La disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el fin de la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria son el eslabón final de la destrucción de las políticas públicas orientadas al sector.

Por Nahuel Lag, para Agencia Tierra Viva.

Horas antes del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, el gobierno nacional publicó el Decreto 462/2025 que confirma la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y pone fin a la autarquía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que pasa a depender de la Secretaría de Agricultura, con un presidente designado por la Casa Rosada.

En solo un año, el Gobierno firmó 65 decretos delegados, con más de 100 modificaciones, entre ellos una decena que amplían la destrucción de las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar: la eliminación de regímenes especiales y fondos fiduciarios y la disolución y centralización de organismos como el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La Comisión Bicameral Permanente del Congreso podría revertir el decreto, pero hasta el momento lo hizo solo con uno, el que otorgaba recursos extraordinarios a la SIDE. El Poder Legislativo ni siquiera revirtió el DNU 70/2023.

“La destrucción de estas políticas públicas es la revancha de cualquier instancia que trabaje con y para el pueblo, que en el caso del sector agrario, sea el Inafci o el sistema de extensión del INTA, bregan por una transformación en el agro a favor del pequeño productor, de peor o mejor manera. Eliminarlo significa entregar el campo al agronegocio, sin más vueltas”, analizó Nahuel Levaggi, coordinador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), que reúne a más de 9000 productores solo en los cordones hortícolas bonaerenses.

“No les interesa la agricultura familiar, no les interesa la investigación y el desarrollo para los productores que producen el 70% de la comida y los alimentos que llegan directo a los argentinos", denunció Ricardo Garzia, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf), organismo dependiente del INTA, y que podrá desaparecer si así lo decide el presidente que la Casa Rosada ponga al frente del organismo.

La FAO (organismo de Naciones Unidas para el agro y la alimentación) precisa que el 70% de los alimentos proviene de la agricultura familiar y también reconoce que el alimento que se produce en el mundo es suficiente para todos. Además, afirma que los sistemas agroindustriales contribuyen a la deforestación, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas de salud global.

La Verdecita repudia el cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina

INTA, el Ejecutivo a la presidencia y el agronegocio al poder

El plan de motosierra tuvo como representantes en todos estos meses al actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y a su vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, a quienes la Mesa Agroalimentaria Argentina ya había denunciado por ser representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Bronzovich será el flamante presidente del organismo restructurado.

Desde noviembre, los planes de ajuste del organismo fueron varios y todos respaldados por la Sociedad Rural y otras entidades del agro con voz y voto en el Consejo Directivo del organismo, con la excepción de la Federación Agraria y la Facultad de Veterinaria de la UBA. La agricultura familiar nunca tuvo asiento en el organismo.

Ahora, el gobierno puso fin a la autarquía poniendo al organismo bajo el ala de la Secretaría de Agricultura, y eliminó el cuerpo de conducción designando la dirección bajo un presidente puesto por el Poder Ejecutivo. El decreto crea un Consejo Técnico “ad honorem” para avanzar con la ansiada “modernización”. Quienes se sienten allí serán los aliados definitivos del Gobierno en el desarme del INTA. El decreto anticipa también la intención de reducir la planta del personal de 6000 empleados por el “sobredimensionamiento de su estructura”.

“La intervención del Poder Ejecutivo dentro de las decisiones del INTA va a avanzar sobre la reprimarización y la estrategia de subordinación de la Argentina al capital financiero internacional”, alertó Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), y advirtió que el cierre de las agencias de extensión rural “va a desmantelar la pata territorial del INTA que mantiene el diálogo con los productores y organizaciones”.

Desde ATE-INTA y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) comenzaron a resistir el decreto con concentraciones en la oficina central y reparticiones del organismo, denunciando que “con el verso de la motosierra, Caputo y Sturzenegger se quedan con la caja del INTA”.

La avanzada contra la agricultura familiar y las economías regionales

A ocho años de la sanción de la Ley de Agricultura Familiar, el Inafci fue disuelto con el mismo argumento de siempre: "El 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1000 empleados en total”, en palabras de Adorni. Desde marzo de 2024 las funciones del organismo estaban reducidas al mínimo.

Lo único que queda en pie es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura y por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”. Solo revisar el relevamiento del Renaf permite observar la dimensión federal que debía cumplir el Inafci: 70.033 núcleos de agricultura familiar en el NEA; 56.503 en NOA; 42.083 en la región Centro; 27.962 en Cuyo y 12.587 en Patagonia. Un universo de 250 mil productores. A ellos asistían los 900 trabajadores despedidos, muchos contratados de forma irregular desde la creación del Programa Social Agropecuario durante el menemismo.

“Hace más de un año venimos denunciando y reclamando por la única política pública nacional con presencia en las 23 provincias, destinada a mejorar las condiciones de vida y producción del sector de la agricultura familiar campesina e Indígena”, reclamaron desde ATE-Agricultura Familiar para rechazar la disolución del Inafci. “Somos 900 profesionales e idóneos de diversas disciplinas con más de 30 años de trabajo con el sector campesino e indígena hasta los parajes más lejanos, con un enfoque integral, socio-territorial e interdisciplinario, con perspectiva de género, generacional, étnica y ambiental”.

En la misma línea va la disolución del Inase, cuyas facultades quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. “Se va a avanzar en la desregulación de los eventos transgénicos en el agro, sin posibilidades de control y seguridad, esto va a traer duras consecuencias”, resaltó Montón.

Otro punto fue el del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que quedará como unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura, y se eliminarán todas sus funciones de control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola otorgadas por la Ley 14.878. La política es una continuidad de lo ocurrido con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyas funciones fueron desguazadas con el DNU 70/2023 y los pequeños productores ya sufren las consecuencias de un modelo que favorece a las grandes empresas.

“Mientras se está hablando de un acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y Brasil aumenta 15.000 millones de dólares los subsidios al agro, la Argentina planifica un Estado cada vez más desmantelado y genera condiciones de inequidad para nuestras economías regionales, que no van poder ser competitivas a nivel internacional y van a perder terreno en el mercado local. Esto no tiene otra razón que la entrega del sistema agroalimentario al capital financiero”, concluyó Montón.