Un trabajo de investigación basado en archivos del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina demuestra cómo supieron tempranamente sobre las desapariciones durante la dictadura militar y los obispos decidieron no intervenir.
"La verdad los hará libres" (The Truth Will Set You Free) es el título de los tres volúmenes de un innovador proyecto de investigación presentado en el Vaticano el 16 de junio revelan en detalle por primera vez cómo la Iglesia Católica de Argentina y el Vaticano respondieron ante la dictadura militar.
La investigación, basada en archivos del Vaticano y los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, revela que los obispos argentinos sabían con certeza desde 1979 que la política oficial de la junta militar era “desaparecer” a las personas para anular la oposición.
Y si bien el Vaticano instó a la Conferencia Episcopal a intervenir utilizando todos los medios posibles, los obispos optaron por mantener sus intervenciones en privado “por temor a debilitar [al gobierno militar] y por temor al comunismo”.
La investigación fue llevada a cabo por más de 20 investigadores, cuyos volúmenes presentan enfoques diferentes en torno al rol de la Iglesia durante la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. El volumen 3 se publicará a finales de este año.
Este trabajo fue presentado en el Salón Marconi del Dicasterio para las Comunicaciones del Vaticano por un panel de tres investigadores encabezado por el reconocido sacerdote teólogo argentino Carlos Galli, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Buenos Aires, junto a otro profesor de la UCA, Federico Tavelli, quien también enseña en la Universidad Albert Ludwig de Freiburg en Alemania, y por Gianni La Bella, profesor italiano de historia en la Universidad de Módena.
En la presentación, el padre Galli dijo a la audiencia de embajadores, funcionarios del Vaticano, periodistas y público en general que esta investigación “constituye algo nuevo en la historiografía de Argentina y de la iglesia. No existe un estudio tan amplio cuyas fuentes principales sean los archivos [actuales] de la iglesia, junto con buena parte de la bibliografía y muchos testigos”.
Desclasificación de documentos
La iniciativa surgió de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en 2012, bajo la presidencia de Monseñor José María Arancedo, cuando decidieron organizar el material de los archivos de la Conferencia para el período de 1976 a 1983 y ponerlo a disposición de las víctimas y los familiares de las víctimas de la dictadura militar.
El Papa Francisco, quien dirigió la conferencia episcopal argentina durante dos mandatos de tres años (2005-2011), “dio instrucciones para la digitalización de los archivos” en su primer año como Papa, dijo el padre Galli. En 2016 se aprobó un protocolo que permite el acceso al material de archivo.
En tanto, en diciembre de 2017, el arzobispo Óscar Ojea, nuevo presidente de la CEA, le pidió a Galli que realizara un proyecto de investigación para "reconstruir una memoria histórica con el fin de contribuir a la verdad”.
El padre Galli explicó que lo que hace que esta investigación sea original es que su equipo de investigación tuvo acceso “de manera excepcional” a tanto la documentación inédita de los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina como de la Secretaría de Estado del Vaticano, incluidos los del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y de la nunciatura apostólica en Argentina.
Sabían sobre los desaparecidos
El equipo de investigación halló que en los archivos de la CEA del 7 de junio de 1979, en una reunión en Casa Rosada, cuatro altos mandos de las Fuerzas Armadas admitieron que "la desaparición de personas formaba parte del plan de gobierno para combatir la subversión".
Los archivos del Vaticano revelaron que el cardenal Casaroli, con la aprobación del Papa, envió una fuerte carta al arzobispo Laghi, nuncio en Buenos Aires, para decirle al cardenal Raúl Francisco Primatesta, presidente de la CEA, que los obispos argentinos “no pueden aceptar las razones y justificación de esto; tienen el deber de hablar e insistir, 'apropiada e inapropiadamente', con los medios a su alcance”. Casaroli también pidió a los obispos “dar a conocer a la máxima autoridad del gobierno la grave preocupación de la Santa Sede en esta importantísima cuestión de justicia y humanidad”.
Los archivos de la CEA revelan que el cardenal Primatesta optó por un acercamiento confidencial a la junta a través del comité de enlace “por temor a debilitar al gobierno y por temor al comunismo”.
