Organizaciones sociales advierten que la medida del gobierno nacional pone en riesgo el sustento de más de 4.600 familias en la ciudad y miles en toda la provincia. Alertan por el impacto en comedores, espacios de cuidado y tareas comunitarias.

"Crueldad programada en todo el país", se titula el comunidad de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en Argentina (UTEP), sobre la decisión del gobierno nacional de avanzar con la finalización del programa Volver al Trabajo.

Según denuncian organizaciones sociales, la medida dejará sin ingresos a unas 900.000 personas en todo el país, muchas de ellas trabajadoras de la economía popular que sostienen tareas comunitarias clave en sus barrios.

En la ciudad de Santa Fe, el impacto sería inmediato: más de 4600 familias perderían este ingreso, mientras que en todo el departamento La Capital la cifra supera las 7000. Se trata de beneficiarios que hoy perciben $78.000 mensuales, un monto congelado desde 2023.

Desde la UTEP sostienen que el programa —antes conocido como Salario Social Complementario— no es un subsidio vacío sino "el motor que permite que existan servicios donde el Estado hoy brilla por su ausencia".

Su eliminación, advierten, implica también la interrupción de múltiples tareas comunitarias. Entre ellas: mejoramiento barrial (apertura de calles, eliminación de basurales, zanjeo y limpieza en las barriadas donde nadie más entra), postas sanitarias y prevención (sobre todo prevención de adicciones y acompañamiento ante casos de violencia contra las mujeres), cuidados y educación (espacios de primera infancia y centros de terminación educativa para que los pibes y los adultos no queden fuera del sistema), salud pública histórica (el ejemplo del Ex Hospital Iturraspe en Santa Fe: durante los peores momentos del COVID, fueron las cuadrillas de estos programas las que recuperaron el edificio para sumar camas de terapia intensiva. Hoy, ese lugar sigue salvando vidas como Hospital Oncológico y de terapia).

"Esto es la destrucción definitiva, porque ya se viene destruyendo, desarticulando, desmantelando progresiva y paulatinamente desde que asumió el gobierno de Milei, de quizás el único programa de fortalecimiento laboral que ha sido una herramienta de contención y de estructuración del universo de los trabajadores informales, de la economía popular, cooperativista", explica Caio Abad, de Nuestramérica, en diálogo con Pausa.

Abad también historiza sobre el surgimiento del Potencia Trabajo (el programa original), que nació en el marco de una ley de emergencia social en 2016 y que tenía dos objetivos: "Uno era complementar el ingreso de los trabajadores de la economía popular, y ahí entraban cartoneros, pescadores artesanales, laburantes de la construcción, textiles, la agricultura familiar, entre otras; y un segundo objetivo era el reconocimiento de las tareas de cuidado, del trabajo sociocomunitario, la contención del tejido social ahí donde más se necesita".

Volver a ningun trabajo

Según lo informado por el Ministerio de Capital Humano, el programa Volver al Trabajo dejará de pagarse y será sustituido por un esquema "orientado a la formación y la inserción laboral".

La medida se implementa a través de una inscripción obligatoria en el Portal de Empleo, con un plazo acotado de 48 horas. Desde las organizaciones denuncian que esta modalidad excluye a quienes no tienen acceso a internet o información suficiente, y que además no garantiza la continuidad del ingreso.

"En este momento donde cierran empresas, cierran fábricas y hay despidos, dicen que nos quieren capacitar para poder trabajar en una empresa y ¿qué quieren? ¿mano de obra más barata? ¿quieren gente desesperada?", señala Jorgelina Gómez, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Y poniendo el foco en el impacto territorial de esta medida, agrega: "Este recorte no va a afectar solo a cada compañero y compañera que deje de recibir los 78 mil pesos, va a afectar a los barrios, a la comunidad, ¿quién va a sostener los comedores, las copas de leche en este momento, que estamos en emergencia alimentaria? Nosotros no queremos que haya cada vez más comedores comunitarios pero este gobierno agudiza la situación y mientras haya emergencia alimentaria va a haber comedores y merenderos, por eso hoy más que nunca salimos a exigir que se trate y se apruebe con urgencia la ley de reconocimiento a las cocineras y cocineros de los comedores comunitarios".

Un recorte sostenido y una desaparición anunciada

Por su parte, Nahuel Zentner, del Movimiento Evita, describió el cierre del programa como el desenlace de un recorte sostenido: "Este gobierno, apenas asumió, eligió un enemigo como nunca se vio en la historia argentina, que son las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones más de base, los más humildes. Por eso también tomó las decisiones que tomó, y apenas asumió recortó toda la mercadería que se mandaba a los comedores comunitarios en todo el país, congeló el Potenciar Trabajo, lo desvinculó de la mesa del salario. Todas esas decisiones, y que también todos los meses había una baja de beneficiarios a cuenta gota, fueron desguasando el programa y desangrándolo de a poco hasta ahora, que tomaron la decisión final de cerrarlo".

Consultado respecto de cómo afectan estos recortes al trabajo de la organización, Zentner indica: "La verdad que todos los días estamos teniendo golpes de este tipo. Hoy el Potenciar Trabajo, pero todo el tiempo el aumento de los alimentos, el aumento de la canasta básica, el aumento del combustible, todo eso nos viene golpeando. A nivel local, con la mesa de UTEP, venimos elaborando una propuesta de una ley de cocinera comunitaria, que es para el reconocimiento de todos los trabajadores de los comedores comunitarios, ya sean cocineras, limpieza, mantenimiento. Porque no solamente es cocinar, son la primera contención social, la primera barrera que ve la gente cuando queda la deriva”.

En esta misma línea Abad agrega: "En la ciudad de Santa Fe hay más de 180 comedores registrados por la Municipalidad, sostenidos por al menos entre 5 y 10 compañeras por cada comedor; eliminar este ingreso que tenían es un desconocimiento total de la labor fundamental y vital que ese rol tiene hoy en Santa Fe, en un momento de crisis profunda, de un emergencia alimentaria que está vigente no porque lo digamos nosotros sino porque la sancionó el Concejo, la decretó el intendente".