La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender la sentencia. Sigue vigente la orden para que el país entregue el 51% de YPF en 14 días.
La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF a los beneficiarios de su fallo en la causa por la nacionalización de la petrolera.
Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.
El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.
Esta mañana Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado argentino se destacó la violación de la legislación nacional, porque la entrega de las acciones va en contra de la misma.
También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa. En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.
También se argumenta que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
