El fuerte aumento del precio de los combustibles desató bloqueos, paros y protestas en distintas regiones del país. Sindicatos y organizaciones sociales rechazan el ajuste impulsado por el gobierno y advierten sobre su impacto inmediato en el costo de vida.
La decisión del gobierno de Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles, vigente en Bolivia durante más de 20 años, desencadenó una ola de protestas, bloqueos y paros que paralizan al país y evidencian la fuerte tensión social ante un ajuste económico profundo.
El Decreto Supremo 5503, publicado en diciembre de 2025, puso fin a las ayudas estatales que mantenían el precio de la gasolina y el diésel por debajo del mercado internacional, con el argumento oficial de aliviar las finanzas públicas y permitir una reasignación de recursos. La medida implicó aumentos abruptos en los precios del combustible con subas de alrededor del 86% para la gasolina y hasta más del 160% para el diésel, lo que impactó directamente en los costos de transporte, alimentos y bienes esenciales.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) declaró huelga general indefinida y anunció bloqueos y marchas a nivel nacional. Exigen dos cosas: la renuncia de Rodrigo Paz y la abrogación inmediata del nefasto Decreto Supremo 5503. La medida será presentada y… pic.twitter.com/ZqcKTjgSWb
— Desordenado (@caos_desorden) December 19, 2025
La respuesta fue inmediata. En ciudades como La Paz, Santa Cruz y El Alto, choferes del transporte público y camioneros bloquearon calles y avenidas principales, provocando una paralización efectiva de los servicios y dificultades de movilidad para miles de personas. Las principales urbes quedaron al borde del colapso, con paros de transporte, huelgas de 24 horas convocadas por sindicatos y puntos de corte en rutas estratégicas.
Los sectores movilizados, que incluyen sindicatos de transporte, juntas vecinales y organizaciones sociales, rechazaron con dureza lo que denominaron un “gasolinazo”, advirtiendo que el incremento impacta de lleno en la vida de quienes viven con ingresos ajustados día a día. Las tarifas de colectivos y otros servicios ya comenzaron a subir en respuesta al costo del combustible, generando un efecto multiplicador en el precio de productos básicos.
La Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones sindicales anunciaron medidas más duras todavía: paro general indefinido en todo Bolivia, movilizaciones escalonadas y ampliados para coordinar nuevas acciones hasta lograr que el gobierno abrogue el decreto.
"Vamos y nos sumamos al pueblo movilizado con el paro general indefinido movilizado", manifestó uno de los líderes de la organización, Mario Argollo. Según el representante de los huelguistas, los sindicatos insistirán en la derogación total del decreto firmado por el presidente Rodrigo Paz. Sectores campesinos y docentes también se plegaron a las protestas, denunciando que las medidas afectan de forma desproporcionada a los trabajadores y las comunidades rurales.
Desde el Ejecutivo, Paz defendió la eliminación de los subsidios como una medida necesaria para corregir “políticas fiscales insostenibles” heredadas de administraciones anteriores y garantizar recursos para inversión pública. Algunos sectores empresariales, como los representantes agropecuarios y cámaras del sector privado, apoyan la reforma por considerarla indispensable para estabilizar la economía boliviana.
"He decidido declarar la emergencia económica y social que busca el sinceramiento de los precios de los hidrocarburos, una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento de combustible y dejar de desangrar nuestras reservas", escribió en sus redes sociales.
Pueblo de Bolivia, hoy hemos dictado un histórico D.S. He decidido declarar la emergencia económica y social que busca el sinceramiento de los precios de los hidrocarburos, una decisión difícil pero necesaria para garantizar el abastecimiento de combustible y dejar de desangrar…
— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) December 18, 2025
El conflicto social que atraviesa Bolivia tiene raíces más profundas que el simple incremento de precios. Se inserta en un contexto de crisis económica prolongada, con escasez de divisas, inflación elevada y dificultades para sostener subsidios generalizados sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Por estas horas, el gobierno sostiene que no dará marcha atrás, las organizaciones sociales y sindicales fortalecen su reclamo y advierten con extender sus medidas de protesta. La tensión entre ajuste económico y malestar ciudadano no nos resulta ajena: es un clima de época en gran parte del continente.
