La provincia reglamentó la Ley 14.365, que permite a contribuyentes de Ingresos Brutos destinar parte de lo que pagan en impuestos al financiamiento de proyectos artísticos. Una herramienta que busca transformar el ecosistema cultural santafesino.

La provincia de Santa Fe dio un paso concreto hacia un nuevo modelo de financiamiento cultural. A través de un decreto firmado el pasado 14 de mayo, el gobernador reglamentó la Ley 14.365 de Régimen de Promoción Cultural, sancionada en noviembre de 2024.

La norma crea un mecanismo por el cual empresas y personas físicas que tributan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos pueden volcar parte de ese dinero al financiamiento de la cultura, obteniendo a cambio un beneficio fiscal directo.

Cómo funciona el sistema

El esquema estipula que una empresa aporta dinero a un proyecto cultural previamente aprobado por el Estado provincial y puede descontar hasta el 50% de ese aporte de lo que debe pagar en concepto de Ingresos Brutos. El tope es el 10% de la determinación anual del impuesto del ejercicio anterior. Para las empresas adheridas al Régimen Simplificado, el límite sube al total de su obligación anual.

La normativa pone de manifiesto que financiar cultura no es un gasto sino una redistribución del dinero que de todas formas entra a las arcas del Estado. La diferencia es que el aportante elige a dónde va, y además puede vincular su imagen a los proyectos que apoya.

Qué proyectos pueden postularse

La ley cubre un amplio abanico de expresiones: artes escénicas, artes plásticas y visuales, patrimonio material, formación cultural, libros y publicaciones, producción audiovisual, música, diseño, contenido digital y publicidad. Pueden presentar proyectos tanto personas físicas como organizaciones sin fines de lucro con domicilio en Santa Fe y actividad desarrollada en la provincia.

La reglamentación establece que se priorizarán especialmente aquellos proyectos que posicionen a Santa Fe en el contexto nacional e internacional, que trabajen en barrios con alta vulnerabilidad social, que involucren a niños, niñas y adolescentes, que promuevan el turismo sostenible o que apuesten a la innovación tecnológica y cultural.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura, que actúa a través de la Secretaría de Planificación y Fortalecimiento Cultural. Un Consejo de Promoción Cultural —integrado por nueve miembros que incluyen representantes del Ejecutivo, la Legislatura y las universidades nacionales con sede en la provincia— es el organismo que aprueba o rechaza los proyectos presentados.

El proceso contempla que los proyectos sean evaluados primero en sus aspectos formales por el Ministerio y luego sometidos al Consejo, que debe fundar su decisión. Una vez aprobados, los aportes se depositan en una cuenta bancaria abierta en el agente financiero provincial a nombre del beneficiario, y pueden disponerse cuando el proyecto haya alcanzado al menos el 80% del financiamiento total previsto.

Cultura e identidad

Más allá del beneficio impositivo, la ley prevé que las empresas aportantes puedan asociar su imagen a los proyectos que financian. La reglamentación las reconoce como "Colaboradores Culturales de la Provincia de Santa Fe" y establece que serán invitadas a participar en actividades organizadas por la provincia.

El acuerdo entre aportante y beneficiario tiene carácter contractual y se rige por el Código Civil y Comercial, aunque no puede alterar el objeto del proyecto aprobado por el Estado.

Los Juegos Suramericanos, la primera prueba

El decreto de reglamentación incluye una disposición específica que faculta al Ministerio de Cultura a abrir una convocatoria especial orientada a proyectos culturales vinculados a los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en septiembre en Santa Fe.

Esto abre una ventana de oportunidad concreta e inmediata para artistas, organizaciones y gestores culturales que quieran aprovechar el impulso de ese evento de alcance continental.

Un modelo ya probado y que funciona

El esquema que instala Santa Fe no es nuevo en el mundo. Brasil tiene desde los años 90 la Ley Rouanet, un mecanismo similar que canalizó miles de millones de dólares hacia la cultura. En Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y otras 13 provincias ya disponen de marcos similares para el sector. Santa Fe se suma ahora a ese mapa con una herramienta propia, adaptada a su realidad fiscal y cultural.

El desafío, como en toda política pública de este tipo, estará en la implementación: en la claridad de las convocatorias, en la agilidad burocrática del proceso y en la capacidad del Estado de convocar a sectores privados para que vean en la cultura un espacio necesario y valioso para conectar con sus comunidades y la identidad santafesina.