La presentación la hicieron los defensores de todos los acusados. Plantearon que inhibirlos era un "exceso inadmisible".
A pedido de las defensas del empresario estadounidense Hayden Mark Davis –fundador y promotor de la criptomoneda $LIBRA, que promocionó fugazmente el presidente Javier Milei– y de la dupla de lobistas y simpatizantes libertarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, la justicia federal revocó las medidas por las que se había ordenado el congelamiento de billeteras virtuales y las inhibiciones de fondos de los imputados, y los reemplazó por embargos concretos por un tiempo limitado (90 días) y sumas de casi 37 millones de pesos (unos 25.000 dólares) a cada uno. Una decisión que fue cuestionada por los damnificados y que consideraron como insignificante.
El brusco giro judicial se entiende luego de que la sala II de la Cámara Federal porteña ordenara reemplazar los congelamientos e inhibiciones totales por medidas patrimoniales “proporcionales, delimitadas y temporales”. Ese fallo estableció que, para asegurar un eventual decomiso o reparación, el camino adecuado era fijar embargos, no inmovilizar la totalidad del patrimonio de los imputados.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Eduardo Taiano, dio su aval a esa postura: destacó en su presentación que la prohibición de innovar sobre los bienes de Davis no resultaba la herramienta más adecuada.
Entonces, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso levantar las “prohibiciones de innovar”, esto es el congelamiento de fondos, y fijar embargos por 36.875.000 de pesos a cada imputado. La decisión reemplaza los congelamientos de billeteras de criptomonedas que había dispuesto la jueza federal María Servini meses atrás, cuando estaba a cargo del caso.
La lista de beneficiarios incluye, además de Davis, Terrones Godoy y Novelli, a la madre (María Alicia Rafaele) y a la hermana (María Pía Novelli) del citado lobista que trabajaba con Milei desde 2020; al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales; y a los dos cambistas informales o “cueveros” que aparecieron en la “ruta del dinero”: el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el jubilado argentino Orlando Rodolfo Mellino. Todos quedan sometidos al mismo monto de embargo y al mismo plazo.
El argumento central de los abogados de los imputados se fundó en la proporcionalidad de las cautelares. Consideraron que los estafados habían presentado en el expediente reclamos fehacientes por 20.000 dólares, por lo que congelar todo el patrimonio de sus clientes constituía “un exceso inadmisible”. Cuestionaron las investigaciones patrimoniales que llevó adelante la justicia por considerarlas “una intromisión en la intimidad y privacidad de las personas investigadas (con la especial protección del secreto financiero, fiscal y bancario)”, y añadieron que las cautelares implicaban una “grave afectación al derecho constitucionalmente protegido a la propiedad, de manera desproporcionada”.
El fiscal Taiano se sumó a la postura de las defensa. “Teniendo en cuenta el avance de la investigación” y el desarrollo del sumario, y “a los fines de recuperar el provecho del delito”, concluyó que no tenía “nada que objetar”. Esto habilitó al juez a hacer lugar al reclamo de los abogados.
La resolución judicial reavivó las molestias entre los querellantes, que dicen aunar reclamos por más de cinco millones de dólares, una cifra muy superior a la que se considera probada en el expediente. La medida de Martínez de Giorgi se conoce luego de que la jueza federal Jennifer Rochon, de Nueva York, rechazara un pedido de los impulsores de una demanda colectiva en Estados Unidos para imponerles a Davis y otros demandados restricciones a los movimientos de billeteras virtuales que garantizaran la trazabilidad de los fondos en disputa.
Con información de Página 12
