La organización de agricultoras y agricultores familiares La Verdecita se manifestó contra el cierre del organismo anunciado ayer por el gobierno nacional. "Somos el sector que produce la mayor parte de los alimentos frescos que consumimos y que somos fundamentales para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad", indicaron.
Este martes el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
La decisión de eliminar el organismo, según Adorni, se tomó "luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores. Tenían 964 empleados y ahora se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados", precisó el funcionario. Además la calificó como "agencia del empleo político".
El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), es un organismo descentralizado con autarquía económica y financiera que fue creado durante la presidencia de Alberto Fernández -mediante el Decreto 729/2022- para intervenir en el diseño e implementación de políticas que fomenten el desarrollo económico de diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y a la pesca artesanal.
Ante esta situación, desde la colectiva La Verdecita, referentes de la producción agroecológica en Santa Fe, se manifestaron para repudiar la eliminación del Instituto y el despido de 964 trabajadoras y trabajadores. "Manuel Adorni dijo que no habían recibido una sola queja ni reclamo de productores o de trabajadores del sector, así que aquí estamos. El 'sector', como usted lo llama, es la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que produce la mayor parte de los alimentos frescos que consumimos y que somos fundamentales para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad", indicaron.
Desde La Verdecita también explicaron que el INAFCI se nutre de personal que viene trabajando desde 1993, cuando se creó el Programa Social Agropecuario (PSA), que luego fue mutando de nombres y rangos. "Por lo tanto hay quienes vienen trabajando desde hace 30 años", agregan.
Respecto de los objetivos del Instituto, explican que "busca propiciar el arraigo y la vuelta al campo, promover la pesca artesanal, la permanencia en la tierra de las familias en condiciones dignas, con seguridad jurídica, garantizando el acceso a sus derechos, poner en valor de los saberes de los agricultores y las agricultoras familiares y el reconocimiento del valor social de la agricultura familiar en el desarrollo nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria".
"Estos objetivos y acciones llevadas a cabo por el organismo van en sentido contrario a la política del gobierno", reflexionan desde La Verdecita. "El DNU y la llamada ley ómnibus habilitan la extranjerización de la tierra y la propiedad intelectual de las semillas por parte de las grandes corporaciones multinacionales".
Sobre los 964 despidos, desde la colectiva indican que "no son un número ni miembros de 'la casta' sino personas que son trabajadoras/es del Estado. Son ellas y ellos quienes dan carnadura al Instituto y nos han acompañado durante años en capacitación, encuentros entre productorxs, en la producción agroecológica, en el acceso a la tecnología, en la tramitación del monotributo social agropecuario. Quizá pocos sepan que llevan años de precarización e inestabilidad laboral, con contratos que se renuevan anualmente".
Finalmente señalan: "Nos ponemos a disposición de las/os trabajadores/as para acompañarles en las acciones que emprendan en defensa de sus puestos trabajo, de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Junto a ellas y ellos decimos ¡Ni un paso atrás!".
