe y la disputa por el territorio de las bandas narco en Rosario.
El diagnóstico, en el que coinciden unos y otros, está claro. Empiezan a asomar algunos resultados, pero todavía falta un largo trecho para que se haga realidad aquella consigna de “la paz y el orden” que, más allá de las banderas políticas, es una genuina demanda de los santafesinos y las santafesinas.
