Tras la sanción de una avanzada Ley de Bioinsumos, la Mesa de Enlace de Misiones se presentará ante la Corte Suprema para defender su derecho de seguir rociando glifosato. El escrito acude a argumentos de ordenamiento jurídico antes que sanitarios.
Bajo el nombre de Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO (la vieja Mesa de Enlace de la 125) se presentará ante la Corte Suprema de la Nación para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Bioinsumos de Misiones, sancionada en junio, que prevé la sustitución de agrotóxicos por compuestos orgánicos saludables para 2025.
Como argumento, los ruralistas se amparan en el ordenamiento jurídico superior de las leyes nacionales. Como el glifosato no está prohibido a nivel nacional, entonces la ley provincial es una “violación de la normativa nacional por parte de la Provincia de Misiones, afecta el principio de supremacía del derecho federal (art. 31 CN) y desconoce las competencias del Congreso de la Nación para regular el comercio interprovincial (art. 75 inc. 13 CN)”.
Dicen en un comunicado los ruralistas que “más allá de la existencia abrumadora de pruebas sobre la seguridad que presenta el uso del glifosato, el conflicto que debe resolver la Corte Suprema no es un problema científico sobre las características de este producto, sino estrictamente jurídico”.
En verdad, la evidencia reza todo lo contrario. Vivir en pueblos fumigados casi triplica las posibilidades de morir de cáncer en hombres jóvenes. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, máxima referencia global en ambas disciplinas, pidió “una reducción progresiva a escala global” del glifosato debido a las “cada vez mayores tasas de cáncer, desórdenes neurológicos, problemas de embarazo y bebés con defectos de nacimiento”.
De hecho, el principal fabricante del glifosato, Bayer (dueño de Monsanto), arregla su mierda poniendo plata: puso dos mil millones de dólares para cerrar todos los litigios originados a partir de 2018 en Estados Unidos y para garantizarse que el producto siga a la venta. Así funciona el mercado: billetera mata bebito deforme y linfoma no hodgkin.
La ley y la política
El ruralismo misionero está envalentonado, pese a que en las recientes elecciones el gobernador Hugo Passalacqua cosechó el 64,27% de los votos y fue reelegido. Passalacqua pertenece al Frente Renovador de la Concordia y dejó en segundo lugar a la fórmula de Juntos por el Cambio, que sumó el 26,23% de los sufragios.
La Ley de Bioinsumos es una iniciativa oficialista. Fue presentada por los diputados Carlos Rovira (Frente Renovador de la Concordia), Martín Sereno (Tierra, Techo y Trabajo) y Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar de la provincia. En su texto dice “Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se establece que esta prohibición entra en vigencia luego de dos años desde su publicación oficial a los efectos de una transición progresiva del cambio cultural de los sistemas productivos”.
Misiones viene trazando desde hace tiempo un camino para pasar de un modelo de agrotóxicos a otro que sea sustentable y agroecológico. Al momento de la sanción de la ley, el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) de Misiones, Roque Gervasoni, señaló que lo que viene es “un proceso de dos años a partir de la homologación de la ley para ir reemplazando definitivamente a todo producto químico o veneno que se esté utilizando en la provincia de Misiones”.
“Estamos trabajando con un bioherbicida. Por ahí la ansiedad del productor es el rendimiento rápido. Tenemos que empezar a entender y a aprender que con los bioinsumos tenemos que manejarnos de otra manera. Son de alta efectividad, pero tenemos que educarlos para la aplicación”, agregó.
