En una visita a los pueblos forestales del norte santafesino, donde reinó La Forestal, las ruinas hacen actual una historia, que mucho tiene que ver con nuestro futuro en un presente de colapso ecosocial desatado.

Después que importa del después. Emulando esta frase de la letra del tango Naranjo en Flor tiempo atrás escribí una crónica sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, más conocido como RIGI. Este fue aprobado por el Congreso nacional y se sustenta en una serie de privilegios de distinto tipo con consecuencias regresivas de gran impacto en materia social y ecológica.

Días atrás en el norte santafesino, más precisamente en Villa Ana, encontré un cartel de acceso a una de las antiguas tanineras de La Forestal: Acceso a ruinas. Bienvenidos. Las palabras que siguen en la letra de ese mismo tango aparecen sin atajos: toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Esas ruinas parecen un ayer detenido y un espacio que permite pensar, también, en los futuros accesos a ruinas que estamos construyendo en el presente. 

La historia es conocida. Es trágica, como la describió Gastón Gori. En el norte santafesino hubo aproximadamente 2 millones de hectáreas de quebracho colorado que fueron convertidas en postes, tanino y durmientes en condiciones laborales tan dramáticas que terminaron con la masacre de 1921. A fuerza de lucha de hacheros y obreros se lograron conquistas básicas para el mundo de los trabajadores: jornada laboral de ocho horas, abolición del sistema de multas, trato digno. Hace un siglo se necesitó atravesar una masacre para lograr que traten a las personas como personas. Poco después no había más quebracho que hachar, ni trabajo. 

Me contaron durante esa visita por los antiguos pueblos forestales que no es sencillo enseñar historia. La imagen de la zona como un territorio que apostó por el desarrollo persiste y entra en tensión con aquella que enfatiza sobre las condiciones laborales inhumanas y el quebrachal que se fue con ellas. Las chimeneas de las fábricas resultan un recuerdo permanente, una materialidad omnipresente, algo del orden del ayer que efectivamente se detiene en el pasado. Este pasado que se expresa en cada rincón me resultó una alerta sobre el presente y sobre el futuro en este evidente momento de colapso ecosocial.

Me pregunto: ¿qué ruinas del futuro estamos forjando en el presente?

Cuando se aprobó el régimen de incentivo de grandes inversiones en la llamada comúnmente Ley de Bases también se intentó modificar de modo regresivo –entre otras normas ambientales– a la ley que protege los glaciares y el ambiente periglaciar en nuestro país. No resulta difícil asociar ambas agendas. En la medida en que se profundizan los extractivismos se necesita de mayor desprotección ambiental, inexistentes políticas públicas y menos herramientas disponibles para litigar en defensa de los territorios, sus comunidades y la naturaleza. Así, poco a poco, se van desarmando las posibilidades de la justicia ecosocial. 

Sin embargo, en aquella discusión no pudieron avanzar con esas modificaciones en el Congreso nacional. Más de 80 organizaciones de todo el país argumentaron porqué resultaba  imprescindible esta normativa. Los fundamentos señalados en aquel momento siguen vigentes ante este nuevo embate. Uno de estos argumentos remite al principio de no regresión, una herramienta jurídica central en tiempos de negacionismo y retrocesos, que forma parte del derecho argentino en vigor y señala que no se puede dar marcha atrás respecto de los niveles de protección ambiental alcanzados. 

Como venimos observando cotidianamente lo poco que no se logra obtener del Congreso se obtiene vía decreto. En estos días se conoció la nueva intención de parte del gobierno nacional de modificar regresivamente –ahora por medio de un decreto– la Ley Nro. 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. 

Esta norma establece un régimen de protección para este tipo de ecosistema y, entre otras cuestiones, crea el Inventario Nacional de Glaciares que tiene a su cargo individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares –entendidas como área con suelos congelados que actúan como regulador de este recurso hídrico– existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Desde la Cordillera de los Andes a las Islas del Atlántico Sur se han identificado glaciares que suman 848.400 hectáreas. A esta superficie se agrega la del ambiente periglaciar cuya protección fue ratificada en dos ocasiones (en 2011 y 2019) por parte de la Corte Suprema de Justicia ante reclamos de inconstitucionalidad presentados por las empresas mineras Barrick Gold y Pachón. 

Del quebracho colorado quedó poco y nada en el norte santafesino: “quedan algunos, pero crecen muy lentamente”, “se puede ver algo en la isla” decían algunos lugareños con quienes pudimos conversar. Esas respuestas contrastan con el deber de recomponer el daño ambiental que reconoce el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Ofrecen una representación gráfica de cuan irreversible puede resultar la destrucción de los ecosistemas: antes había bosques de quebrachos, ahora hay que hacer una excursión especial para encontrar alguno. Me pregunto si estamos siendo conscientes que, a fuerza de cambio climático y avance de la desregulación, se forjan hoy las ruinas futuras en aquellos territorios en los que hoy aún resisten los glaciares. 

Parte de estas ideas las fui imaginando y esbozando en papeles sueltos sentada sobre los restos de una antigua curtiembre que formó parte de esta enorme red de La Forestal.  Hacia arriba había una familia de monos carayá que ocupa unos cuantos árboles del lugar, algún yacaré a lo lejos, un Martín Pescador, infancias jugando. Sobre las ruinas algo queda atestiguando el presente, pero no parece haberse aprendido demasiado de esa lección de la historia. ¿Condenaremos a las generaciones futuras a escribir sus propios papelitos al costado de algún glaciar al borde de su desaparición?