La crisis social y política en Perú lleva 47 muertes a raíz de movilizaciones sociales en todo el país, tras la destitución de Pedro Castillo. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra la actual presidenta, Dina Boluarte, por los cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Desde que Dina Boluarte asumió el gobierno de Perú en reemplazo del destituido Pedro Castillo, en diciembre pasado, no cesan las protestas y la represión en el país andino. Este 10 de enero la Defensoría del Pueblo de ese país reportó 47 muertes en el contexto de las movilizaciones. El lunes pasado 17 personas fueron asesinadas en Juliaca, ubicada en la región Puno, en el sureste peruano. El reclamo es la renuncia de Boluarte y el llamado a elecciones.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis política y la protesta social, se han contabilizado 39 civiles fallecidos en protestas sociales, 7 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras y 1 policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto.
Investigación a Boluarte y preocupación de la ONU
La Fiscalía de la Nación de Perú abrió una investigación preliminar a la presidenta Boluarte y tres ministros (el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez) por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
Los hechos investigados fueron cometidos durante las manifestaciones en diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, precisó el Ministerio Público.
La actual presidenta de Perú ya tenía en curso una primera investigación por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo.
Ayer el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú se pronunció exhortando "a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica". Al manifestar su "profunda preocupación" por el incremento de la violencia, la ONU pidió observar "los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes, y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis".