El gobierno se Milei se alineó una vez más con EEUU e Israel y votó en contra de condenar las torturas "en todo momento y lugar".

El gobierno de Javier Milei quebró la tradición histórica de la Argentina como referente internacional en materia de derechos humanos al votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la tortura “en todo momento y lugar”. La decisión alineó al país con Estados Unidos e Israel (los únicos dos Estados que también rechazaron el texto) y lo dejó aislado frente al resto de la comunidad internacional. Para numerosos especialistas, este posicionamiento implica un giro abrupto en la política exterior argentina y un retroceso simbólico para un país marcado por la experiencia de la dictadura.

El rechazo argentino se produjo en una sesión que, en circunstancias habituales, suele aprobar estas resoluciones por consenso. Esta vez, sin embargo, la propuesta debió someterse a votación, con un resultado que dejó a la Argentina en un pequeño grupo minoritario. Solo cuatro países optaron por abstenerse —Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea—, mientras que la mayoría acompañó la condena a toda forma de tortura y a cualquier intento estatal de justificarla bajo argumentos de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo o decisiones judiciales.

La decisión también generó malestar porque ocurrió apenas una semana después de la presentación de funcionarios argentinos en Ginebra, donde la delegación oficial cuestionó a organismos de derechos humanos y reivindicó la idea de una “memoria completa” sobre los crímenes de la última dictadura. En ese contexto, el voto en la ONU fue interpretado como una señal diplomática contundente que profundiza el distanciamiento del país respecto de estándares internacionales que históricamente promovió y defendió.

Entre las críticas más resonantes estuvo la del ex embajador Roberto Carlés, quien advirtió que el alineamiento automático con las potencias no fortalece la soberanía argentina. Para Carlés, la decisión no solo resulta “triste para un país con nuestra historia”, sino que además es políticamente perjudicial: “Las grandes potencias no respetan a los arrastrados”, señaló. Su análisis sintetiza la preocupación de un sector amplio del ámbito diplomático y académico, que ve en esta postura un costo alto en términos de prestigio internacional y coherencia histórica.