La federación manifestó su oposición al proyecto impulsado por el gobierno provincial y alertó que la nueva normativa podría afectar la coparticipación y las condiciones laborales en municipios y comunas.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de la provincia expresó su rechazo a la reforma de la Ley Provincial N° 2756, normativa que regula la vida institucional de los municipios santafesinos y que, según trascendió públicamente, sería aprobada en los próximos días.

Desde la federación señalaron que el proyecto fue impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y cuestionaron el proceso de elaboración de la iniciativa. En ese sentido, sostuvieron que la construcción de la norma “corre la misma suerte que han tenido otros proyectos legislativos de la gestión del actual Gobernador”, en referencia a instancias que, según indicaron, simulan participación sin modificar las decisiones centrales.

Además, afirmaron que “se monta una parafernalia de participación de distintos sectores interesados en el tema, usanza para demostrar diálogo democrático, pero en realidad las decisiones ya se encuentran adoptadas”.

Antecedentes y advertencias

En su posicionamiento, Festram comparó el proceso actual con el ocurrido durante la Reforma Previsional de 2024 que, según señalaron, “sólo representó quita de derechos para los trabajadores activos y pasivos”.

En ese marco, expresaron su preocupación por las consecuencias que podría traer la nueva legislación y advirtieron que “tememos que lo mismo suceda con esta nueva Ley”, señalando además que el debate se desarrolla “en un contexto de Gobierno Nacional de restricción a derechos y garantías ya reconocidos”.

Festram también advirtió que la reforma pondría en riesgo los recursos económicos de municipios y comunas, lo que podría impactar tanto en la prestación de servicios públicos como en las condiciones laborales del personal municipal.

En ese sentido, remarcaron que “se encuentran en riesgo los recursos de los Municipios y Comunas” y convocaron a las autoridades locales a “poner de manifiesto la necesidad de garantizar en el orden provincial un esquema de coparticipación que contenga igualdad de trato”.

Asimismo, subrayaron la importancia de asegurar que el trabajo municipal “y su remuneración se presten en condiciones de dignidad”, en defensa de los derechos laborales del sector.