Las audiencias públicas comienzan en Diputados en un clima de tensión entre sectores ambientalistas, el Gobierno y provincias mineras. Cuestionan límites a la participación y advierten sobre un posible retroceso en la protección del agua. "Lo que debería ser una instancia de escucha se transformó en un simulacro", señaló la diputada Caren Tepp.
La Cámara de Diputados inicia este miércoles las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a las condiciones de participación y un clima de creciente conflictividad entre sectores ambientalistas y defensores de la actividad minera.
La instancia, convocada por comisiones legislativas, se desarrollará durante dos jornadas como paso previo al tratamiento del proyecto en el recinto. Sin embargo, lejos de consolidarse como un espacio de debate abierto, el proceso ya genera críticas por la forma en que se organizó la intervención de los expositores.
Según trascendió, casi 100.000 personas se inscribieron para participar pero sólo 200 lo harán, lo que obligó a establecer tiempos acotados para cada intervención. Esto derivó en cuestionamientos por una posible limitación del debate público, en una discusión que involucra un tema sensible como la protección de las principales reservas de agua dulce del país.
"De más de 100.000 personas inscriptas para participar, solo alrededor de 200 fueron habilitadas, mediante un criterio discrecional y sin transparencia. Ni siquiera publicaron la lista de oradores y, además, redujeron el tiempo de las intervenciones de 5 a 4 minutos", indicó en sus redes sociales la diputada nacional Caren Tepp. "No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés ni de espaldas a la sociedad. Lo que debería ser una instancia de escucha se transformó en un simulacro", añadió.
Se está llevando adelante en el Congreso de la Nación una audiencia pública que, lejos de garantizar la participación ciudadana, evidencia graves irregularidades que afectan su validez.
De más de 100.000 personas inscriptas para participar, solo alrededor de 200 fueron… https://t.co/5cfSEtUPpf
— Caren Tepp (@carentepp) March 25, 2026
El proyecto en discusión propone modificar la ley vigente para redefinir qué áreas quedan protegidas. Entre los cambios más cuestionados aparece la reducción del alcance de la norma, al limitar la protección a ciertos glaciares que cumplan condiciones específicas, dejando afuera otras zonas periglaciares que hoy están resguardadas.
Desde sectores ambientalistas advierten que esta modificación abre la puerta al avance de actividades extractivas, particularmente la megaminería, en territorios que actualmente cuentan con protección legal. También señalan que se trata de una iniciativa que podría vulnerar principios ambientales y comprometer el acceso al agua en distintas regiones del país.
Del otro lado, desde el oficialismo y gobiernos provinciales vinculados a la actividad minera sostienen que la reforma es necesaria para impulsar inversiones y dinamizar economías regionales, en un contexto donde la minería aparece como uno de los ejes del modelo productivo.
El debate no es nuevo, pero vuelve a instalarse con fuerza en un escenario de alta sensibilidad social y ambiental. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es considerada una de las principales herramientas de protección de recursos hídricos en el país, por lo que cualquier modificación genera fuertes resistencias.
