La medida de fuerza de 72 horas convocado por Conadu Histórica comenzó ayer y se extenderá hasta mañana. Las y los docentes reclaman la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura de la paritaria salarial.
El paro nacional de 72 horas convocado por la docencia universitaria y preuniversitaria nucleada en CONADU Histórica comenzó ayer y se extenderá hasta mañana. Las universidades siguen en pie de lucha en reclamo de la apertura de la paritaria salarial y de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada en el Congreso y cuyo veto ya fue rechazado por los dos tercios de ambas cámaras.
"Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, desde nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema universitario público nacional", afirmaron desde las universidades.
El paro surgió del debate en el Congreso Extraordinario realizado el pasado jueves 30 de octubre, en el que participaron 84 representantes de las asociaciones de base de todo el país.
El gobierno incumple la ley
La Ley de Financiamiento Universitario prevé una asignación progresiva del presupuesto universitario, elevando la inversión del Estado hasta el 1 % del PBI en 2026, para alcanzar el 1,5 % en 2031, contemplando actualización automática por inflación para partidas operativas, salarios, investigación y becas.
Junto con el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica –que busca financiar al Hospital Garrahan–, el veto presidencial al Financimiento Universitario fue rechazado en septiembre en la Cámara de Diputados. 174 diputados rechazaron el veto, 67 respaldaron a Milei y dos se abstuvieron.
A principios de octubre, el Senado volvió a marcarle la cancha al presidente y rechazó el veto con 58 votos afirmativos. A Milei no le quedó otra que promulgar la ley, pero suspendió su ejecución mediante el decreto 759/2025 hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y las incorpore al presupuesto nacional, basándose en la Ley 24.629, que establece que la aplicación de leyes que impliquen gastos queda postergada hasta que se incluyan las partidas presupuestarias correspondiente.
La jugada deja en evidencia, una vez más, que el financiamiento universitario no es prioritario para Milei. A pesar de que hace dos años Argentina no tiene un presupuesto vigente, la Jefatura de Gabinete tiene atribuciones para decidir reasignaciones presupuestarias, algo que el gobierno hace constantemente con fondos de asignación específica.
Los universitarios paran porque con Milei no pueden ni pagar el alquiler








