Ya se arrepintieron del tema de "corregir lo que se hizo mal" y el diálogo y tal: el oficialismo vetó dos de las leyes que tienen mayor aceptación pública, y que fueron sancionadas con amplia mayoría en ambas cámaras.
En una de las peores semanas para el gobierno nacional, y tras la paliza electoral del fin de semana en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei definió vetar varias leyes sancionadas recientemente con mayoría abrumadora en el Congreso, intensificando el choque entre el Ejecutivo, la oposición, universidades y trabajadores de la salud.
Las leyes vetadas incluyen la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, entre otras iniciativas impulsadas con amplio respaldo popular.
Hace unas semanas, el Senado había rechazado al veto presidencial en la ley de emergencia en Discapacidad en lo que significó un duro traspié para el gobierno de Javier Milei. El oficialismo logró cosechar sólo 7 votos, contra los 63 que votaron a favor de la ley.
Ahora, el poder ejecutivo publica en el boletín oficial el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada a mediados de agosto, que proponía una actualización automática por inflación de los gastos operativos de las universidades, incluyendo hospitales universitarios, partidas para investigación, aumento de becas y la reapertura de paritarias para salarios docentes y no docentes. Además, el proyecto fijaba una progresiva inversión estatal que iría del 1 % del PBI en 2026 hasta el 1,5 % en 2031.
El presidente también veta la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, también sancionada por amplia mayoría (62 votos a favor contra 8 en Senado), que contemplaba recursos extraordinarios para insumos críticos, recomposición salarial del personal de salud, derogación de la resolución que modificó el régimen de residencias médicas, y asignaciones presupuestarias adicionales durante un año para atender la situación sanitaria pediátrica nacional.
Continúa el plan de la Motosierra
El gobierno fundamenta los vetos señalando riesgos fiscales: aseguran que las leyes implican “un incremento desproporcionado del gasto público”, que no cuentan con financiamiento genuino, tienen redacción ambigua que podría generar arbitrariedad, y podrían afectar la estabilidad macroeconómica y la coparticipación federal. En el caso de Garrahan, el Ejecutivo afirma que la recomposición salarial prevista implicaría un desembolso de más de $115.000 millones.
Estas decisiones generaron fuertes críticas desde sindicatos universitarios, asociaciones de docentes, personal médico y organizaciones estudiantiles, que advierten que los vetos lesionan la educación pública, los salarios, el funcionamiento hospitalario y el derecho a la salud. Hay convocatorias de paro universitario para el viernes 12 de septiembre, marchas federales y movilizaciones en puerta si el Congreso no rechaza los vetos.
