La asociación Tramas-Derecho en Movimiento y el Foro Contra la Impunidad y Por la Justicia de Santa Fe denunciaron la iniciativa, que ya cuenta con media sanción, por ser de carácter inconstitucional.
La asociación Tramas-Derecho en Movimiento y el Foro Contra la Impunidad y Por la Justicia de Santa Fe, integrado por organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales y políticas, cuestionaron en la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto de ley que busca punir la actividad de cuidacoches, denunciando que la iniciativa, que ya cuenta con media sanción, es de "carácter inconstitucional".
Las organizaciones solicitaron, además, reunirse con las comisiones del Senado que tratarán el proyecto, luego de las modificaciones que se le hicieron en la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio.
Según las organizaciones, la iniciativa "suma múltiples conflictos con el bloque de constitucionalidad federal argentino, por lo que son propuestas de normas inválidas al ser de carácter inconstitucional": "El proyecto se ensaña con prácticas discriminatorias y estigmatizantes sobre personas que se encuentran fuertemente vulnerabilizadas cuando el Estado se haya en deuda sobre políticas prioritarias para actuar contra los determinantes estructurales de su empobrecimiento".
"Mediante disposiciones prohibitivas, expulsivas y sancionatorias se violentan reglas constitucionales básicas sobre los fines y alcances de la acción estatal punitiva, a la vez que se conculcan los principios de igualdad y no discriminación", continúa el documento presentado por las organizaciones: "Se criminaliza una actividad de subsistencia y se consideran prohibidos actos voluntarios de ciudadanos libres para imponer sanciones irrazonables y desproporcionadas".
"Como lo dejan en claro los documentos sobre el tema que se aportan desde Naciones Unidas este tipo de normativa violenta los derechos humanos de las personas más desfavorecidas de las ciudades", reza el texto, que concluye que "el respeto del bloque de constitucionalidad federal del derecho argentino exige impedir que se haga ley provincial este tipo de iniciativas y también comprometerse con el desarrollo de políticas a favor del derecho a trabajar de estas personas como parte de sus derechos fundamentales notoriamente desatendidos".
