El INDEC informó una inflación del 1,6% en junio, apenas por encima del 1,5% de mayo. Aunque el índice sigue bajo, economistas advierten que responde más a la recesión y la pérdida del poder adquisitivo que a una mejora estructural.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio fue del 1,6%, lo que representa un leve repunte respecto del 1,5% registrado en mayo. Aunque el número se mantiene dentro de valores históricamente bajos para la economía argentina, el dato no puede leerse de forma aislada: se da en un contexto de fuerte recesión, caída del consumo, y licuación sistemática del poder adquisitivo de la mayoría de los hogares.

En lo que va del año, el índice de precios al consumidor acumula un 15,1%, mientras que la variación interanual se ubicó en 39,4%, la más baja desde enero de 2021. Sin embargo, estos indicadores están atados a una política de ajuste sostenido que ha implicado una fuerte contracción del gasto público, congelamiento de salarios, y una dolarización de precios en algunos sectores sensibles. Para los sectores populares, la baja inflación no se traduce en alivio, sino en resignación: no hay suba de precios porque hay menos poder de compra.

El aumento registrado en junio fue impulsado principalmente por los rubros Educación (+3,7%), Vivienda, agua, electricidad y combustibles (+3,4%), Salud (+2,2%), Restaurantes y hoteles (+2,1%) y Comunicación (+1,8%). En contraste, los aumentos más bajos se dieron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,6%) y Prendas de vestir (+0,5%), lo que refleja una retracción general del consumo y una demanda deprimida que empuja los precios a la baja.

A pesar del repunte leve en relación con mayo, la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— se mantuvo estable en 1,7%, un valor que no se veía desde mayo de 2020. Para los analistas, el dato está en línea con las expectativas, aunque advierten que esta desaceleración no se traduce en recuperación económica.

La política de estabilización encarada por el gobierno de Javier Milei se sostiene en base a un ajuste fiscal severo, que incluye la licuación del gasto público, la postergación de aumentos en tarifas y el congelamiento de ingresos. Esto ha implicado una profunda caída en la actividad económica, aumento del desempleo en algunos sectores, y una fuerte disminución del poder adquisitivo de asalariados, jubilados y beneficiarios de planes sociales. En otras palabras: los precios no suben, pero la economía tampoco se mueve.

En definitiva, el dato de junio confirma que la inflación ha dejado de ser, al menos por ahora, la principal preocupación del gobierno. Sin embargo, el costo de esta aparente “victoria” es alto: se sostiene en una economía paralizada, con millones de argentinos sin capacidad real de consumo. La pregunta que subyace es si este esquema es sostenible en el mediano plazo, sin una reactivación que permita recuperar ingresos y mejorar las condiciones de vida.