La obra para que el Instituto tenga una sede exclusiva ya había sido licitada, pero hoy el gobierno quiere dar marcha atrás y “revisarla”. Hablamos con docentes sobre un reclamo que parece no tener fin.

El salón está repleto. La idea era hacer el acto en la calle, pero hace cuatro días que llueve en Santa Fe, y hubo que cambiar los planes. Las paredes están viejas y gastadas; el trajín de los años y las camadas de estudiantes se tradujeron en grietas, manchas y demás accidentes geográficos. Comienza un nuevo ciclo lectivo en el Instituto Superior de Profesorado Almirante Brown, y las palabras de Eliana Bertero, profesora de historia, retumban con el eco inconfundible de los patios escolares. Cita al ex director Oscar Caamaño, que ya en 2011 afirmaba que la necesidad de un edificio de uso exclusivo era “cada vez más apremiante”. Pasó más de una década, pero el reclamo sigue siendo el mismo.

El Almirante Brown tiene su génesis en la Escuela Normal de Maestros nº 8, creada el 12 de abril de 1956, que luego se convirtió en Escuela Normal Experimental Nº 8 y, el 22 de marzo de 1971, en el Instituto Superior de Formación Docente nº 8. Hoy cuenta con más de 2000 estudiantes y 300 docentes y una amplia oferta educativa que incluye una escuela preparatoria en idiomas, un traductorado de inglés y diversos profesorados en educación inicial, primaria, secundaria y especial, y se ha transformado en una referencia en materia de formación docente, con una matrícula en constante expansión.

Las y los 700 ingresantes que hoy dan sus primeros pasos en el Brown vuelven a enfrentarse a la dispersión institucional y los problemas que ella conlleva. Y es que la institución hoy funciona en dos sedes compartidas: la sede de calle 25 de mayo, que alberga también una escuela secundaria y otra primaria, y el anexo del Colegio Nacional, que comparte con dos secundarias, la 440 y la 441. La carencia de un edificio de uso exclusivo trae aparejados numerosos inconvenientes y requiere desgastantes esfuerzos de coordinación y logística, motorizados en gran medida por el equipo docente.

El año pasado, después de años de lucha de toda la comunidad educativa –directivos, docentes, administrativos, asistentes y estudiantes–, el reclamo parecía haber llegado a buen puerto. Finalmente se había concretado un proyecto –elaborado colectivamente por la comunidad– que establecía la construcción de un nuevo edificio en Castellanos y Güemes. Incluso, el gobierno de Omar Perotti ya había licitado la obra a la firma Cocivial S.A. a fines de septiembre. Sin embargo, el 28 de febrero de este año, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, en diálogo con Aire de Santa Fe, anunció que el gobierno daría marcha atrás con la obra y realizaría modificaciones al proyecto, argumentando que habían faltado consultas con el Ministerio de Educación y la Municipalidad acerca de la viabilidad de la construcción.

La comunidad educativa del Brown, alarmada por la decisión –de la cual se enteró por los medios, ya que no hubo ninguna comunicación oficial– y por los retrasos y posibles recortes que podría implicar, elevó una nota a través de su Consejo Académico solicitando una reunión urgente ante las autoridades ministeriales, que aún no fue respondida. Dos meses después, la obra continúa paralizada, y no hay ninguna garantía de que vaya a continuar.

En diálogo con Pausa, las profesoras de la institución Eliana Bertero, Marcela Manuale, Patricia Pighin y Gabriela Balbuena dieron detalles sobre los problemas que implica la ausencia de un edificio de uso exclusivo y la historia de una lucha que parecía haber llegado a buen puerto y que hoy, una vez más, deben volver a motorizar.

—¿Qué inconvenientes acarrea el hecho de no contar con un edificio propio?

—Marcela Manuale: Exige muchísima coordinación de cada una de las instituciones, en cada uno de los espacios, en función de poder brindar calidad educativa, y trae también dificultades en el funcionamiento mínimo del proceso pedagógico. Cada año es mayor la cantidad de ingresantes y se tienen que redoblar los esfuerzos en las aulas, y esto exige mayor cantidad de tiempo. Todo esto atenta contra los procesos de enseñanza y aprendizaje. La mayor cantidad de matrículas funcionan de 17:40 a 22:30. Esto implica un problema de traslado y de inseguridad, y la crisis económica y los paros de transporte hacen que tengamos que reducir la jornada horaria. También hay estudiantes del interior de la provincia que salen tarde...

—Patricia Pighin: Además acá (en 25 de mayo) durante la jornada compartimos baños niños, adultos y adolescentes, y es un gran problema, porque hay que sectorizar y ponerse de acuerdo con las otras dos instituciones. El año pasado tuvimos que organizar una cursada quincenal con los grupos más numerosos, porque no había bancos, y media hora antes del ingreso estaban los estudiantes agazapados en los pasillos para ver quién entraba primero al aula. Es una locura.

—Gabriela Balbuena: a veces parece que estamos peleando solamente por una cuestión material, pero en realidad subyace todo un sentido político. El derecho a la educación se ve limitado. Lo pienso también desde la perspectiva de género: la mayoría de los estudiantes son mujeres, y con la inseguridad, quizás elegirían comisiones que estén durante la mañana o la siesta, pero no pueden hacerlo. Muchas son madres solteras, además, y terminan abandonando.

—Eliana Bertero: Hoy hay una alta demanda de turnos a la mañana, la mayoría de madres solteras, porque no hay jardines que funcionen entre las 6 y las 10 de la noche. Son un montón de cuestiones: aunque parezca algo material, tener un edificio de uso exclusivo habilitaría pensar políticas institucionales diferentes y más instancias de inclusión y calidad educativa.

—¿Y qué representa para ustedes, luego de haber logrado la licitación de la obra, la posibilidad real de que se de marcha atrás?

—Marcela Manuale: La obra ya estaba adjudicada. Nosotros lo consideramos como una estafa política: quieren borrar de un plumazo el proyecto original, modificarlo y empezar de cero. Además, con este modelo de desinversión en obra pública y en educación, está en duda si se va a concretar. Ahora tenemos que empezar a mover cielo y tierra otra vez.

—Eliana Bertero: El 28 de febrero el Consejo Académico elevó una nota solicitando que las autoridades ministeriales comunicaran la situación, porque nos enteramos a través de los medios de comunicación, no hubo ningún canal formal. Para nosotros es muy preocupante, porque el hecho de decir “vamos a revisar la obra”, ¿en qué se traduce? En tiempo, en recortes de presupuesto que modifican un proyecto que tenía un sentido. Si se quieren tirar la pelota partidaria que se la tiren entre ellos. Pero que cuando hablen del proyecto, sepan que no es de un gobierno, sino de una comunidad educativa.

—Gabriela Balbuena: Y en medio de esta política de premios, estaría bueno que premien al Brown con un edificio propio, porque somos formadores de la mayoría de los docentes aquí. Junto al Normal, somos las únicas instituciones formadoras públicas de referencia.

—¿Aún no ha habido ninguna comunicación oficial?

—Eliana Bertero: No, hasta el día de hoy no. El equipo directivo debía ser el primero en estar al tanto. Estuvimos dos años trabajando en el proyecto, se hicieron reuniones públicas, todos fueron aportando y modificando, hubo un consenso. Esto habla de un desconocimiento de los procesos de participación democrática al interior de las instituciones. Estaría bueno que los funcionarios las transiten y se enteren de las cosas que hacemos, en lugar de solo pensar en el ausentismo docente.

—En esta línea, en relación a todos los prejuicios que circulan sobre la docencia, pienso en el desgaste que implica para ustedes tener que estar todo el tiempo pensando estrategias de coordinación y luchando por esto. Es tiempo de sus jornadas laborales que está dedicado ahí en lugar de estar enfocado a la enseñanza.

—Gabriela Balbuena: Sí, y nos afecta emocionalmente también. Un estudiante que se va no nos parece algo así nomás. Además hoy los estudiantes trabajan de manera precaria, entonces no mantienen el mismo horario en sus trabajos hasta diciembre. Toda esa realidad algunos funcionarios no la conocen. Estaría bueno que vengan y que además de hacer alguna foto se queden una jornada completa.

—Marcela Manuale: Está en juego el derecho de enseñar y aprender de muchas y muchos, eso es lo que hay que remarcar. Hubo un proceso democrático y participativo en búsqueda de un proyecto que se logró, se aprobó y que ahora están desconociendo.