Para la Red Argentina para el Desarme, el tiroteo en la escuela Mariano Moreno es el resultado de una serie de medidas concretas llevadas a cabo por el gobierno nacional en torno a las armas de fuego.
Para la Red Argentina para el Desarme (RAD), la tragedia ocurrida el lunes pasado en la escuela Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años mató a tiros a un compañero de 13 e hirió a otros dos, "no es un hecho aislado", sino "el resultado de una política irresponsable en torno a las armas de fuego". Así lo expresó en un comunicado titulado "Morir a tiros en una escuela: un peligro que el gobierno agudizó".
El texto enumera una serie de medidas llevadas a cabo por el gobierno para facilitar el acceso a las armas: "bajó la edad mínima de 21 a 18 años, habilitó fusiles semiautomáticos de alto poder de daño, flexibilizó controles, promovió mecanismos de acceso 'exprés', desarticuló la agencia de control y abandonó el plan de desarme voluntario". "Estas decisiones no son abstractas: tienen consecuencias", afirmó la RAD.
"El gobierno nacional impulsa una visión binaria, simplista y peligrosa: las armas serían un problema solo cuando las usan 'delincuentes', pero una solución cuando están en manos de “personas de bien'", señaló la RAD. Esta idea "desconoce la evidencia y la realidad" y va en contra de un consenso nacido luego de la masacre de Carmen de Patagones en 2004 y sostenido durante dos décadas, que buscaba "reducir la circulación de armas y prevenir la violencia armada" y que logró, entre otros factores, que hoy Argentina presente una de las tasas de homicidio más bajas de la región.
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"La disponibilidad de un arma convierte cualquier situación de crisis en un hecho potencialmente letal", continuó la RAD: "Cuando se facilita el acceso a armas y se naturaliza la violencia desde el discurso público, el riesgo se multiplica".
El comunicado finaliza con una serie de exigencias: "la inmediata reactivación y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permitió retirar de circulación más de 200.000 armas; dejar sin efecto la habilitación de fusiles semiautomáticos; revertir la reducción de la edad mínima de acceso; reconstruir una política estatal activa de control y prevención de la violencia armada; retomar campañas de concientización sobre los riesgos de la proliferación de armas, especialmente dirigidas a jóvenes; y cesar en los discursos que promueven o legitiman la violencia".
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En diálogo con Pausa, Joel Theytaz, especializando en Criminología, Políticas de Seguridad y Justicia Penal y ex Subsecretario de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de Santa Fe, sostuvo que "la intervención estatal en materia de control de armas, prevención y regulación se ha visto reconfigurada en los últimos 3 años", dinámica que, combinada con el deterioro del tejido social, provoca que "la violencia armada encuentre condiciones más favorables para expandirse".
Según Theytaz, este cambio de orientación de la política en torno a las armas de fuego se expresa en dos vías: por un lado, el facilitamiento del acceso a las mismas, y, por otro, el debilitamiento de los mecanismos de control y las políticas preventivas, lo que genera un desbalance que es terreno fértil para el aumento de la violencia.
"La Agencia Nacional de Materiales Controlados fue reconfigurada y sus funciones pasaron a concentrarse bajo la órbita del Ministerio de Seguridad", destaca Theytaz: "Cuando un organismo pierde autarquía, cambia su capacidad de intervención. Se modifica su margen de decisión, su estabilidad en el tiempo y la lógica bajo la cual se asignan recursos y se definen prioridades. A esto se suma la eliminación del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), un instrumento específico destinado a financiar investigaciones, programas comunitarios y acciones de sensibilización orientadas a reducir la circulación de armas de fuego, y que, pese a la prórroga aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego no registró implementación posterior a 2023. Es decir, mientras se reconfiguran estructuras y se amplían condiciones de acceso, no se sostienen con la misma intensidad las herramientas orientadas a la reducción de la circulación de armas".
"La combinación entre deterioro social y debilitamiento de capacidades estatales en materia de control y prevención configura un escenario cada vez más propicio para la expansión de la violencia armada", concluye Theytaz: "Lo que está en juego no es solo la cantidad de armas en circulación: es la posibilidad de que situaciones que todavía irrumpen como excepcionales dejen, progresivamente, de serlo".
