Agitan fantasmas de pérdida de soberanía provincial, expropiaciones y hasta uso para aterrizajes narcos. Sectores agropecuarios y dirigentes de algunos partidos buscan voltear la iniciativa que suma protección ambiental y social, sin negar la producción, a un territorio de gran biodiversidad.

Por Claudio de Moya / elciudadanoweb.com

Desde pérdida de soberanía provincial, posibles expropiaciones y proyecto poco claro en detalles hasta la delirante afirmación de que será pista de aterrizaje para narcos. Una síntesis de los argumentos que esgrimen entidades ruralistas y algunos sectores políticos para oponerse a la creación del Parque Nacional Jaaukanigás, un complejo de tres núcleos en Florencia, Villa Ocampo y Reconquista más una reserva provincial que totalizan 130 mil hectáreas protegidas dentro del declarado Sitio Ramsar, en el departamento General Obligado.

El sitio Ramsar Jaaukanigás (“gente del agua” en lengua abipona) fue creado el 10 de octubre de 2001. En total, cubre un territorio de 492.000 hectáreas, el 1% de la superficie de Argentina, y es uno de los más importantes del país por su biodiversidad y sistema hidrológico. Fue el primero en contar con un comité intersectorial de manejo.

Allí habitan el 35% de las especies de aves de todo el país, el 28% de los anfibios, el 20% de los reptiles y el 25% de los mamíferos. Además, incluye 882 especies de plantas, entre ellas quebracho colorado, guayacán, mistol, sacha poroto, palo cruz, algarrobo negro, ambay, ingá, sangre de dragón, canelón, ivirá-pitá y timbó blanco y colorado.​

Sin embargo, el proyecto para profundizar la protección de ese territorio, que no impide actividades productivas sustentables, suma rechazos bajo diferentes justificaciones: la Sociedad Rural, el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), concejales y otros dirigentes políticos difundieron su oposición.

Granata, la más jugada

El más llamativo de los argumentos provino del asesor del bloque de la diputada Amalia Granata en la Legislatura santafesina, Emiliano Peralta. “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ellos quieren que esto deje de estar en control de la provincia y pase a estar en control de la Nación porque todos sabemos lo que pasa en el río Paraná, es una vía del narcotráfico, está ideado para que ahí aterrizan las avionetas del narcotráfico y de allí salgan para el principal puerto que es Rosario y de allí al resto del mundo. Otro de los fines que tiene es poner a ciertas fundaciones internacionales al control de tierra que son del Estado”, dijo el pasado lunes en entrevista radial y sin inmutarse.

La errónea identificación entre Estado nacional y gobierno de turno es una de varias que se esgrimen en los rechazos al proyecto, que debe ser aprobado tanto por la Legislatura provincial como por el Congreso de la Nación.

Despojo, expropiaciones, centralismo y desinformación

Los ruralistas arremetieron con la también temeraria aseveración de un gran despojo de territorio santafesino. Corenosa emitió un comunicado en el que rechaza “la entrega del patrimonio provincial que se pretende realizar… porque es una cesión de dominio y jurisdicción de miles de hectáreas de Santa Fe al Gobierno nacional”. En verdad, son sólo 9 mil hectáreas, en tres islas de Reconquista, Florencia y Villa Ocampo, las que se destinarán al Parque Nacional de acuerdo al proyecto. Apenas el 0,2% de Jaaukanigás.

“Consideramos que de aprobarse este proyecto de ley estaremos renunciando al federalismo y a la autonomía provincial, pudiendo los habitantes y funcionarios del norte santafesino seguir administrando y cuidando nuestras islas, vivir en ellas, criar ganado, pescar, realizar deportes, ofrecer y practicar el turismo sin la intervención de funcionarios que viven a 800 kilómetros. Los mismos que deciden sobre nuestras exportaciones e importaciones, y centralizan los vuelos”, sigue la andanada de la entidad agraria.

El secretario general de la municipalidad de Reconquista, Guillermo Romero Mansur, fue uno de los que salió a calificar como desinformación intencionada las declaraciones de quienes se oponen a la iniciativa proteccionista. “Escuché opiniones que son muy temerarias, parten de un desconocimiento o de alguna intencionalidad“, señaló.

“Me asombra que salga de algunos funcionarios o dirigentes de instituciones, no es una charla de sobremesa del domingo. Me llamó la atención que hablen desde el desconocimiento, que le iban a a ceder 500 mil hectáreas al gobierno nacional, y eso es una mentira”, retrucó el funcionario.

El intendente de Florencia, Rubén Quain añadió que el rechazo esconde la voluntad de seguir usufructuando territorio fiscal para negocios privados y sin regulaciones: “Este es un proyecto legitimo, porque es para todos. Pero cuando hay intereses particulares y políticos para algunos sectores, se ponen siempre palos en la rueda. Ya que los productores agropecuarios usan los campos fiscales en las islas para su uso de pastoreo animal. Se necesita control de eso, y se oponen a eso para que no revisen su actividad privada sin pagar algún tipo de alquiler”.

Despejando temores

La campaña contra el Parque Nacional Jaaukanigás generó dudas y temor en las comunidades. En parte, la presentación del proyecto las disipa. Es lo que ocurrió durante la reunión del Consejo Provincial Pesquero realizada el jueves de la semana pasada.

Allí, Claudio Gómez, pescador delegado de Villa Ocampo, respaldó la creación de un Área de Manejo Integral contemplada en la iniciativa. “Somos los primeros que queremos cuidar el recurso y yo que soy bien del norte me voy muy conforme, porque ahora tengo el panorama más claro para transmitir a mis compañeros”, dijo el trabajador de río.

Al tema se refirió el secretario Mansur, de Reconquista: “Se dijo que afectaría a los pescadores, pero en ningún lado está establecido eso. Si uno lee el proyecto se encuentra con que la actividad pesquera artesanal está permitida. Lo mismo se dijo sobre la producción ganadera en zona de islas, pero ninguno de los espacios habilitados se verán afectados. Las zonas definidas para la instalación del parque nacional hoy son terrenos fiscales, provinciales en los que no puede, no se debe ni va a haber producción ganadera”.

El funcionario agregó, sobre el argumento de una pérdida de poder decisorio en función del centralismo porteño: “La administración de Parques Nacionales está representada por personas del interior, no son burócratas de Capital Federal. Tenemos que tener mucha claridad para no confundir ni mentir a la gente”.

Una respuesta a la Sociedad Rural de Reconquista, que promovió el miedo a futuras expropiaciones, limitaciones y regulaciones sobre tierras privadas. “No confiamos en la capacidad del gobierno nacional en atender la gestión eficiente de la jurisdicción que se pretende ceder“, señaló la entidad del norte santafesino con la equiparación, otra vez, entre Estado y gobierno.

Y reforzó con el augurio de que “las gestiones, habilitaciones, permisos, pago de concesiones, multas y demás trámites caigan en manos de burócratas estatales en alguna oficina perdida de la ciudad de Buenos Aires” en base a la errónea concepción de una institución federal como es la Dirección de Parques Nacionales, más allá de la opinión sobre las gestiones particulares de ese organismo descentralizado.

¿Las verdaderas razones?

Tal vez, los motivos del rechazo al proyecto tengan que ver con parte de su contenido en lugar de las razones declamadas por entidades ruralistas y espacios políticos afines. Como botón de muestra, el artículo 8° de la propuesta prohibe, en la Reserva Hídrica que se crea, las siguientes acciones:

-El endicamiento o la desecación de lagunas y bañados.
-La exploración y explotación petrolera y minera, excepto la extracción de arena destinada a la construcción.
-La instalación de rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto.
-El desmonte de bosque nativo.
-La caza de fauna autóctona.
-La pesca industrial, estando permitida solamente la pesca artesanal, comercial o de subsistencia, sujeta a la normativa vigente en la materia.
-La liberación de efluentes industriales sin el correcto tratamiento, de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
-Cualquier otra actividad que afecte ta conservación y el uso racional de la reserva hídrica y sus recursos naturales.