En la audiencia pública sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gremio de prensa de Buenos Aires y la periodista apuntaron contra la persecución, la violencia estatal y el desguace de los medios públicos.
En una audiencia pública sobre libertad de expresión realizada en la Universidad de Miami, en el marco del 194º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la periodista Julia Mengolini denunciaron al gobierno de Javier Milei.
La audiencia fue llevada a cabo a pedido de diversos organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Amnistía Internacional y el propio SiPreBA. Allí, el gremio de prensa y la fundadora de FutuRöck denunciaron la violencia y la persecución del gobierno a los periodistas opositores y el desguace de los medios públicos.
"La libertad de expresión está siendo atacada"
Para Francisco Rabini, dirigente de SiPreBA y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), "desde hace dos años la libertad de expresión y de prensa están siendo atacadas de forma constante y planificada" en Argentina: "Es la primera vez que, en democracia y desde la conducción del gobierno, se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas y trabajadores de prensa".
El dirigente sindical trajo a colación el violento slogan utilizado por Milei, "no odiamos lo suficiente a los periodistas", y expresó que "los insultos y descalificaciones no sólo buscan atemorizar, disciplinar y silenciar a quienes hacen su trabajo en medios de comunicación: habilitan ataques y agresiones físicas concretas, como le sucedió a dos fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín perseguidos con un cuchillo durante la cobertura de un acto de Milei o al periodista y dueño de El Destape, Roberto Navarro, atacado a golpes por un desconocido".
"La represión sistemática a trabajadores de prensa mientras cubren protestas sociales", para Rabini, "sintetiza la política del gobierno". "En cada marcha, las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra camarógrafos, reporteros gráficos, cronistas, productores: sólo en la manifestación del 1 de febrero de 2024 contabilizamos 52 trabajadores de prensa heridos", prosiguió, resaltando como ejemplo más grave "el del fotógrafo Pablo Grillo, que el 12 de marzo quedó al borde de la muerte por una granada de gas disparada directo a su cabeza y sigue luchando por su vida".
"Otra forma de asedio del poder estatal son las denuncias judiciales del propio presidente contra periodistas que publican notas que no le gustan", continuó Rabini, cuyo "único objetivo es acallar". "Las periodistas mujeres sufren un particular acoso", añadió.
"El desguace de los medios públicos, particularmente del servicio periodístico de la agencia nacional de noticias Télam, también es un atentado contra la libertad de expresión y contra el sistema federal de medios argentino", reflexionó el dirigente, que resaltó que "Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas y culturales fueron vaciadas y sus trabajadores padecen un congelamiento salarial" y que los medios comunitarios también son blanco de la persecución gubernamental, merced a "la eliminación de planes de fomento y el redireccionamiento arbitrario de la pauta publicitaria pública". "Las consecuencias: cierre o achicamiento de medios, menos pluralidad y diversidad de voces, menos libertad de expresión", sentenció.
"El resultado es un periodismo totalmente precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer una profesión que es fundamental para la democracia", concluyó Rabini, que finalizó: "Atacan a los periodistas y a los trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación, que tiene la capacidad de cuestionar al poder y a un modelo económico, social y político excluyente".
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"Una campaña de odio institucional"
A su turno, Julia Mengolini relató "lo que significa vivir y trabajar bajo un gobierno que usa el poder del Estado para perseguir, humillar y silenciar": "Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el clima para ejercer el periodismo se volvió asfixiante. Lo que empezó como insultos se transformó en una campaña de odio institucional, orquestada desde las más altas esferas del poder para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones".
"En mi caso, en junio de este año, fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes", contó Mengolini: "Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija. El propio presidente amplificó esas agresiones, publicó casi 100 mensajes en mi contra en cuatro días, se burló públicamente y justificó la violencia diciendo que 'me merecía el vuelto'".
"Esa violencia no fue espontánea: fue una estrategia de disciplinamiento estatal para castigar la crítica y generar miedo", afirmó la periodista, que indicó que "también se usó el poder penal" para perseguirla: "Fui demandada por hacer una cobertura periodística de un conflicto laboral en el hospital de niños mas emblemático de nuestro país, el Garrahan. Al igual que otras dos denuncias que me hizo el presidente, la causa fue desestimada por la justicia".
Mengolini también puntualizó en la cuestión de género: "Además de lo que escuchamos, las mujeres periodistas sufrimos una violencia específica: insultos sexualizados, amenazas a nuestras familias y campañas de desprestigio que buscan sacarnos del espacio público. El mensaje implícito es recordarnos que, pese a nuestro rol en la esfera pública, nuestro lugar sigue siendo el de objeto de deseo y de burla".
"Es urgente que esta Comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales para hostigar a la prensa", concluyó.
Con información de Tiempo Argentino.
