La cifra representa un incremento del 44,5% en los últimos dos años y se desprende del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que se llevó a cabo por tercera vez en nuestra ciudad.
730 las personas viven en la calle en Santa Fe, cifra que se desprende del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle), que se llevó a cabo por tercera vez en nuestra ciudad y cuyos resultados fueron presentados ayer en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Los números muestran una suba sostenida: en 2023 se habían registrado 505 personas y en 2024 648, lo que representa un incremento del 44,5% en los últimos dos años. El 95% de las personas en situación de calle son adultos, en su mayoría varones, y se identificó la presencia de al menos 40 niñas, niños y adolescentes en estas condiciones.
La presentación estuvo a cargo de Agostina Bottaro, coordinadora de Red Puentes Santa Fe, junto a representantes de la UTN que validaron la metodología utilizada y los datos obtenidos y de Guazú, la empresa que desarrolló la app empleada en el ReNaCalle. Bottaro destacó que “los números hablan de un crecimiento del 46% en la era Milei" y remarcó: "El estado de las personas en situación de calle es cada vez peor, reflejo de políticas que deshumanizan y profundizan la exclusión”.
El ReNaCalle destaca que se evidencia "un empeoramiento en la calidad de vida de las personas pero, principalmente, en lo que a consumos problemáticos y salud mental refiere". De las 730 personas en situación de calle, solo 573 pudieron ser entrevistadas: "Las personas aparecen perdidas en tiempo y espacio o, simplemente, huyen ante la presencia de alguien que quiere acercarse".
"La falta de políticas públicas específicas para el sector, la prohibición de realizar una de las actividades que más los emplea -como ser la actividad de los cuidacoches-, la persecución y represión deliberada y constante por parte de la policía y la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), el desfinanciamiento de las instituciones de la sociedad civil que abordan la problemática y el tratamiento de los consumos problemáticos como padecimientos de salud mental, entre otras circunstancias, se presentan como los principales factores que vulneran el acceso a los derechos humanos fundamentales de las personas en situación de calle", denunciaron desde Red Puentes.
Además, desde la organización del ReNaCalle sostuvieron que la "problemática no puede esperar para ser abordada de manera integral", ya que se trata de personas que "sobreviven dentro de un contexto de vulnerabilidad completamente extremo", que "no pueden esperar ante la urgencia de respuestas": "El momento de las políticas públicas pertinentes para el sector es ahora. La emergencia es ahora".
El detalle
El ReNaCalle permitió trazar un perfil de la población en situación de calle. La mayoría son varones de entre 19 y 35 años (52,9%), seguidos por personas de 36 a 45 años (22,2%) y de 46 a 64 (20,1%), es decir, personas económicamente activas, en edad de trabajar. Se contabilizaron 86 mujeres -entre ellas 5 que afirmaron estar cursando un embarazo-, lo que significa un aumento respecto a 2024, cuando habían sido relevadas 64.
Otro dato alarmante es la presencia de niñas, niños y adolescentes en situación de calle: 40 personas adultas manifestaron convivir en la calle con menores de 18 años, casi el doble que el año pasado, cuando se habían identificado 27.
El informe también refleja que la problemática se agravó en el último año: el 36,5% de las personas entrevistadas afirmaron estar en calle desde hace al menos un año. El 21,1% lo está desde hace uno a tres años mientras que el 37% lo está desde hace más de seis años, lo que reafirma la característica estructural de la problemática.
290 personas (50,6%) indicaron que no es la primera vez que se encuentran en situación de calle -cifra que se mantiene respecto al año pasado-, mientras que 257 (44,9%) dijeron que era la primera vez que estaban en esta situación. Es decir que más de la mitad de la población parece no poder superar de manera definitiva su situación de calle.
Un poco más de la mitad de las personas entrevistadas (51%) afirmaron haber trabajado en la última semana, mientras que el 41, 5% indicó no haber realizado una actividad laboral: más de la mitad de ellos afirmaron buscar trabajo y no encontrarlo.
La gran mayoría de la población que sí trabajó en la última semana se desempeña como cuidacoches o limpiavidrios (37,7%), seguido por la albañilería (24,7%) y otros oficios como herrería, carpintería, pintura y metalurgia (48 personas), gastronomía (22 personas) y corte de pasto o jardinería (14 personas). El 15,1% de la población se dedica a recolectar y/o reciclar cartones y el 14,2% se desempeña en la venta ambulante o feriante; es decir que más de la mitad de estas personas (67%) desarrollan sus actividades laborales dentro de lo que se denomina economía popular, es decir, crean sus propios trabajos -de manera informal- para sobrevivir.
Violencia estructural
Entre las principales causas que llevaron a las personas a la calle aparecen los conflictos familiares y/o territoriales (287) y los consumos problemáticos y las problemáticas de salud mental (147 casos). El 68,4% de las personas consumen algún tipo de sustancia, y el 62,5% de ellas cree que su consumo es problemático, pero menos de la mitad (42%) recibió ayuda para tratar el problema. Un 69,9% fue asistida por instituciones que abordan el consumo problemático; un 15,5%, por una organización social, y solo un 4,9% acudieron a instituciones públicas como hospitales y centros de salud.
En cuanto a la ayuda recibida, menos de la mitad de las personas entrevistadas (41,5%) señalaron haber recibido asistencia en el último mes. Esta proviene, en su mayoría, de organizaciones sociales (54,6%), seguidas por instituciones públicas (34,5%) y parroquias e iglesias (30,3%). Sólo 72 personas (el 13,1%) dijeron acceder a algún servicio de alojamiento, refugio o parador, y el 29,7% de los entrevistados (170) no acceden a ningún tipo de servicio.
Además, más de la mitad (60,2%) manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia, en muchos casos ejercida por fuerzas de seguridad como la Policía (67,5%) o la GSI (50,4%), lo que refleja el carácter represivo del abordaje estatal para con el sector. La proporción de personas en situación de calle que expresa haber sufrido violencia por parte de otras personas del sector es elevada, alcanzando el 40%.
En lo que respecta a las mujeres, más de la mitad de ellas (61,6%) afirmaron haber sufrido situaciones de violencia por motivo de género. Es necesario aclarar que, además de significar una confesión muy íntima por parte de las mujeres, algunas de ellas fueron entrevistadas estando su pareja como testigo no partícipe, lo que podría explicar el 10,5% que “no desea responder”.
También es alto el porcentaje de mujeres que no recibió algún tipo de asistencia por violencia de género: el 66%. En su gran mayoría no saben dónde pedir ayuda (31,4%), tienen miedo de pedirla (20%) o no tienen lugares cerca donde acudir.
La gran mayoría de las personas (632) se encontraba, geográficamente, en la calle. Sólo 55 fueron entrevistadas en un dispositivo diurno y 43 en un dispositivo nocturno. Sólo el 67,2% posee el Documento Único de Identidad en formato físico; es decir que 160 personas no tienen su DNI.
56 de las personas relevadas no saben leer ni escribir (9,8%). El secundario incompleto es el nivel educativo más frecuente (30,5%), seguido por el primario completo (25,3%) y el primario incompleto (17,1%). Esto quiere decir que sólo el 13,1% (75) cumplió con los estudios obligatorios.
Respecto a la salud, el 36,3% de las personas entrevistadas se realizó un chequeo médico en el último año, mientras que el 22,3% lo hizo en los últimos cinco años. El 17,5% hace más de cinco años que no se realiza un chequeo médico y el 7,2% nunca se hizo uno. En rasgos generales, el 46,9% -casi la mitad de la población- hace más de un año que no se realiza un chequeo médico.
Por otro lado, el 18% de la población entrevistada afirmó tener algún tipo de discapacidad, lo que equivale a 103 personas. El dato alarmante es que el 63,1% de esa población no posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La metodología del ReNaCalle
El ReNaCalle se llevó a cabo durante los días jueves 11, viernes 12, y lunes 15 de septiembre. Desde la organización destacaron que se trata de un muestreo accidental y no de un censo, y que, por lo tanto, las cantidades no representan la totalidad de esta población.
El objetivo principal del ReNaCalle es lograr un diagnóstico lo más preciso posible de la población en situación de calle para luego traducir el trabajo en políticas públicas que se ajusten a las necesidades y características cambiantes del sector. El mismo está enmarcado en la Ley Nacional 27.654 de Situación de Calle y Familias Sin Techo, que regula los deberes del Estado frente a dicha población: el hecho de que sean las organizaciones sociales y las instituciones de la sociedad civil quienes se encargan del relevamiento deja entrever que el Estado desoye una de sus obligaciones principales, lo que entorpece la tarea de recolección, sistematización y producción de información.
Entendiendo que las personas en situación de calle se mueven constantemente de un lugar a otro, cada año se debe repensar la estrategia para encontrarlas y poder relevarlas. Por este motivo, el ReNaCalle es un relevamiento exploratorio de amplia cobertura basado en un muestreo accidental o coincidental.
Para poder organizar la búsqueda, la ciudad se dividió en polígonos y radios que, a su vez, contemplan puntos de interés, es decir, lugares específicos donde se sabe que hay o puede haber personas en situación de calle. Además, se realizaron dos ollas populares en dos puntos estratégicos el primer día del relevamiento, con la intención de que las personas se acerquen y puedan ser entrevistadas.
Para esta labor, se realizó una convocatoria de voluntarixs a la cual se inscribieron 120 personas que, desinteresadamente, participaron de las capacitaciones pertinentes. La herramienta de recolección de datos fue una encuesta estructurada que se tradujo en una aplicación móvil llamada “Guazú”, con geolocalización, diseñada exclusivamente para todas las particularidades del ReNaCalle.
La encuesta sólo se aplicó a personas mayores de 18 años que accedían a concretar la entrevista. En el caso de que las encuestas no pudieran realizarse, ya sea porque la persona era menor de edad, o estaba en situación de consumo, o el contexto era peligroso para quien estaba encuestando, o la persona no quería contestar, sólo se completaba un módulo observacional donde, en una planilla de seguimiento, se daba cuenta de que había una o más personas en situación de calle, la identificación de mayores y menores, la identificación de elementos característicos -colchones, carpas, cartones, chapas, etc.- y la ubicación geográfica.
