ANUARIO 2025 | Hay quienes reducen a los límites domésticos de la Argentina que la principal líder del mayor partido de oposición esté proscripta y en prisión domiciliaria. Pero en ningún caso y en ningún nivel de la causa hubo un tribunal que no formara parte en su totalidad o mayoría del partido de la Embajada. Esa oración resume toda esta nota y explica cómo debe comprenderse la dinámica política del país durante el siglo XXI.

Hay quienes reducen a los límites domésticos de la Argentina que la principal líder del mayor partido de oposición esté proscripta y en prisión domiciliaria. El análisis así se angosta a una secuencia de investigación policial y, al final del camino, a la moralina.

El análisis judicial se choca de frente con la integración de los tribunales que tuvieron a su cargo el trámite. En ningún caso y en ningún nivel de la causa hubo un tribunal –incluyendo a la Corte Suprema– que no formara en su totalidad o mayoría parte del partido de la Embajada. Esa oración resume toda esta nota y explica cómo debe comprenderse la dinámica política del país durante el siglo XXI.

Los principales partidos políticos de Argentina operan en un tablero que no coincide con la estructura institucional de la República. No hay oficialismos y oposiciones, hay partidos más o menos nacionales y partidos de la Embajada. Y quienes integran el partido de la Embajada nunca jamás, pero nunca jamás, ven avanzar sus numerosísimas causas judiciales. Todo lo contrario. Correo Argentino, parques eólicos, autopistas, el blanqueo ilegal del dinero ilegal de sus familiares, el soterramiento del tren Sarmiento. Podemos seguir, nada avanza.

No es que hay doble vara. Directamente no hay vara porque no es un problema judicial o de política interior.

El partido de la Embajada gobernó durante la dictadura militar, el largo menemismo y los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. Sus ideas son siempre las mismas, buscarle los matices es, antes que nada, un modo de operar en favor de sus diferencias para que, cada vez que vuelven, se justifique la promesa eterna de que “esta vez va a ser distinto”. No, nunca es distinto.

Aunque incompleta, la enumeración es útil porque permite ubicar en la serie el caso argentino:

• En 2002, hubo intento de golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez. La movida fue militar, un político y empresario se autoproclamó presidente. La movilización popular y los militares aliados rescataron a Chávez y recompusieron el orden público. Estados Unidos reconoció pocos años después su apoyo al golpe.

• En 2004, el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por militares estadounidenses y franceses. Desde entonces, Haití está ocupada por fuerzas internacionales. Aristide estaba transitando su tercera presidencia (en período no consecutivo) y estaba apoyándose cada vez más en Venezuela y Cuba.

• En 2008, el oeste boliviano se sublevó contra el presidente Evo Morales, llegando a plantear la separación. Un enfrentamiento entre cipayos con petróleo y pueblos originarios andinos, con oleoductos estallados y masacres de indígenas. El respaldo de la Unasur fue vital para sostener la continuidad del líder aymara.

• En 2009, en Honduras, “Mel” Zelaya cae derrotado frente a sus propias fuerzas militares, acompañadas de soldados norteamericanos. El golpe de Estado recibe el abierto aval de Estados Unidos.

• En 2010 y en 2015, Rafael Correa soportó presiones de sus fuerzas de seguridad –puntualmente, de la policía– que apuntaron a derrocar su gobierno. De hecho, en 2010 Correa fue secuestrado por los oficiales y, luego, rescatado tras un tiroteo. Correa terminó en el exilio, tras ser juzgado por una Justicia opositora.

• En 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es destituido por la Cámara de Diputados a través de un juicio político. En el camino hubo una investigación fraudulenta sobre una masacre entre policías y campesinos. Paraguay es suspendida del Mercosur y la Unasur por estos hechos, reconocidos como un golpe internacionalmente.

• No muy distinto fue el proceso iniciado en 2016 en Brasil contra Dilma Rousseff, destituida por una acción presupuestaria corriente, que casi inmediatamente fue avalada en la Justicia.

• En abril de 2017, Lula Da Silva es condenado por el juez Sergio Moro, luego ministro de Jair Bolsonaro. Moro fue recibido con bombos y platillos por nuestra Justicia, dejando una foto para la historia junto al supremo Ricardo Lorenzetti y el mayor operador judicial de la Embajada, Claudio Bonadío.

• A fines de 2019, un sangriento Golpe de Estado en Bolivia terminó con la presidencia de Evo Morales, cuya reelección fue descalificada con argumentos luego probados falaces por agentes norteamericanos de la OEA. La presidenta de facto, Jeanine Añez, fue inmediatamente reconocida por Estados Unidos y por sus personeros regionales, como Mauricio Macri, cuyo gobierno proveyó de armamento a los golpistas.

• En 2022, el retorno de Lula al poder no estuvo exento de dificultades. Revueltas en el día de la elección, alzamiento policial para detener votantes, balaceras previas y, finalmente, la toma de Planalto por el bolsonarismo evangélico.

• Y en este enero de 2026, una acción más directa, sin -aparentes- intermediarios locales: el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro.

En todos los casos, siempre sucedió lo mismo: Estados Unidos detrás del golpismo, Estados Unidos bancando inmediatamente a los golpistas.

Es asombroso, decepcionante, que fuerzas locales que se llaman progresistas operen en el tablero político local y regional como si el lawfare fuese un invento. Es, directamente, un mandato del Comando Sur. Es decir: forma parte de sus operaciones militares.

No es una grosería panfletaria. En 2019, Estados Unidos publicó su actualización de la estrategia del Comando Sur. Se titula “Promesa duradera para las Américas” y equipara la “corrupción” a “el tráfico de drogas, la migración, el crimen violento y la influencia estatal nociva” como amenazas al hemisferio y a la seguridad de los propios Estados Unidos.

Allí dice:

“La corrupción y los gobiernos débiles generan ambientes permisivos para que expandan su influencia actores estatales malignos, que amenazan a Estados Unidos, sus aliados y los intereses de sus naciones asociadas. Mientras que Estados Unidos todavía es el principal aliado comercial de la región, China está incrementando rápida su comercio e inversión y es, actualmente, el principal prestamista de la región. La corrupción incentiva a los funcionarios gubernamentales para que hagan arreglos económicos y de seguridad predatorios con China, que ponen la prosperidad y soberanía de las naciones en riesgo”.

Esto es lo que te dicen en la cara. ¿Se entiende qué significa que desde hace 25 años se persigan por corrupción a los líderes sudamericanos no alienados automáticamente con Estados Unidos?

El trámite judicial en sí

Concretamente, en junio, la Corte Suprema de Justicia decidió la prisión y proscripción de la expresidenta y titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, luego de una descomunal presión mediática y política para resolver rápidamente el recurso en el marco de la causa Vialidad. Lo hizo apelando al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazar recursos extraordinarios sin revisar los expedientes ni argumentar los motivos.

Tal vez una clave para pensar la decisión de la Corte Suprema de no revisar los expedientes de la causa Vialidad se puede hallar en que fue un proceso plagado de anomalías.

En primer lugar, se encuentra la parcialidad de los jueces y fiscales. No olvidemos que los jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Macri, y que dos jueces de Casación fueron a jugar al tenis a la quinta de Olivos y visitaron a Macri en la Casa Rosada. Pero eso para la Corte no fue parcialidad. Es decir, les faltó entrar con globos amarillos a las audiencias y al ritmo de Tan Biónica para empezar a evaluar como parcialidad sus vínculos con el expresidente, interesado en la causa.

En segundo lugar, la expresidenta no poseía atribuciones sobre las obras aprobadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso. El financiamiento corría por cuenta de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras eran licitadas, adjudicadas y controladas por la provincia de Santa Cruz.

En tercer lugar, los abogados argumentaron que se violó el principio de culpabilidad, ya que “todos los testigos, incluyendo los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista”.

En cuarto lugar, se condenó a Cristina porque Lázaro Báez ganó las licitaciones en 51 de los 81 tramos de ruta que se construyeron en Santa Cruz. Además, se les imputó sobreprecios. No obstante, la defensa explicó que se hicieron solamente pericias sobre tres de las 51 obras, que no solamente poseían conclusiones contradictorias, sino que tampoco se compararon con los precios y las obras de otros contratistas y de otras regiones del país.

Incluso los propios empresarios rivales reconocieron en el juicio que en las distintas provincias suelen ganar la mayoría de las licitaciones las empresas locales, porque pueden ofrecer mejores precios, dado que tienen allí el personal y la maquinaria.

En quinto lugar, otra irregularidad se encuentra en que los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron en la sentencia el dictado del decreto 54/2009. Según la defensa, no solamente las supuestas irregularidades asignadas a ese decreto no fueron debatidas en juicio, sino que se trata de un decreto que sigue vigente hasta hoy y continúa siendo usado por las gestiones posteriores a la de CFK.

Se trata de un decreto que habilitaba a que se pagaran las obras de todo el país con un fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta de gasoil. Para el tribunal, se trató de una medida para beneficiar a Báez, pero su vigencia sostenida lo contradice.

Asimismo, a los abogados de CFK les resultó llamativo que nunca lo plantearon en la acusación, tampoco en el juicio, pero fue introducido igual por los jueces en la sentencia.

Y en sexto lugar, cuando las audiencias del juicio ya habían terminado, los fiscales usaron en su alegato los chats de otro juicio, el de "los bolsos que José López". Así, los fiscales armaron la operación "limpiar todo", que habría consistido en una supuesta reunión entre Báez y CFK para que se hiciera un pago al constructor y se borraran todos los rastros. Pero los chats nunca se trataron en el juicio, ni CFK fue indagada al respecto, y cuando planteó su deseo de contestar, los jueces se lo impidieron. Cabe destacar que no solamente no existió dicha reunión, sino que tampoco hubo pago alguno a Báez.

Comida, ingresos, trabajo, empresas: todo lo perdido desde que CFK dejó la presidencia