El ministro de Justicia y Seguridad indicó que al menos 20 funcionarios policiales serán pasados a disponibilidad con retiro de arma y chaleco antibala por las protestas policiales ocurridas en la última madrugada. Reconoció la legitimidad de los reclamos.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, avisó que al menos 20 funcionarios policiales serán pasados a disponibilidad por incumplimiento de sus deberes en el marco de las protestas registradas en las últimas horas en Rosario y otras localidades de la provincia, y adelantó que las investigaciones en curso podrían derivar en nuevas sanciones administrativas y penales.
“Vamos a cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos”, dijo el ministro y advirtió que “usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”. “Estamos investigando posibles ilícitos penales de grupos marginales y desplazados de la Policía, que no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento”, manifestó.
Cococcioni detalló que, en Rosario y Santa Fe, “se intentó impedir la salida de no menos de veinte móviles policiales hacia tareas de patrullaje”. Según precisó, en Rosario varias unidades fueron estacionadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y algunos agentes “abandonaron el servicio, dejando los patrulleros sin custodia”. Pese a ello, aclaró que “el patrullaje se está sosteniendo con normalidad”.
La conferencia de prensa ocurrio en la Sede de Gobierno de Rosario, junto a los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira. El ministro sostuvo que detrás de los reclamos salariales “se montaron grupos con intereses particulares y sectoriales que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y difundieron fake news a través de redes sociales y chats internos, con el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo”.
La protesta y las sanciones
El ministro reconoció “el reclamo legítimo por mejores condiciones laborales” y destacó que “todo policía que cumple correctamente su función y ha contribuido a la reducción de la violencia en Santa Fe seguirá contando con el respaldo del Gobierno”. Sin embargo, advirtió que ese reclamo fue “utilizado por personas allegadas a sectores desplazados de la fuerza, en algunos casos vinculados a graves hechos de corrupción cuyos responsables hoy están detenidos”.
“Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”, subrayó. En ese marco, informó que el jefe de Policía ya inició las actuaciones administrativas con el apoyo de la Subsecretaría de Control, y que los efectivos apartados fueron separados del servicio con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas.
Paralelamente, indicó que el Gobierno provincial trabaja en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales cometidos tanto por algunos policías como por grupos marginales y desplazados que no aceptan haber perdido posiciones de poder y privilegio”.
