La diputada Lucila De Ponti presentó dos proyectos que apuntan "a promover el empleo y desarrollar el cooperativismo en un amplio sector sin el debido reconocimiento”. Uno establece la creación de la Secretaría de Estado de la Economía Social, Popular y Solidaria y el segundo propone la creación del Régimen de Promoción y Desarrollo como una herramienta para poder facilitar los procesos de trabajo, producción, comercialización y distribución.
La diputada Lucila De Ponti presentó un conjunto de proyectos destinados a profundizar el desarrollo y promoción de la Economía Social, Popular y Solidaria buscando el fortalecimiento y expansión de la actividad.
“Este sector comprende a trabajadoras y trabajadores no formales, quienes fueron excluidos del sistema laboral convencional y supieron crear sus propios empleos basados en los valores del cooperativismo, la democracia y la solidaridad”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.
La primera iniciativa establece la creación de la Secretaría de Estado de la Economía Social, Popular y Solidaria; encargada de asistir al Gobernador a la hora de proponer y desarrollar políticas públicas que acompañen al desarrollo, capacitación, estabilidad laboral y al reconocimiento de derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Por su parte, el segundo proyecto propone la creación del Régimen de Promoción y Desarrollo de la Economía Social, Popular y Solidaria, una herramienta para poder facilitar los procesos de trabajo, producción, comercialización y distribución.
“La finalidad es garantizar la eficacia del sistema en todo el territorio, promover el empleo, fomentar el cooperativismo, brindar asesoramiento e impulsar el financiamiento para el desarrollo de distintos proyectos productivos”, aseguró De Ponti, quien se mostró confiada en que los proyectos avancen.
Los fundamentos de ambos proyectos hacen referencia a la potencialidad incluyente que tiene el sector para generar oportunidades de inserción laboral, económica y productiva en amplios sectores en situación de vulnerabilidad, como así también su valor estratégico frente a la pérdida de empleos formales.
“La idea es que todos los trabajadores tengan la mayor cantidad de aspectos resueltos para poder trabajar tranquilos y acceder a nuevas herramientas, al tiempo que se reconozcan sus derechos para que puedan trabajar y vivir con seguridad”, finalizó.