El organismo internacional cuestiona el accionar del gobierno de Dina Boluarte en cuanto a la represión de la protesta. Además, alerta sobre el "deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las recientes protestas sociales. El mismo se circunscribe a los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. El organismo advierte que hubo violaciones a los derechos humanos. Los asesinatos perpetrados en Ayacucho (en el sur peruano) podrían constituir una masacre. La Comisión observa que se registraron "graves episodios de uso excesivo de la fuerza estatal".
La CIDH observó que las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales. "En su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado", afirma la Corte. Entre ellas: el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que estos generen.
Otro de los hallazgos es el deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales. También se observa una fuerte tensión entre Lima y otras regiones del país, donde predomina la población indígena y campesina. "Las sucesivas crisis políticas vividas en el país desde el 2016 han profundizado la polarización social y la desconfianza en las instituciones", añade el organismo internacional.
Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú tras el golpe de Estado contra el líder campesino Pedro Castillo. La actual mandataria era su vicepresidenta. Su decisión de continuar en el poder tras el golpe perpetrado por un Congreso conservador generó un repudio en los sectores populares que habían apoyado a Castillo.
Las ciudades del sur del país comenzaron a expresarse en las calles en favor del llamado a elecciones. En ese contexto, se asesinó a más de 60 manifestantes. La represión estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú.
Masacre, racismo y uso letal de la fuerza
A partir de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones. También, por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.
Sobre las graves violaciones de derechos humanos en Ayacucho, se señala que "deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial". Y concluye que las muertes ocurridas, por haber sido perpetradas por el Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.
En el caso de Juliaca, la CIDH entiende que se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte del Estado. Las mismas habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de manifestantes y de terceras personas.
Superar la crisis
La Comisión indica que la superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo. Dicha instancia deberá tener "un enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad sean representados".
En ese sentido, formula recomendaciones relativas a la seguridad ciudadana; la reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; la lucha contra la impunidad; la institucionalidad democrática; y la libertad de expresión, reunión y asociación.
Para la elaboración del informe, se trabajó con entrevistas e información recibida en terreno e información complementaria posterior a la visita realizada por el organismo internacional en enero pasado, en su mayoría de fuentes oficiales.
